Un nuevo intento del Gobierno regional para exportar vinos o mojos de las islas a Península tras el fracaso del ‘amazon canario’

A la segunda, el Gobierno de Canarias espera que vaya la vencida. El deseo de exportar producto local de las islas al continente europeo se enmarcaba como uno de los ejes de la Consejería de Agricultura para abrir más canales de venta al sector primario. Que los vinos volcánicos de Lanzarote o el mojo picón que acompaña a las papas arrugadas pudiera estar en las mesas de peninsulares en un clic fue un objetivo marcado por la anterior administración regional de Coalición Canaria. Con este fin adjudicó un contrato a Atos Consulting por valor de 359.890 euros en mayo de 2019 y con un plazo de ejecución de un año. Se bautizó como el “Amazon canario” por la propia contratista. Pero más de un año después, no existe nada de dicho proyecto. Este 2021, la entidad pública Gestión del Medio Rural (GMR), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca (PSOE), volvió a sacar otro concurso, esta vez por valor de 1,4 millones y con un periodo de ejecución de 5 años, para que otra entidad realizara la misma labor, con algunas diferencias. 

“Esperamos que esta vez salga bien”, dice el gerente de GMR, Pablo Zurita. El anterior contrato de servicios para la implementación de un canal de venta on-line de comercialización de productos agroalimentarios con origen en Canarias fue resuelto en mayo de 2020 por “incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones esenciales del acuerdo”. En concreto, el consejo de administración de la empresa pública ratificó la decisión por la demora de la adjudicataria para desarrollar, aunque fuese parcialmente, las labores encomendadas en las bases, vulnerando la Ley de Contratación del Sector Público.  

La misma normativa establece que GMR es una sociedad mercantil vinculada a la Administración y tiene potestad resolver contratos sin acudir a los tribunales en base a las determinaciones del derecho privado. Por ello, la resolución deducía que Atos Consulting debía abonar el pago de 310.306 euros por fianza e indemnización por daños y perjuicios causados. Casi 180.000 euros por las facturas emitidas por la adjudicataria por un servicio no prestado; 100.000 euros por “el daño reputacional” a la empresa pública, que reconocía la importancia de cumplir para ayudar al “desarrollo del sector primario”. Y otros 30.361 euros por lo que se estimaba que hubiera obtenido GMR por las ventas.

La sociedad pública impuso de plazo hasta el 31 de mayo de 2020 para el abono de dichas cantidades, pero Zurita asegura que Atos Consulting aún no ha procedido y advierte que acudirá a los tribunales para reclamar el pago, que será mayor por “los intereses”. A pesar del contratiempo, GMR decidió sacar otro concurso similar, publicado el 27 de noviembre de 2020 y con un plazo de presentación de ofertas hasta el 30 de diciembre. Concurrieron dos empresas, pero una fuera de plazo. Atos Consulting no se presentó, pero sí recurrió el 22 de diciembre la licitación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma.

En su recurso, la empresa consideraba que la nueva licitación recogía un objetivo “íntegramente coincidente” con la implementación de un canal de venta online que le fue encomendada en 2019. Pedía la suspensión cautelar del procedimiento porque estimaba que su contrato con GMR aún estaba vigente al no haber resuelto un órgano judicial su finalización, a pesar de la resolución por incumplimiento emitida por el órgano de contratación. Además, añadía que podía reanudar los servicios “tan pronto como GMR lo desee”. Este periódico se ha puesto en contacto con Atos Consulting, pero no se ha pronunciado sobre el asunto.

En febrero, el Tribunal notificó a las partes su desestimación del recurso de suspensión cautelar porque no apreció que existieran elementos de juicio suficientes para adoptar esta medida. Además, estimó que el recurrente podía haber participado en la nueva licitación y que esta es distinta del contrato adjudicado a Atos Consulting. El órgano notificó su resolución a las partes el 9 de abril, entrando a valorar el fondo del asunto: que el contrato sacado a concurso en 2018 para crear un canal de venta está resuelto en base al expediente emitido por GMR. Que si la recurrente no estaba de acuerdo con esa forma de finalizar el acuerdo, debe impugnar por la vía jurisdiccional civil. 

El Tribunal entiende que Atos Consulting “no puede pretender que se anule el nuevo contrato, que además tiene un objeto diferente y mucho más amplio que el anterior, y paralizarlo esgrimiendo cuestiones ajenas al expediente”. Y considera que el objeto del contrato sacado a concurso en noviembre de 2020 “resulta necesario” y no aprecia duplicidad de gastos para un mismo fin.

Un nuevo Amazon canario

Un mes después de que el Tribunal desestimara la suspensión del procedimiento, el contrato de servicio para la gestión de un canal de venta on-line de alimentos producidos en Canarias fue adjudicado a la empresa canaria Fresh Commerce Solutions SL, por 238.000 euros al año durante 5 años. La entidad adjudicataria subcontrató a Arcos Comunicación y conformaron la UTE Canarian Market para desarrollar la iniciativa. Con este nombre se ha bautizado al proyecto, que fue anunciado el 30 de abril por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. El contrato establece que debe estar operativo el próximo 9 de junio, con 60 productos en oferta como mínimo, que van desde el gofio a la miel, vinos, dulces o incluso platos preparados envasados.

Hasta ahora, se creado el dominio de la web en el que se puede ver una presentación de la iniciativa y se facilita la participación a aquellos productores que lo deseen. En dicha página, se define a la marca como un “market place” similar a “Amazon, Ebay, AliExpres o Carrefour”. A diferencia del anterior contrato, en el que la empresa adjudicataria ponía en marcha el canal de venta y GMR comercializaba bajo su marca, la UTE se hace cargo de la operatividad de la plataforma digital. También será responsable de las operaciones logísticas de transporte o almacenamiento en un centro logístico de Península, así como las obligaciones fiscales, las campañas promocionales, una aplicación móvil y la atención al cliente.

El productor de Canarias que desee participar fijará su precio y los costes derivados del envío de las islas al continente los sufragará el comprador. Como ejemplo, la UTE expone que la venta de dos cajas de vino a 100 euros tendría un coste de 249 euros para el comprador, al aplicarse el 21% de IVA (42 euros) y el pago por el transporte (7 euros). El vendedor recibiría 180 euros y Canarian Market, 18 euros (9% en el caso de bebidas y un 14% en el caso de alimentación).

El gerente de GMR remarca la importancia de que se haya establecido el contrato durante 5 años para que el proyecto pueda continuar sin depender de dinero público. Cuando finalice el acuerdo vigente, a entidad pública cederá al contratista el dominio utilizado como actividad económica privada, pero bajo unos requisitos previos. Se debe asegurar que la actividad funcione de forma correcta y que el adjudicatario no haya sido sancionado por incumplimiento (en los pliegos se detalla que GMR puede resolver el contrato e imponer una serie de penas si se vulneran los objetivos y los plazos fijados). Si la UTE decidiera seguir con el servicio, se firmaría un contrato de cesión por un periodo de otros cinco años que se podría rescindir en cualquier momento, reteniendo la garantía depositada, que sería devuelta una vez finalice el acuerdo pactado.