El presidente Fernando Clavijo pierde su condición de aforado ante el TSJC en el caso Grúas con el nuevo Estatuto de Autonomía
La supresión de los aforamientos de los miembros del Parlamento y del Gobierno es una de las principales novedades que trae consigo el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. A partir de ahora, ya no corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidir sobre la inculpación, prisión, procesamiento o juicio de estos políticos. Con su aprobación en el Senado, el punto de mira se centra ahora en el presidente regional, Fernando Clavijo (CC), por su posible implicación en el caso Grúas, una trama de supuestos favores cometidos cuando era concejal y después alcalde de La Laguna que ha sido remitida por un juzgado ordinario al alto tribunal canario.
La aprobación en la Cámara Alta de esta nueva carta magna de Canarias ha supuesto el trámite final para que sean posibles una serie de avances para las Islas. Entrará en vigor desde que sea sancionada y promulgada por el rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un procedimiento administrativo que puede tardar unos días. En cualquier caso, con este nuevo documento se terminan los aforamientos y los miembros del Gobierno y del Parlamento serán juzgados como el resto de la ciudadanía.
Se trata de una novedad que afecta directamente a Fernando Clavijo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aún no ha tomado una decisión sobre si le investiga por el caso Grúas. El tiempo pasa, y desde que se publique en el BOE la aprobación del nuevo Estatuto, la causa pasará al Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna. La Fiscalía tampoco ha comunicado aún si ya ha emitido el informe sobre si aprecia o no delito por parte de Clavijo en este procedimiento.
El hecho de que el caso se coloque ahora en el juzgado ordinario supone que los recursos que se interpongan por las partes no vayan directamente al Supremo. En caso de recurrirse, irían a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que precisamente mandó reabrir esta causa después de que este juzgado la archivara, al entender que se había tomado esa decisión sin abrir unas mínimas pesquisas. Se trata de una cuestión de la que ya había advertido el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, en una reciente rueda de prensa, donde recordó que la supresión de los aforamientos conllevaría a que el caso Grúas se lleve “en los juzgados ordinarios”, por lo que “Clavijo tendrá que declarar en La Laguna”.
El origen de esta causa se remonta al año 2004, cuando se privatizó el servicio de grúas de La Laguna. La propuesta partió de Fernando Clavijo, entonces concejal de Seguridad Ciudadana en un gobierno liderado por la actual diputada nacional Ana Oramas. El contrato fue adjudicado al empresario José Padilla, que prestó sus servicios al Ayuntamiento a través de la empresa Autogrúas Poli hasta el 13 de abril de 2011, fecha en la que se produjo la venta de la sociedad. Padilla denunció en 2013 ante la Guardia Civil que había sido amenazado y coaccionado por el entonces alcalde Fernando Clavijo para que la concesión quedara en manos de un grupo de trabajadores de la empresa con quienes supuestamente tenía una vinculación “directa o indirecta”.
La Audiencia cuestionó al juzgado de instrucción por no haber investigado si los trabajadores que se hicieron con la empresa adjudicataria en 2011 tienen vinculaciones personales con Clavijo o si el alcalde favoreció a esos socios.
El auto que ordenaba reabrir el caso también mencionaba una serie de indicios sobre los que proponía profundizar como, por ejemplo, que la empresa tenía su sede a efectos de notificaciones en el número 13 de la Avenida Lucas Vega, en el Edificio Parra de La Laguna, el mismo en el que se ubicaba el domicilio social de una empresa administrada por el actual presidente del Gobierno de Canarias hasta 2009.
La entrada en vigor del Estatuto de Autonomía también elimina la figura de presidente y establece que a partir de ahora la Cámara legislativa investirá a “la persona titular de la Presidencia de Canarias”. La institución de la Presidencia de Canarias cuenta con un capítulo propio en el nuevo Estatuto, el capítulo tercero, en el que se regula la elección de su titular y la facultad que tiene para nombrar al resto de miembros del Gobierno, incluida “la persona titular de la Vicepresidencia”.
Otro de los cambios que afectan directamente al partido de Fernando Clavijo, Coalición Canaria, es que el nuevo Estatuto también supone la entrada en vigor de la reforma del sistema electoral canario, que hasta ahora había beneficiado a esta formación. Ahora, se sube el número de diputados de 60 a 70 y se rebajan las barreras de acceso al Parlamento. Esto supone una de las principales novedades, sobre todo por la inclusión de una innovadora circunscripción regional que se suma a las siete insulares, que tiene como objetivo dar más proporcionalidad a una cámara en la que están sobrerrepresentadas las islas menos pobladas.
