La jueza de ‘los 8 de Caixabank’ vuelve a aplazar el juicio tras rechazar la Fiscalía que sea a puerta cerrada
La jueza de Guadalajara encargada del caso de las ocho personas activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Maria del Carmen Molina Mansilla, ha confirmado en un auto que el juicio se celebrará a puerta cerrada, sin que puedan acceder medios de comunicación u observadores de derechos humanos. No obstante, ha vuelto a aplazar sin fecha la vista que había fijado previamente para el 5 de abril, el miércoles antes de los festivos de Semana Santa, para que se puedan solucionar los recursos presentados ante la Audiencia Provincial. Se trata del segundo aplazamiento. El pasado 30 de noviembre volvió a retrasarse debido, apuntaron entonces fuentes jurídicas, a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia.
Los activistas enjuiciados mantienen no obstante su convocatoria de rueda de prensa frente a la sede central de Caixabank en Guadalajara para esa fecha. Llevan cinco años y medio de espera desde que fueron detenidos por intentar frenar un desahucio dentro de una sucursal de esta entidad bancaria en Cabanillas del Campo. Tras conocerse la nueva fecha, de nuevo aplazada, manifestaron su intención de no acudir a la vista por ser a a puerta cerrada, salvo que los llevaran detenidos.
Aunque la jueza apunta que los recursos presentados son las razones del nuevo aplazamiento, se da la circunstancia de que la decisión se produce después de que la Fiscalía se haya mostrado contraria al criterio Carmen Molina y haya rechazado que el juicio se celebre a puerta cerrada. Alega la Fiscalía que debido a las características del caso, es necesario un juicio público “con todas las garantías”
Según el fiscal Bernardino Díaz, que es quien firma el escrito de acusación, “las partes tienen el derecho a que el juicio sea público, no constando motivo alguno en la resolución objeto del presente recurso para que el acto de la vista del juicio oral se tenga que celebrar a puerta cerrada.”
La jueza, sin embargo, mantiene su decisión. En un auto en respuesta a los recursos de la defensa, apunta a la posibilidad de que haya “alteraciones del orden público”. Según la jueza “la posibilidad de concurrir un ingente número de ciudadanos a las dependencias de los Juzgados que puedan encontrarse en las mismas condiciones que los ahora acusados y el interés que suscita su evacuación para los medios de comunicación, hace oportuno y prudente que la Vista se desarrolle a puerta cerrada para evitar circunstancias adversas que podrían poner en peligro la seguridad personal de los intervinientes”.
“Son manifestaciones gravísimas en una magistrada: no sólo prejuzga a nuestras compañeras, sino que atribuye el papel de alborotadores tanto a las personas que nos quieran acompañar como a los observadores de los organismos de derechos humanos”, señalan desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara.
Asimismo, la magistrada también ha recurrido al argumento COVID para justificar su decisión, en contra del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La magistrada se atribuye en su resolución un papel de “garante de la seguridad colectiva y la salubridad” y argumenta la supresión de la garantía de la audiencia pública como “forma de evitar contagios” ya que “no hay ninguna instrucción procedente del Ministerio de Justicia, Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y Decanatos de los Juzgados”.
¿Va a ser un juicio justo? ¿alguien en su sano juicio se pondría en manos de esta jueza?
Pero desde el equipo legal que defiende a la Plataforma, que dirige el abogado Francisco García Cediel, señalan que dicho argumento es “rotundamente falso”. Es el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quien, desde el 14 de diciembre, acordó levantar todas las restricciones COVID de acceso a las sedes judiciales.
La actuación de la jueza Molina Mansilla apunta serios indicios de “falta de imparcialidad objetiva, ya que las premisas que utiliza para suprimir la garantía de la audiencia pública están basadas, por un lado en un prejuicio ideológico, y por otro, en una mentira. En este escenario, ¿va a ser un juicio justo?, ¿alguien en su sano juicio se pondría en manos de esta jueza?”, se preguntan desde la Plataforma.
No obstante, el juzgado ha acordado la suspensión del juicio previsto para el próximo 5 de abril, a la espera de que las defensas recurran en apelación ante la Audiencia Provincial la decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada. Se trata de “una práctica judicial cada vez más extendida sobre todo en aquellos procesos que despiertan indignación social. Estamos hablando de aquellos procesos judiciales, cada vez más habituales, donde se juzga a activistas, militantes sociales o sindicalistas y donde se pone en tela de juicio derechos esenciales como el derecho a la protesta o a la libertad de expresión”, concluye este colectivo.
Desde Caixabank, que forma parte de la acusación particular, han manifestado en varias ocasiones su negativa a hacer valoraciones del caso mientras se encuentre abierto el proceso judicial.
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