La consejera de Familia de Castilla y León: “Cuando cerramos las residencias el virus ya estaba dentro”

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha presentado este miércoles el informe sobre el impacto de la COVID-19 en las residencias de la Comunidad y las medidas adoptadas. Una de las principales conclusiones que ha reconocido, a preguntas de la prensa, es que aunque su Consejería fue de las primeras que optó por cerrar los centros sociosanitarios a las visitas, lo hizo el 13 de marzo, el virus “ya estaba dentro”. Así, ha precisado que las residencias “no eran elementos aislados” y que estas se vieron golpeadas por la enfermedad de manera proporcional a la afectación que había en las provincias, que en el caso de Castilla y León, fue mayor en Soria y Segovia. “Las residencias no eran elementos aislados”, ha añadido. En contra de las medidas adoptadas en marzo, operó el “desconocimiento de la enfermedad”, “cómo actuar” , “cómo sectorizar los centros” y la “falta de medios”.

Según apunta el informe, de 200 páginas, los centros sociosanitarios ya presentaban contagios a primeros de marzo y Castilla y León estaba en fase transmisión comunitaria diez días antes de su cierre. “Ninguna institución, entidad, organización o administración de España estaba preparada para la pandemia, y arrolló a países desarrollados como Francia, Gran Bretaña o Italia”, ha admitido. De la situación se ha aprendido en los últimos meses, según Blanco. El 80% de los contagios en las residencias de personas mayores se produjo en marzo.

Tasa de ataque superior a la media nacional

En el análisis efectuado se hace constar que Castilla y León tuvo una tasa de ataque del 5,6%, superior a la media nacional, con 5,3%, pero que su incidencia en dependientes fue inferior a la media. La consejera ha recordado que el 28 de febrero se remitieron recomendaciones a las residencias y que, ante la falta de equipos de protección, se las apoyó. La Consejería realizó inspecciones en 501 centros y en la actualidad están abiertos 10 expedientes sancionadores. Además se intervinieron seis residencias. Isabel Blanco también ha subrayado la importancia del sistema informatizado por el que las residencias informaban diariamente de su situación: desde las sospechas de residentes contagiados, a los confirmados o los fallecidos. Sin embargo ha reconocido que no se ha expedientado a ninguno de esos centros por no transmitir una información acorde a la realidad. Es el caso de la Cardenal Marcelo, de la Diputación de Valladolid, que no informó en su momento de que tenía ancianos aislados con síntomas compatibles con la enfermedad e incluso fallecimientos. Tal y como informó este diario, Sanidad supo que había enfermos cuando la familiar de uno de los fallecidos alertó de que los datos que se estaban dando no concordaban con la realidad, puesto que no se reflejaba ni el aislamiento ni el fallecimiento de su familiar. Cuando Sanidad acudió al centro a primeros de abril, las pruebas revelaron que 189 ancianos, casi el total, estaba afectado por la COVID-19. En los días posteriores fallecieron decenas.

Blanco ha defendido que no se puede sancionar por hechos acaecidos antes de la aprobación del decreto ley 5/2020, de 18 de junio, que regula las “medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente”. Blanco obvia que la COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria y que en el sistema informatizado figuraba la identidad de la persona que introducía los datos de cada residencia así como una advertencia acerca de la veracidad de los mismos. En cualquier caso, remitió a las conclusiones que se extraigan de la comisión de investigación que llevará a cabo la Diputación.

En la actualidad en algunas residencias de municipios con brotes están prohibidas las visitas y las salidas. La Consejería incide también en el uso de EPIs en los test a los trabajadores. Blanco considera que en estos centros la situación “está controlada” y recuerda que se considera brote el positivo de una sola persona vinculada a la residencia, sea residente o trabajador. En este momento hay un brote en Ávila, 4 en Burgos, 3 en León, 1 en Palencia, 5 en Salamanca, 1 en Soria, 11 en Valladolid y 6 en Zamora, con contagiados con síntomas leves o asintomáticos.