Los otros encausados por el 1-O tres años después: altos cargos del Govern y más de 100 policías

Unos esperan sentencia, otros juicio o acusación de la Fiscalía y algunos permanecen todavía imputados sin saber si se terminarán sentando en el banquillo. Las secuelas judiciales del referéndum del 1 de octubre de 2017 van mucho más allá de la causa del procés que juzgó el Tribunal Supremo, con investigaciones abiertas en varios juzgados de la geografía catalana tres años después y que afectan a más de 100 policías nacionales y guardias civiles por las cargas contra los votantes para impedir la votación, así como a medio centenar de políticos y altos cargos independentistas por su preparación.

Cuando la maquinaria judicial se activa, es muy difícil de parar. Eso es lo que ocurre con las causas derivadas del procés. Las más avanzadas son la del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y la antigua cúpula de la conselleria de Interior; y la de los exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament. 

Ambos casos esperan sentencia en primera instancia por parte de la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) respectivamente. Mientras el major y el resto de sus compañeros se enfrentan a 10 años de prisión por sedición –acusación que mantuvo la Fiscalía pese a que sus tesis perdieron fuelle durante el juicio– o a una posible inhabilitación, los exmiembros independentistas de la Mesa y la exdiputada de la CUP Mireia Boya solo pueden recibir una sentencia con penas de inhabilitación, no de cárcel.

Por la misma causa pero pendiente de juicio en el Supremo está el exsecretario de la Mesa Joan Josep Nuet, aforado ante el Alto Tribunal por su condición de diputado por ERC en el Congreso. La condena impuesta a la antigua presidenta del Parlament, Carme Forcadell, avanza la inhabilitación del resto de miembros de la Mesa.

Más dudas existen en el caso de Trapero. Las deliberaciones del tribunal se están alargando más de lo previsto y en las defensas se mantiene la confianza en la absolución después de un juicio que fue más favorable a sus tesis que a las de la Fiscalía. Sea cual sea la sentencia, los casos serán revisados en última instancia por el Tribunal Supremo, por lo que el partido no ha terminado ni mucho menos. Más aún en el caso del major, de quien el tribunal presidido por Manuel Marchena censuró su papel el 1-O.

aquest novembre

El próximo juicio derivado del procés será en noviembre. En el banquillo se sentarán los cinco miembros (todos ellos académicos, sin relación con los partidos) de la Sindicatura Electoral, que dimitieron antes de la votación por las multas con las que les amenazó el Constitucional. Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina se enfrentan a una petición fiscal de 2 años y nueve meses de cárcel.

Las cargas del 1-O, en la recta final de investigación

Las cargas policiales que efectuaron Policía Nacional y Guardia Civil para impedir el referéndum se saldaron con más de 600 denuncias de ciudadanos por lesiones. Jueces de varias ciudades catalanas abrieron investigaciones, que tres años después están a punto de terminar. Será el momento en que los jueces decidan cuántos agentes se sientan en el banquillo. La mayor parte de los agentes imputados lo están por aporrear o golpear a votantes fuera de los protocolos. En contra de las tesis de los heridos, las investigaciones no han conseguido hallar una orden directa desde el Gobierno del PP el 1-O para intervenir en los centros.

En la causa de Barcelona, la que más ha escudriñado la cadena de mando del 1-O y donde permanecen imputados 65 agentes, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos, rehuyeron cualquier responsabilidad y aseguraron que la decisión de intervenir en los centros recayó en ocho mandos intermedios que siguen investigados. Hay otras causas abiertas en Girona –30 policías y guardias imputados–; Amposta –14 guardias investigados–; Lleida o Manresa, con seis policías y guardias investigados en cada una.

Respecto a los Mossos, al margen de la causa de Trapero permanece abierta una investigación por supuesta desobediencia el 1-O contra varios antiguos mandos de la policía catalana, si bien la causa ha languidecido en las últimas semanas.

La macrocausa del 13

Hace solo una semana la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona que procesó a una treintena de altos cargos del Govern, funcionarios y empresarios declaró concluida la investigación, lo que acerca más al juicio. La Fiscalía sin embargo quiere incluir en el sumario la transcripción literal de las conversaciones telefónicas intervenidas a los imputados y ha solicitado a la Audiencia de Barcelona cumplir esta diligencia antes de ir a juicio.

Entre los procesados se encuentran los altos cargos de la conselleria de Presidencia Joaquim Nin, Antoni Molons o Jaume Clotet; de la conselleria de Trabajo, Josep Ginesta; de Exteriores, Aleix Villatoro; o los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo. Todos ellos irán a juicio por desobediencia, prevaricación y malversación, con la incógnita de si la Fiscalía les acusará también por organización criminal tras los intentos fallidos del Ministerio Público de incluir este delito en el procesamiento.

Dos de los principales investigados en la causa del 13, los diputados actuales de ERC y antiguos cargos de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, permanecen imputados ante el TSJC por su condición de aforados. De los 30 procesados, 17 lo están por malversación y tuvieron que depositar una fianza de 5,8 millones de euros, el monto al que la jueza cree que ascendió el dinero público destinado a la votación suspendida por el Constitucional.

La causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona fue el caballo de Troya en la organización del referéndum. Iniciada a raíz de la palabrería del entonces Senador de ERC Santi Vidal, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer –fallecido en 2018– intervino teléfonos de altos cargos y requirió documentación hasta ordenar la operación del 20 de septiembre de 2017 en la que la Guardia Civil detuvo a una veintena de altos cargos y registró 40 sedes oficiales y despachos. A su vez, todos los documentos intervenidos fueron empleados luego por las acusaciones en la causa del procés del Tribunal Supremo.

La magnitud de altos cargos independentistas al borde del banquillo es la principal razón de JxCat y ERC por rechazar el indulto a los presos del procés y apostar por la amnistía. Mientras el indulto afecta solo a los condenados por el Supremo, la amnistía sería general para todos los encausados por el procés.

Los alcaldes, a la espera de juicio

Los últimos cargos independentistas que esperan juicio son los alcaldes que supuestamente promovieron el 1-O cediendo locales municipales de votación. La Fiscalía abrió diligencias contra los 700 primeros ediles catalanes favorables a la votación, aunque finalmente solo se sentarán en el banquillo una decena de alcaldes. Entre ellos, el actual conseller de Exteriores y exalcalde de Agramunt (Lleida), Bernat Solé, así como al exalcalde de Alcarràs (Lleida) Miquel Serra; la exalcaldesa de Figueres (Girona), Marta Felip; el alcalde de Castelló d'Empúries (Girona), Salvi Güell; la alcaldesa de Roses, Montse Mindan (Girona); y el alcalde de Roquetes (Tarragona), Paco Ges. Para todos ellos la Fiscalía pide penas de inhabilitación por desobediencia. Por los mismos hechos están imputados los exalcaldes de Molins de Rei y Collbató (Barcelona) y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).