El exgerente del PSPV endosa los pagos en B al extesorero imputado en 'Azud': “Sabía que no los iba a pagar el partido”

El extesorero del PSPV-PSOE imputado en el 'caso Azud', José María Cataluña, contrató los proveedores de la campaña electoral socialista del 2007 porque “sabía que esos trabajos no los iba a pagar el partido sino cualquier otra empresa”. Así lo reconoció ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia el exgerente del PSPV, Francisco Martínez, conocido en el partido como Paco Peseta.

La declaración como testigo del exdirigente socialista, a la que ha tenido acceso elDiario.es, supone un duro revés para el extesorero, presunto artífice del alcantarillado del partido y nexo entre la formación y el empresariado valenciano. La pieza separada 7 del 'caso Azud' investiga los pagos en B, mediante empresas pantalla, de gastos electorales del PSPV para las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y las generales del año siguiente.

El testigo Paco Peseta no es un cargo cualquiera. Empezó a trabajar en el PSPV en la década de 1980 cuando apenas contaba con 18 años. Entre 2000 y 2012 fue gerente de la formación y desde entonces trabaja en el departamento de administración. En su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó que, aunque en las elecciones del 2007 José María Cataluña llevaba tres años fuera de la estructura orgánica del partido al haber sido nombrado vicepresidente de Bancaja en 2004, “en la práctica seguía ostentando las funciones de secretario de administración”.

De hecho, según abunda la declaración, “José María Cataluña tenía esta capacidad de contratar en periodo electoral y fuera de este”. En las elecciones del 2007, actualmente bajo el foco de la investigación, la capacidad de contratar con empresas externas recaía en el entonces secretario general, Joan Ignasi Pla, y en el coordinador de campaña, Vicent Sarrià. Pero también —“y aunque estaba fuera del partido”— en Pepe Cataluña, que ejercía una suerte de “papel de asesor” de Vicent Sarrià, relata el testigo. Tras la dimisión Pla en octubre del 2007 y la constitución de una gestora, “Cataluña pasa a tener un papel más secundario en el partido”, asegura Francisco Martínez.

Los agentes de la UCO preguntaron al testigo si consideraba que se había producido “algún extremo fuera de lo normal” en la campaña municipal y autonómica del 2007 a lo que Martínez respondió afirmativamente: “Se produjeron algunas contrataciones por parte de José María Cataluña para estas campañas que no fueron abonadas por el partido, sino por una empresa que se llamaba Gigante”.

Se trata de un constructor, investigado en la causa y con antecedentes penales, que presuntamente fue usado por la trama del 'caso Azud' como pantalla para abonar los pagos de las campañas a las empresas que materializaban los encargos del partido. La UCO sospecha que los fondos provenían del empresario Jaime Febrer, considerado como el presunto corruptor de la trama, y estarían vinculados a supuestas mordidas como consecuencia de un proyecto urbanístico en Xixona (Alicante).

De los 1,3 millones de euros desembolsados por el empresario, 484.480 euros se destinaron a pagar a las empresas vinculadas a la publicidad y 548.483 euros circularon en efectivo, según el informe de la UCO que figura en la pieza 7 del 'caso Azud'. La empresa del letrado José Luis Vera, vinculado al PSPV e investigado en la causa, ingresó los restantes 261.000 euros.

Francisco Martínez desvela que Cataluña tenía una “relación próxima” con las sociedades contratadas por el partido y cita a la empresa Transvía como la encargada de los “temas de desplazamiento”. El exgerente también explica que la empresa Key se encargó del 'mailing' de refuerzo de Unió Valenciana (una formación anticatalanista a la derecha del PP) en el marco de una encomienda efectuada por el PSPV y, más concretamente, por Cataluña.

Martínez era “consciente” de que el extesorero le dijo al responsable de esa firma que debía facturar los gastos a la constructora Gigante. “En este 'mailing' necesariamente tuvo que participar alguien de Unió Valenciana, dado que es imposible que se materialice sin el conocimiento y participación de este partido”, agrega el testigo. Además de los gastos de Unió Valenciana, Martínez cree que Cataluña pudo contratar otros servicios “para el PSOE” que fueron abonados “por terceras empresas”, según se lee en su declaración ante la UCO del pasado 21 de octubre, cuando las diligencias de la pieza separada 7 del 'caso Azud' permanecían secretas.

Dimitió en 2011 porque “no se sentía cómodo”

El testigo cree que las empresas Facsa y Luján, cuyos propietarios figuran como imputados en la causa, podían tener relaciones con el extesorero del PSPV “dado que era vicepresidente de Bancaja”. Martínez también detalla que en la campaña para los siguientes comicios del 2011 renunció a su puesto de administrador porque “no se sentía cómodo” al haberse planteado un presupuesto “superior al techo de gasto”, a diferencia de las anteriores. “Le surgieron dudas y esto es lo que le hizo renunciar”, apostilla.

En su declaración ante la jueza, del pasado 31 de octubre, abundó en que Cataluña siguió ejerciendo su papel en el partido “exactamente igual”, a pesar de haber salido para encargarse de la vicepresidencia de Bancaja en 2004. Cuando proveedores que le eran desconocidos se ponían en contacto con él para reclamarle los pagos, Martínez los reenviaba a Cataluña. Así, el tesorero en la sombra le daba instrucciones para emitir facturas a nombre de la empresa Gigante.

El testigo cree que “se pagó parte del presupuesto de las campañas tanto municipal como autonómica a través de la empresa Gigante”. El pago del 'mailing' de Unió Valenciana “debió de ser un acuerdo a alto nivel”, indica Paco Peseta.

Sugerencias de “empresas afines al partido”

En la vertiente de la campaña municipal del 2007, con Carmen Alborch de candidata, la declaración de otro testigo también ahonda en la misma línea. Se trata del publicista José Vicente Plaza, amigo íntimo de Alborch y encargado de parte de su campaña.

“Desde la sede del Partido Socialista en Valencia, que estaba en la calle Blanqueries, contactaban con él para sugerirle que trabajase con ciertas empresas afines al partido, como la imprenta”, reza su declaración ante la UCO del pasado 19 de octubre. “Cree que esto mismo pasó con los productos de 'merchandising' como camisetas y gorras y que el proveedor también venía impuesto por el Partido Socialista”, agrega Plaza.