“El Corredor Mediterráneo que ejecuta Fomento será un cuello de botella”

Licenciada en Derecho por la universidad Jaime I de Castellón, María José Salvador lleva siete meses al frente de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, una de las carteras más amplias y mediáticas del nuevo Consell del tripartito que preside Ximo Puig.

Salvador, quien ejerció como diputada del PSPV en Les Corts durante la última legislatura del PP, atiende a eldiario.es en su despacho del complejo administrativo 9 de Octubre. Pese a la situación de quiebra técnica heredada de la etapa popular, se muestra convencida de poder superar todos los retos que tiene por delante. Ilusión y ganas de trabajar no le faltan.

Podemos y Ciudadanos han hecho una alianza para cambiar las actuales leyes urbanísticas. ¿Cómo lo ve?

Tienen toda la legitimidad de presentar iniciativas, pero además de modificar la LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje), algo que se hará en su momento, hay otras fórmulas para delimitar el crecimiento urbanístico.

¿Qué medidas ha tomado en este sentido?

Hemos firmado una moratoria para que se suspendan los PAIS (planes urbanísticos) que había en tramitación en los primeros 500 metros de la costa porque estamos tramitando el plan de infraestructura verde del litoral (Pativel) que supondrá una protección en la primera línea de costa. Además, estamos tramitando también la ley de la huerta que supone evitar que pasen a urbanizable 8 millones de metros de suelo y hemos evitado la construcción en el futuro de 25.000 viviendas de dudosa necesidad ante la gran cantidad de vivienda vacía que tenemos en la Comunitat.

Parece que Ciudadanos está más cerca de ustedes en materia de urbanismo de lo que se podría haber pensado.

Iremos viendo si se confirma a lo largo de la legislatura, cuando hagamos una propuesta de modificación de la LOTUP. Ahí veremos a qué consensos podemos llegar, pero sí es importante que ya no podamos pensar en ese funcionamiento del parlamento como antes, cuando había una mayoría absoluta del PP que era como un rodillo en el que prácticamente ninguna iniciativa de la oposición prosperaba.

Cuando tomó posesión del cargo anunció la ejecución de una auditoría para conocer la situación económica de la conselleria. ¿Cuáles han sido los resultados?

Sí, lo planteamos a través de la Intervención. En esta conselleria es importante destacar una serie de cuestiones que nos hemos encontrado a nivel económico, como es la deuda de los impagos de ayuda a la vivienda que quiero recordar que se dijo que eran 240 millones de euros reconocidos por el PP; pues bien estos 240 se han convertido en 280 millones porque había 40 millones más de deuda que nosotros reconocimos en el mes de julio para que todo el mundo tuviera la misma seguridad jurídica.

¿Qué deuda tiene su conselleria?

Nos hemos encontrado un 80% del presupuesto de Obras Públicas hipotecado hasta el año 2020. Aproximademente son, entre deuda e intereses, 106 millones de euros lo que tenemos que pagar en obras e infraestructuras que tienen una cuestionable utilidad, como por ejemplo la línea T2 de Valencia, que es uno de los casos más simbólicos, o como por ejemplo en Castellón, donde tenemos que pagar el Tram hasta el año 2018, o en Alicante la entrada a la ciudad por la avenida de Denia o el paseo marítimo de Benidorm. Son infraestructuras que hizo el PP con su política habitual del yo lo hago y ya lo pagará el que venga después.

¿En qué situación está el EIGE?

En el EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat) nos hemos encontrado coleando las empresas mixtas en materia de vivienda que creó Rafael Blasco y que el resto de consellers del PP continuaron, en las que el IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda) era una empresa más en el mercado de especulación de la vivienda, donde las empresas mixtas también contribuían a ese fin. Nosotros nos encontramos una empresa mixta como era Tarea, de Ortiz, y nos hemos salido inmediatamente. Por otra parte en Desarrollos Urbanos hemos llevado a la Fiscalía unas cuestiones irregulares que hemos encontrado y vamos a iniciar el proceso de liquidación de esta empresa.

En toda esa deuda entraría también la hipoteca de la Fórmula 1, ¿verdad?

Evidentemente, de los 100 millones de euros que ha costado la Fórmula 1, 60 son de un crédito que vamos a empezar a pagar este año con un coste de 7,5 millones de euros. Un dinero que podíamos destinar a políticas de vivienda y tenemos que destinar a la Fórmula 1, que quiero recordar que el PP dijo que no iba a costar un euro a los valencianos, y sí que ha costado y mucho sin tener además ningún beneficio para la ciudadanía.

¿Hay alguna novedad judicial al respecto?

Todo lo que estamos detectando lo hemos llevado ante la Fiscalía. Con respecto a la Fórmula 1, encontramos 600.000 euros en facturas que no se reclamaron a Valmor cuando era una empresa privada, y sin embargo sí que se hizo después cuando fue adquirida por la Generalitat Valenciana. Además, hemos detectado que algunos años sí había facturas en concepto de alquiler de espacios a Valmor, y otros no había facturas pese a que también se celebró la Fórmula 1.

¿Tienen prevista alguna medida nueva para garantizar vivienda a personas desahuciadas?

Además de rehabilitar 700 viviendas del parque público que teníamos vacías y en estado ruinoso de la etapa del PP, bonificar los alquileres y ajustarlos a la renta de los inquilinos, estamos negociando con los bancos para que nos cedan pisos. Reunimos a todas las entidades bancarias y les pedimos algo razonable. Les planteamos que habían recibido un rescate de 70.000 millones de euros de dinero público y les pedimos que nos cedieran sus viviendas vacías para la gente que las necesitara a cambio de un alquiler social. También les solicitamos una moratoria para que dejaran de aplicar desahucios mientras se tramita la ley por la función social de la vivienda que estamos ultimando. Pues bien, solo firmaron esta declaración de intenciones Caixa Ontinyent, Caja Mar y Caja Popular.

¿En qué fase está la ley de la función social de la vivienda?

Tenemos la intención de presentar el anteproyecto este trimestre. Crearemos un registro de viviendas deshabitadas y los bancos que voluntariamente no cedan las que tienen vacías serán sancionados en virtud de esta normativa.

¿Qué inversiones van a exigir con carácter prioritario al Ministerio de Fomento del futuro Gobierno?

En materia de insfraestructuras queremos que las inversiones de Fomento representen el 11% que suponemos los valencianos a nivel de población y de Producto Interior Bruto en España. Incluso así, con el déficit inversor de años pasados nos quedaríamos cortos, pero este será nuestro planeamiento, sea cual sea el color político del futuro Gobierno. Por otra parte, hay una infraestructura determinante para nuestra comunidad que es el Corredor Mediterráneo. Lamentamos la opción del tercer hilo escogida por Fomento porque es un hilo de ida y venida en la misma vía que tiene que compaginar mercancías con pasajeros, cercanías, regionales y alta velocidad, lo que va a ser un cuello de botella importantísimo. Nosotros nos hemos mantenido en la posición de la doble plataforma con ancho europeo porque, si no, no vamos a tener infraestructuras competitivas.

¿Les ha dado el Gobierno algún plazo concreto para la llegada del AVE a Castellón y para la ejecución del Corredor?

Las primeras noticias que tuvimos después del incumplimiento de la fecha del 14 de diciembre para la llegada del AVE a Castellón, que tambié afecta a las obras del tercer hilo, fueron que el 30 de abril iba a ser la nueva fecha para tener acabadas estas obras. Sin embargo, ahora las últimas noticias son que Renfe se plantea suspender los servicios de Cercanías en agosto para poder acabar con mayor rapidez las obras del tercer hilo, por tanto estamos en una situación que evidencia que no hay planificación por parte del Gobierno de España.

También es primordial que se mejore el servicio de cercanías, ¿verdad?

Efectivamente, necesitamos las cercanías Castellón-Vinaròs, Xàtiva-Alcoi, Alicante-Villena, el tren de la costa, del que quiero recordar que seguimos sin tener noticias por parte del Ministerio sobre ese estudio informativo que iban a realizar. También es muy importante la modernización del tren Sagunto-Teruel-Zaragoza.

¿Cuál cree que es la mejor solución para el acceso ferroviario a Valencia ciudad?

Nosotros tuvimos una reunión en el seno de la Sociedad Parque Central antes de Navidad en la que el Gobierno de España nos presentó un proyecto sin ningún tipo de consenso ni información, tanto al Ayuntamiento de Valencia como a esta conselleria. Trasladamos al ministerio que empezáramos a trabajar una solución consensuada. Lo que no vamos a asumir son propuestas que alteren el Plan General de Valencia que tanto costó adaptar a ese proyecto y por otra parte lo que tampoco vamos a aceptar es que constantemente en la Comunidad Valenciana tengamos que asumir la situación de restricción económica del Gobierno de España, mientras otras autonomías no están sufriendo este efecto de recortes en materia de insfraestructuras. No queremos ni más ni menos que el resto.

¿Cuáles son las principales inversiones que tienen previstas en la Comunidad Valenciana?

En esta nueva etapa, por necesidad y por vocación, hay que repensar las inversiones en materia de infraestructuras. Lo que no es razonable es que se haya invertido en infraestructuras megalómanas en los últimos años. Por tanto, esta es una nueva etapa en la que hay que repensar. Y en ese sentido, lo que hemos hecho, debido también a esas limitaciones económicas que tenemos, es actuar en la línea de mantenimiento y conservación de carreteras, incidir en la seguridad vial, en la accesibilidad y la conectividad de las personas. Va a ser este tipo de actuaciones con las que nos vamos a comprometer, es decir, mejoras en puntos negros en los que haya siniestralidad. También estamos trabajando, y así está previsto en el presupuesto, en la construcción de carriles bici y en mejoras de los accesos peatonales, como por ejemplo el cinturón verde Valencia, que son 52 kilómetros que vamos a financiar con fondos europeos. Ya hemos licitado el primer tramo.

¿Tienen algún plan para terminar la línea T2 de Valencia?

En la Línea T2 ha costado ya 190 millones de euros lo que está ejecutado hasta ahora y terminar y poner en funcionamiento esa parte que ya está hecha supondría una inversión adicional de 100 millones de euros. Evidentemente, teniendo en cuenta la situación económica, es absolutamente inviable y por tanto solo nos podríamos marcar en el horizonte plantear algún tipo de inversión en la medida en que haya un nuevo modelo de financiación por parte del nuevo Gobierno de España, porque de lo contrario es imposible poder asumir económicamente este tipo de actuaciones.

¿Ya hay acuerdo definitivo con el Ayuntamiento por el aparcamiento de la plaza Ciudad de Brujas?

Creamos una comisión con los técnicos del Ayuntamiento de Valencia para resolver ese tema. Este es otro de los legados envenenados del gobierno anterior en el que no pudieron ponerse de acuerdo dos administraciones del mismo color político como eran anteriormente la Generalitat y el Consistorio con el PP. Cosa muy distinta es lo que está pasando ahora, estamos trabajando en un nuevo convenio con el Ayuntamiento porque ha tomado la decisión de licitar y adjudicar el párking, del que quiere asumir la titularidad. Eso supone un coste de casi 13 millones de euros para el Ayuntamiento. Por tanto, lo que estamos haciendo es buscar un mecanismo más flexible para proceder a ese pago.

¿La reurbanización en superficio también correría a cuenta del Ayuntamiento?

En estos momentos estamos redefiniendo el convenio y es algo que estamos negociando con el Ayuntamiento. Veremos cómo resolvemos todo el conjunto.

¿La liberalización de la autopista AP7, de producirse, alterará los diferentes proyectos de variantes?

El 31 de diciembre del año 2019 termina la concesión y este gobierno ha sido claro y rotundo respecto a que no haya una nueva prórroga. Así se lo trasladamos al Ministerio de Fomento y, por tanto, lo que también pensamos es que hay que empezar a trabajar de cara a 2019 en los accesos y las conexiones que se tienen que producir cuando se liberalice la AP7, que implicará repensar algunas de las variantes que se plantearon en su día.

La estación de autobuses de Valencia está completamente obsoleta, ¿tienen algún plan para mejorarla?

La prioridad que tenemos en estos momentos es la de redefinir el mapa concesional, puesto que tenemos el 80% de las concesiones de transporte de pasajeros caducadas, y garantizar los servicios de las nuevas líneas. Estamos en negociación con la Conselleria de Educación para compatibilizar las líneas de transporte educativo con las de pasajeros, especialmente en el interior, porque a veces se duplican los servicios. En cuanto al acondicionamiento de la estación de autobuses, gestionada por una empresa concesionaria, una vez resolvamos el problema de las líneas de transporte que tenemos en estos momentos veremos qué mejoras podemios exigir en un momento dado en la estación de autobuses.

¿Qué futuro augura al polémico aeropuerto de Castellón?

No vamos a hablar de todo lo que supuso el aeropuerto de Castellón, pero la cuestión es que está en funcionamiento, que hay un nuevo gerente y un nuevo rumbo. Este nuevo gobierno valenciano se ha volcado mucho en construir un nuevo relato del aeropuerto de Castellón, porque necesita un relato turísitico en la provincia de Castellón y en ese sentido se está trabajando con seriedad y con rigor, dado que es una infraestructura que está en funcionamiento. Hay que trabajar para que sea operativo y una fuente de atracción de turistas para la provincia.