La reforma de la financiación autonómica vuelve a complicar la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno

La sinceridad de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, sobre la parálisis de la reforma del sistema de financiación cayó como un jarro de agua fría sobre los representantes políticos y empresariales valencianos. La ministra confirmó a los representantes de la Plataforma Per un Finançament Just, que se trasladaron el martes a Madrid para reivindicar la reforma, que el Gobierno no ha iniciado los trámites, tal como figura en el acuerdo para investir a Pedro Sánchez y tal como el Congreso se comprometió dos meses atrás aprobando una propuesta que Compromís aceptó rebajar para no romper la unidad de los partidos del Pacto de Botánico.

Según el texto acordado por PSOE, Unidas Podemos y Compromís, la Cámara baja insta al Ejecutivo a “presentar antes del final de 2021 la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica”. Poco antes, la ministra de Hacienda aseguró al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que el Gobierno aceleraría el proceso sin marcar fechas en el calendario y que se compensaría la falta de recursos de la Comunitat Valenciana. La segunda parte se ha ido cumpliendo, pero de la primera, del esqueleto, ni se vislumbran los huesos.

El malestar del martes a las puertas del Congreso se trasladaba este miércoles a la sesión de control en las Corts Valencianes, donde los partidos trasladaban la responsabilidad de la reivindicación a Puig. PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem-Esquerra Unida instaban al jefe del Consell a plantarse ante los dirigentes de su partido, que han aplazado la reforma en sucesivas ocasiones.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, aseguraba que su formación no soportaría “ningún ninguneo más” y lamentaba que abandonaron el encuentro con Montero “muy preocupados”, mientras que la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, recordaba que “la pandemia no puede ser una excusa: es un factor que hace la reforma más necesaria”. PP y Ciudadanos coincidían en comparar la atención del Gobierno a los catalanes por los indultos con la falta de compromiso con la autonomía valenciana

Ante las críticas de “ninguneo”, el presidente valenciano, que reconoce la urgencia del modelo, apuntaba: “Hace falta algo más importante: una estructura de Estado justa” e invitaba al PP a sumar a sus parlamentarios nacionales al debate porque, sin sus votos, cualquier propuesta de reforma está condenada al fracaso. “La unidad es fundamental porque este partido se juega en Madrid”, expresaba Puig, que, horas después, insistía: “El PP bloquea cualquier tipo de acuerdo y eso dificulta en gran medida que podamos llegar a un pacto por una financiación justa”. El titular de Hacienda, Vicent Soler, destacó que la ministra prevea abordar el criterio de población ajustada para el nuevo modelo de financiación, un reparto más favorable para la autonomía valenciana que el actual. “Este Gobierno ha cambiado el tratamiento sobre la financiación”, defendió después el parlamentario socialista José Muñoz, poniendo en valor las inversiones territorializadas en los presupuestos y los criterios de reparto de los fondos Covid.

Los socialistas trataron de defender la postura del Gobierno, aunque el malestar entre sus filas se hace evidente en otros espacios. Algunos empiezan a apuntar que la compensación a través de otros fondos es una situación más favorable que la que se daba con el ministro del PP, Cristóbal Montoro, y que, al menos el dinero para los servicios básicos llega. Pero otros insisten en que el Ministerio de Hacienda tiene que abrir el debate y poner sobre la mesa una base sobre la que negociar en el Congreso y con las comunidades autónomas. El partido se juega en Madrid, pero Madrid tiene el campo cerrado.