Ford Almussafes, en la encrucijada del coche eléctrico

La reconversión de la factoría de Almussafes

Un ERTE en Ford por falta de componentes y recortes salariales para el coche eléctrico

Cerca de 4.800 trabajadores de fabricación de Ford Almussafes están afectados por el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) negociado por la compañía con el comité de empresa por el que se parará la producción una quincena de días a lo largo del primer trimestre de 2022. El 13 y el 14 de enero ya serán dos de esas fechas de paro debido a los problemas de suministro de semiconductores y componentes.

Casi sin tiempo para respirar, la dirección de la multinacional automovilística planteó a los representantes sindicales un escenario de reducción de sueldos y aumento de horas de trabajo para que la factoría pueda pasar a fabricar los futuros modelos de coches eléctricos. Como toda la industria del automóvil, Ford se encuentra en plena reconversión al vehículo eléctrico y está diseñando la reorganización de sus plantas en Europa.

El fantasma de un eventual cierre de la factoría moviliza a las administraciones a diferentes niveles. El Ayuntamiento de Almussafes se ha apresurado a ofrecer terrenos junto a la fábrica de Ford para la instalación de una gigafactoría de baterías eléctricas incluida entre los proyectos financiados por la Unión Europea dentro de las iniciativas de cambio de modelo para combatir el cambio climático. El alcalde, Toni González, además de hacer un llamamiento a los integrantes de la Alianza Valenciana de Baterías, a la Generalitat Valenciana y a otros posibles fabricantes, resumió muy bien la situación al alertar sobre el peligro de que las negociaciones sobre el futuro de Ford “acaben derivando hacia la dinámica de una subasta a la baja de los derechos de los trabajadores”.

A Ford no solo se le ofrecen ventajas territoriales y estratégicas sino que la compañía ha sido receptora tradicional de millonarias ayudas de la Administración. La Generalitat Valenciana tiene previsto destinar a la factoría de Almussafes 13,2 millones de euros en los presupuestos de este año. Desde 2012, las aportaciones del Gobierno autonómico ascienden a 161,6 millones de euros.

Anuncios de la ministra para el primer semestre

Recuperación de frecuencias y rebaja de abonos en los trenes de Cercanías mientras se incorporan más maquinistas

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visitó la Estació del Nord, punto neurálgico de los trenes de Cercanías en València, y se reunió con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, antes de dar a conocer las medidas de choque a las que se había comprometido para mejorar el servicio ferroviario de proximidad, sumido en un fuerte deterioro. Sánchez, tras pedir disculpas por la situación del servicio, anunció una recuperación “progresiva” de las frecuencias, hasta haber vuelto en junio a la oferta de antes de la pandemia, la rebaja de un 35% en los abonos de viaje y la incorporación de más maquinistas, sin precisar todavía cuántos. Un mecanismo de revisión semanal de los avances denominado Centinela Cercanías y mejoras en la información a los usuarios completan los anuncios.

Esos anuncios de la ministra fueron acogidos con escepticismo por los sufridores cotidianos de la deficiencias del servicio de ferrocarril de proximidad. “Son insuficientes, no solucionan los problemas”, aseguraron desde la plataforma Indignats amb Renfe sobre las medidas planteadas por el Gobierno. 

El colapso de la atención primaria por la pandemia

Los farmacéuticos intentan cobrar a los pacientes y después a la Generalitat por hacer tests de COVID

Para paliar el colapso que sufre la atención primaria, se anunció que las farmacias se incorporarían al rastreo de casos de COVID-19 mediante la realización in situ de los tests de autodiagnóstico que venden con gran demanda en esta sexta ola de la pandemia. La sorpresa surgió cuando el consejo valenciano de colegios de farmacéuticos anunció que, además de por el producto, cobrarían por la realización de esos tests de antígenos, lo que suscitó malestar en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y quejas de las organizaciones de consumidores.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aseguró que “en ningún momento se había planteado cobrar” durante las conversaciones entre Sanidad y los farmacéuticos y añadió que no lo veía razonable. Entonces los boticarios plantearon cobrarle a la Administración autonómica, que insistió en que se trata de una acción voluntaria por parte de cada farmacéutico.

Neonazi condenado por amenazas homófobas

Los delitos de odio “no salen gratis”, señaló la fiscal Susana Gisbert tras la sentencia que ha condenado a nueve meses de prisión a un neonazi que además ha de pagar 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil y tendrá que asistir a un curso sobre igualdad. El condenado amenazó en redes sociales a un activista LGTBI.

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