El incumplimiento del PP de su propio Convenio de la F-1 causará al Ayuntamiento de València pérdidas millonarias

“El coste real de la inversión (38 millones) será transferido por Ayuntamiento en el plazo máximo de seis meses desde que, aprobada la reparcelación, se ingrese el importe de las obras”. Así reza el “Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de València y el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos (GTP) de la Generalitat para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria de la ciudad con el Puerto”, tal y como se denominó al documento que firmaron el 28 de septiembre de 2007 la entonces alcaldesa, Rita Barberá, y el conseller de Infraestructuras del Consell que presidirá Francisco Camps, Mario Flores.

En virtud del mencionado documento al que ha tenido acceso elDiario.es, el GTP adelantó 38 millones de euros básicamente para asfaltar el circuito urbano en la zona recayente al barrio del Grau, una cuantía que el Ayuntamiento se comprometió a devolver, según el convenio, “mediante la imposición de un canon de urbanización a los propietarios del futuro Sector Grau, o al urbanizador que en su día se seleccione, sin perjuicio de establecer cualquier otra fórmula que el Ayuntamiento considere adecuada”.

Sin embargo, la inacción durante años del PP unida a la finalización de las carreras en el año 2012, hacen inaplicable el convenio y por tanto inviable la recuperación de los 38 millones para transferirlos a la Generalitat Valenciana, lo que causará un agujero millonario en las arcas municipales, pese a que en su momento Camps aseguró que la Fórmula 1 se realizaría “a coste cero”.

Fuentes municipales han explicado que al no aprobarse la reparcelación y carecer de uso el circuito urbano, tomado en estos momentos por un asentamiento de chabolas, es imposible repercutir a los propietarios del suelo los 38 millones en concepto de cargas urbanísticas: “Esos terrenos ahora son viales y las cargas en su momento se calcularon sobre el mantenimiento de un circuito urbano que ya no existe”.

La vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, comentó recientemente que está el Ayuntamiento está negociando con los propietarios las cargas vinculadas al Programa de Actuación Integrada (PAI) del Grau que permitirán recuperar una parte de esos 38 millones, mientras la diferencia se le deberá abonar a la Conselleria de Vivienda que dirige el vicepresidente segundo, Héctor Illueca.

En este sentido, Illueca solicitó al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un pronunciamiento respecto a diversas cuestiones relacionadas con el expediente en el que se tramitó la ejecución de obras de infraestructura que tenían como finalidad la realización del circuito urbano para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de València.

En concreto, el escrito dirigido al CJC recoge la consulta sobre “la posible nulidad del convenio de colaboración suscrito el 28 de septiembre de 2007 entre el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través del ente Gestor de la Red de Trasportes y Puertos de la Generalitat Valenciana (GTP), en virtud del cual se anticipó por este ente gestor el pago de las obras e infraestructuras por un total inicialmente previsto de 38.501.827,82 euros”.

Por último, dado que la Generalitat Valenciana no ha sido compensada de las cantidades de dinero que anticipó y que ascienden a más 38 millones y medio de euros, además se solicita que el CJC se pronuncie sobre el modo a través del cual debe exigir la Generalitat al Ayuntamiento de València el reembolso de lo anticipado, tanto si se declara la nulidad del convenio como si no, así como cuándo podría exigirlo.

Llama la atención que el pasado mes de mayo, el propio Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y uno de los responsables del convenio que él mismo incumplió, presentó un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento de València en el cual requería al consistorio que recuperara los 38 millones de euros invertidos en las obras del circuito de Fórmula 1, y hacerlo a través de un canon aplicado a los propietarios del Sector Grau. Asimismo, presentó un escrito en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) con el fin que ésta exigiera el pago al Ayuntamiento de València, todo ello en base al convenio de 28 de septiembre de 2007.