El Gobierno valenciano oculta a su socio Podemos la lista de empresas de la Gürtel que siguen trabajando para el Consell
“Los mismos empresarios corruptos que obtenían contratos públicos financiando ilegalmente al PP, hoy siguen forrándose con los centros de mayores, el mantenimiento de carreteras o la gestión del agua”.
Así de contundentes se muestran fuentes del grupo Podemos de las Corts Valencianes ante el silencio que sigue guardando el Consell sobre los empresarios relacionados con la trama Gürtel que reconocieron haber financiado ilegalmente al PP y que siguen trabajando para administración autonómica.
La formación morada presentó el pasado mes de febrero una proposición no de Ley en las Corts en la que instaba a inspeccionar los contratos en vigor con la Generalitat Valenciana firmados con empresarios vinculados a la trama Gürtel.
Tras el debate parlamentario, se acordó realizar esta auditoría, presentar los resultados, cancelar los contratos en los que se detectaran presuntas irregularidades y tomar medidas para garantizar una mayor transparencia, además de crear una oficina valenciana de supervisión de la contratación.
En virtud del acuerdo, el Consell se comprometió a dar cuenta del cumplimiento de esta resolución en el plazo máximo de seis meses.
Sin embargo, ha pasado este plazo y la información sigue sin llegar, algo que el portavoz de Podemos, Antonio Estany, le recordó al presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, en la última sesión de control celebrada el pasado 25 de octubre.
Desde Podemos entienden que este silencio se debe a que los mismos empresarios que financiaron ilegalmente al PP y que tenían contratos en vigor con la Generalitat cuando se produjo el cambio de Gobierno siguen en la actualidad trabajando para la administración autonómica.
Según la formación morada, los empresarios que reconocieron las aportaciones ilegales a los populares para rebajar así su condena fueron Gabriel Alberto Batalla Reigada, administrador del grupo Lubasa Desarrollos Inmobiliarios; Enrique Gimeno Escrig, administrador de Facsa y Aguas de Castellón; Antonio Pons Dols, conseller de Piaf, SL; Alejandro Pons Dols, conseller de Piaf, SL; Tomás Martínez Berna, conseller de Padelsa Infraestructuras, SA, secretario del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras, SA, y conseller del Grupo Villalba SL; Rafael Martínez Berna, consejero delegado de Padelsa Infraestructuras, SA, presidente del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras, SA, i consejero del Grupo Villalba, SL; Enrique Tomás Ortiz Selfa, propietario del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA; José Francisco Bevía García, del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA; Vicente Cotino Escribá, presidente del Consejo de Administración de Sedesa Inversiones, SL, Sedesa Obras y Servicios, SA, y de Fundación Sedesa.
Muchos de ellos, como Cotino, Batalla, Ortiz o Gimeno, siguen trabajando a través de sus empresas con la Generalitat, según aseguran los de Antonio Estany.
Desde Podemos señalan que “no se puede permitir que la corrupción salga rentable y que los contratos obtenidos con sobres de dinero negro queden sin auditar y supervisar; no se puede premiar a esos empresarios que además han apartado del acceso a la contratación pública a aquellas empresas que sí cumplen la ley”.
Además, añaden que “es una cuestión de justicia y de transparencia pero también de hacer un uso eficaz de los recursos públicos y de analizar hasta que punto la política de privatizaciones ha sido muy a menudo caldo de cultivo para que unos pocos saqueen lo de todos”.
