La empresa valenciana de construcción de colegios en la época del PP usó el despacho de Broseta para contratar a empleados 'zombis'

La comisión de investigación parlamentaria sobre el agujero millonario de Ciegsa y su gestión política vuelve a poner al despacho de abogados Broseta en el foco. Todos los grupos salvo el PP han presentado una propuesta de dictamen sobre la empresa de construcción de colegios que arrastró sobrecostes millonarios -aunque sin acuerdo para cuantificarlos-, y que está siendo investigada por pertenecer a la trama de las 'mordidas' para financiar al PP valenciano. En este dictamen, apuntan a la firma de abogados como mediadora y ejecutora de los contratos de los trabajadores fantasma.

En el apartado “conclusiones sobre los trabajadores ausentes” -un capítulo entero de la investigación- la comisión destaca que hay once trabajadores que, contratados por la empresa, no realizaban ningún trabajo en ella. También que “de estos 11 contratos, 9 de ellos son contratos de alta dirección realizados por un despacho externo de asesoramiento laboral, mercantil y jurídico, el despacho de Broseta, y los 2 restantes son los únicos que tienen contratos laborales, correspondiendo estos últimos a Evaristo Aznar Teruel y Manuel Gómez Pérez”. Los contratos de alta dirección llevaban un salario de hasta 60.000 euros.

Para realizar estas afirmaciones, los diputados se basan en los testimonios del subsecretario autonómico de Educación, José Villar; de la responsable del departamento de Recursos Humanos y Financieros, Ana Lajo y Ángeles Asensi, del mismo departamento, con funciones administrativas, que señalaron al despacho Broseta como responsable de estos contratos. 

Las investigaciones parlamentarias concluyen que la excepción era la norma en la empresa pública de construcción de colegios, cuyo encargo era garantizar el cumplimiento de la LOGSE y que se convirtió en una máquina de endeudamiento, evitando los controles de la Administración pública. La época de Máximo Caturla, secretario autonómico de Educación y consejero de la empresa a propuesta de Esteban González Pons, fue la más negra para la empresa, según los diputados. Estos declaran “la existencia de una singular responsabilidad directa, en la situación económica generada, irregularidades contractuales y administrativas y la opacidad en el funcionamiento de la empresa pública” que salpican a Caturla.

Con el secretario autonómico, señaló una trabajadora, llegó el despacho Broseta a la empresa pública. El abogado valenciano Manuel Broseta Dupré fue secretario del Consejo de Administración de Ciegsa entre 2003 y 2013, además de director general del bufete que asesoraba a esta empresa. Su firma comenzó a trabajar de forma puntual con la empresa pública y, según explicó en la comisión, posteriormente les ampliaron el contrato de asesoramiento jurídico. Broseta Abogados, dirigido por Manuel Broseta, hermano del entonces número dos de la conselleria de Economía, Bruno Broseta, logró entre 2005 y 2011 un total de 91 contratos por importe de 2.427.5212 euros del Gobierno valenciano. Broseta cobró hasta un millón de euros en asesoramiento legal pese a que Ciegsa contaba con cuatro abogados.

La responsable de personal señaló en la comisión que “antes de entrar el señor Caturla trabajábamos con otros asesores. A partir de ahí, se empezó a trabajar con Broseta, y Broseta era prácticamente el que lo hacía todo”.“Yo preparaba el contrato, que por cierto [para] los contratos los asesores eran Broseta. Broseta era el que más estaba en tema de recursos humanos”, afirmaba la trabajadora. “Yo lo preparaba todo, lo enviaba a Broseta, preparaban el documento y luego lo enviaban y lo firmaban. O sea, es que se llevaba todo por valija. Yo no los vi”, insistió Lajo. La responsable de Recursos Humanos se refería a los contratos de alta dirección de los llamados trabajadores zombis o trabajadores ausentes. 

La otra trabajadora citada, Ángeles Asensi, explicaba que nunca había visto a las personas por las que se le preguntó ni conocía la existencia de una oficina en la calle de Hernán Cortés, donde supuestamente los trabajadores fantasma tenían su despacho. La trabajadora dijo que solo conocía la dirección de leerlo en prensa y que los trabajadores “no venían por las oficinas de Ciegsa todos los días a prestar sus servicios”. La empresa pagaba el alquiler todos los meses, pero este grupo de trabajadores “no dependían de ningún organigrama de los que estuviese dentro de la empresa y que los viésemos”. Así, según las trabajadoras, la contratación de estos puestos de alta dirección pasaba por encima de Recursos Humanos y se gestionaba directamente por los consejeros y el despacho de abogados. “Si había contratos de alta dirección, por mis manos no pasaban”, añadió Lajo, que señaló que las órdenes las daban Broseta o Máximo Caturla, “no había por encima de ellos nadie más”.

El subsecretario autonómico amplió a once -las sospechas eran seis- los trabajadores ausentes que cobraban de la empresa pública. “Nos encontramos hasta un total de once contratados directamente por la empresa que no realizan ningún tipo de trabajo directamente en los despachos de Ciegsa. Ni tienen asignado un despacho, ni tienen asignado un correo electrónico, ni tienen asignado teléfono y ni se les obliga, ni tienen obligación de fichaje”, señaló Villar en comisión. Además de otros trabajadores de Ciegsa, el secretario autonómico apuntó a la existencia de al menos una decena más de empleados fantasma contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). 

Los contratos zombis y los sobrecostes están siendo investigados en varias piezas de la Operación Taula. Que el caso esté tutelado por un juez complica los trabajos de la comisión parlamentaria, que solo puede dirimir responsabilidades políticas. En una de las piezas, el juez investiga la contratación de 16 personas que nunca acudieron a la empresa pública, pero que cobraban religiosamente sus nóminas a cargo de la empresa pública. En algunos casos, estas personas pasaban su jornada en el despacho del entonces conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.

En los dos informes presentados al juez por la Abogacía de la Generalitat figura que dos miembros del equipo de prensa del conseller y hasta siete empleados de su gabinete estuvieron contratados por Ciegsa, entre ellos la actual diputada del PP y exidrectora general de Política Lingüística Beatriz Gascó. En la comisión, Gascó señaló que era “la coordinadora del gabinete de prensa del conseller” y entre sus trabajos estaba trabajar con Ciegsa porque en aquella época interesaba a la prensa.

Broseta: “Lo nuestro no es un chiringuito”

Cuando llegó su turno de comparecencia, el responsable del despacho señaló que no vio “nada raro”, que nadie le pidió que hiciera nada raro, ni vio “ninguna irregularidad”. El ambiente era “de cumplimiento de la legalidad”. Broseta defendió la elección de su despacho por parte de la Administración: “Siempre se nos ha contratado conforme a la legalidad; lo nuestro no es un chiringuito”.

En la comisión parlamentaria explicó que la vigilancia hecha en Ciegsa le pareció entonces “suficiente” y que no hubo “ninguna instrucción concreta de nadie para torcer la ley ni para liberar a ningún responsable de ninguna responsabilidad”. Inquirido sobre la existencia de trabajadores zombi en la empresa, aseguró que nadie le habló nunca de esta cuestión y que tampoco se planteó ese asunto en el consejo: “se hubiera puesto el grito en el cielo”.

Máximo Caturla, el ex secretario autonómico de Educación, considerado por los investigadores como el principal recaudador de la red de Taula, respondió ante el juez que Ciegsa disponía de un informe jurídico elaborado por Broseta Abogados en el que se les eximía de aplicar  los principios de mérito y capacidad que debe aplicar la Administración,  y que los informes de la Sindicatura de Comptes solo contenían “recomendaciones”.