Las kellys entregan a la UE una propuesta de directiva europea para acabar con “la tercerización de las relaciones laborales”

“No se trata de salarios, que lógicamente es importante, se trata de la igualdad de derechos, de no ser trabajadoras de segunda”. Yolanda García ha llegado desde Benidorm a Bruselas, y lo explica a las dos compañeras del sindicato United Voices of the World que vienen de Londres a coordinar fuerzas. “C'est le même lutte” –es la misma lucha–, tercia una sindicalista de la CNT de Marsella, Lara Schäfer, quien ha vivido una huelga de kellys de seis meses en el NH Marseille.

La abogada que las acompaña y ha colaborado en la redacción del proyecto de directiva europea, Eulalia Garcia, del despacho Laie Advocats, apunta: “Se trata de desregular, cargarse la negociación colectiva, dividir la plantilla, llegar a lo que les da la gana”.

Las kellys han entregado este miércoles al Ejecutivo comunitario una propuesta de directiva que persigue acabar con este tipo de externalización de servicios. Una “erradicación de la tercerización de las relaciones laborales” que no sólo repercutiría en las kellys, sino en otros sectores terciarizados, como el de Deliveroo, Uber, Cabify...

El texto establece las siguientes obligaciones de los empleadores: “el empleador principal deberá absorber en su plantilla a cualquier trabajador o trabajadora que deba presentarse ante terceros como empleado o empleada de la empresa principal; a cualquier trabajador o trabajadora que trabaje en el centro de trabajo de la principal enmarcado en grupos de trabajo de la principal; a cualquier trabajador o trabajadora que, de manera indefinida, preste servicios en el centro de trabajo de la principal; a cualquier trabajador o trabajadora que desempeñe su trabajo con materiales de la principal”.

Además, obliga a los Estados miembros a que tomen “medidas necesarias para que: no se creen empresas instrumentales con el objetivo de externalizar las plantillas de la actividad principal/propia; no se tercericen las relaciones laborales; no puedan existir trabajadores con diferentes derechos laborales individuales dentro de una misma empresa o centro de trabajo; no puedan existir trabajadores con diferentes derechos laborales colectivos dentro de una misma empresa o centro de trabajo”.

Además, el texto establece que los Estados miembros “evitarán que la representación colectiva de los trabajadores de una empresa desampare a una parte de los trabajadores de un mismo centro de trabajo o empresa; y que exista cualquier brecha diferencial entre derechos laborales de trabajadores de un mismo centro de trabajo o empresa, rigiendo en todo caso el principio de condición más beneficiosa para los trabajadores en aras de resolver cualquier conflicto de derechos”.

La entrega del documento este miércoles por la mañana a miembros de la dirección general de Empleo de la Comisión Europea es un primer paso de un largo camino: el Ejecutivo comunitario, que se encuentra en funciones a la espera de la entrada del equipo de Ursula von der Leyen, debe entender que es una prioridad y poner en marcha el proceso legislativo, que luego ha de pasar por el filtro imprescindible del Consejo de la UE –los ministros de Empleo de los países– y el visto bueno final del Parlamento Europeo, el órgano que colegisla y también aprueba las directivas.

Doce kellys españolas, dos sindicalistas de Reino Unido y otras dos de Francia se han reunido este martes con eurodiputados, antes de la presentación este miércoles del borrador de directiva que persigue atajar todos estos problemas. Pero entre unas citas y otras, han tenido un tiempo para poner problemas en común: las españolas –unas de Barcelona, otras de Benidorm, de Alicante, Fuerteventura y Madrid– con las llegadas de Reino Unido y Francia.

Invitadas por la delegación de Podemos y el grupo de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL), reconocen que han venido a “hacer lobby”. Bruselas es una de las capitales mundiales del lobby, los hay de todos los colores y procedencias, de todas las causas. Y esta causa es la de la mejora de las condiciones de un sector de trabajadoras precarizadas: “Yo tengo un salario de 850 euros al mes porque trabajo para una empresa multiservicios”, explica Isabel, “si estuviera empleada en el hotel en el que trabajo, ganaría 1.250”.

“¿Cómo vas a hacer denuncia si trabajas de mes a mes?”, se pregunta Yolanda: “Es el hotelero el que sabe la ocupación, el número de habitaciones, pero estas empresas te dan una nómina. El trabajo no te lo pone la empresa, te lo pone el hotel: está claro que es cesión ilegal de trabajadores. Por eso estamos aquí, para cambiar la legislación, que no sea la trabajadora la que tenga que exponerse”.

La abogada, Eulalia García, señala que se han dado casos en los que incluso una trabajadora “ficha en el hotel, aunque su nómina la paga la subcontrata”.

Y añade Yolanda: “Nos hemos encontrado incluso que contrate una empresa que no existe físicamente, que no está en Benidorm, sino en Madrid. No tienes ni una oficina física, sino un encargado de zona. Si te quejas a la dirección del hotel por algo, resulta que no eres una empleada, y te derivan al representante sindical de tu empresa, pero que no sabes ni quién es. Te encuentras que la propia trabajadora tiene que demostrar cualquier denuncia porque no está presente ningún representante, y se expone al despido”.

Tanto Yolanda como Isabel señalan problemas con los sindicatos tradicionales. En el caso de Isabel, en Barcelona, donde lleva 23 años trabajando, explica que hace una década ganaron una denuncia, “la primera que se ganó en Catalunya”, pero tiene mal recuerdo: “Podíamos habernos ido con el hotel a trabajar, pero CCOO nos engañó y nos dejó con la empresa. La empresa tuvo que pagar 90.000 euros y el hotel también. Se ganó la cesión ilegal, pero CCOO la lió y nos tuvimos que ir con la empresa. Si en aquel momento hubiera pasado al hotel, tendría más derechos laborales y ganaría un 50% más”.

En el caso de Yolanda, su resquemor es con UGT por la negociación del convenio de la Costa Blanca: “Mientras nosotras protestábamos en la puerta del hotel, ellos estaban dentro firmando un convenio provincial que obliga a equiparar salarialmente. Pero lo que queremos son derechos. No pagan festivos, tenemos menos vacaciones... Esa equiparación no es real; los días que libras no se pagan. Nos enfadamos con la UGT porque nos habían vuelto a condenar a ser trabajadoras de tercera. Queremos hablar de salarios, pero también de derechos”.

Claudia, de United Voices of the World, explica que la lucha en Londres de su sindicato es más transversal, pero abarca las kellys, porque son un sindicato de gente migrante, que suele tener las peores condiciones laborales. “Apoyamos la lucha de las kellys, que es la misma en toda Europa, y la de aquellos trabajadores que pelean por no tener jornadas de 15 horas diarias por sus mínimos salarios. Hemos ganado batallas a Sotheby's, Ferrari y el Daily Mail, para que el salario mínimo sea el considerado digno en Londres: de 8,21 libras la hora a 10,5”.

“Hablamos en las reuniones y en los documentos en tres idiomas, español, inglés y portugués”, explica Claudia: “No solo es sindicalismo, es el ser humano, damos clases de inglés, talleres laborales, lo que necesita un migrante”. Y termina: “Nuestras huelgas son bien bulliciosas, tenemos cero miedo. Es el poder de la unión”.

Una unión que, precisamente, a menudo fractura el sistema de subcontratación de las kellys, como les han explicado a los eurodiputados que se han reunido con ellas: Idoia Villlanueva (GUE-NGL, Podemos), Miguel Urbán (GUE-NGL, Podemos), Leila Chaibi (GUE-NGL, Francia Insumisa), Anne-Sophie Pelletier (GUE-NGL, Francia Insumisa), Marc Botenga (GUE-NGL, PTB), Alícia Homs (S&D, PSOE), Estrella Durá (S&D, PSOE), Diana Riba (Verdes-ALE, ERC), Luis Garicano (Renew Europe, Ciudadanos).