PP y Ciudadanos prevén separar la CNMC en dos entidades independientes

El Partido Popular y Ciudadanos han firmado hoy el acuerdo de investidura, que entre otras medidas, contempla la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes.

Según el documento, habrá una autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.

También habrá una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado.

La AIDeCo asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios.

Ambas formaciones se han comprometido a reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes Administraciones y a crear la Secretaría General de Unidad de Mercado.

También prevén crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios.

Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros para minoristas y también se ocupará de la supervisión de compañías de auditoría que actualmente desempeña el ICAC.

En cuanto al reforzamiento de derechos de los consumidores y usuarios, se comprometen a reformar la Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las “cláusulas suelo” que únicamente fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado.

Paralelamente, se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, así como la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares,

En esta materia, además, avanzarán en la mejora de la transparencia bancaria, promoviendo medidas que permitan a los clientes obtener más y mejor información.

Igualmente, se suprimirá la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), se impulsará un Pacto de Estado por la Energía, y se aprobará una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Se elaborará un Plan de Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero y se apostará por la movilidad eléctrica.

También PP y Ciudadanos avanzarán en la reforma del sector eléctrico, se impulsará un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, se racionalizará la política de infraestructuras para priorizar el desarrollo de las de transporte de carácter estratégico nacional y se promoverá un Pacto Nacional por la I+D+i que promueva un incremento de la inversión pública estatal para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB en el conjunto de todas las actividades de I+D+i en el año 2020.

En el ámbito del diálogo social y del Pacto de Toledo, prevén fortalecer el sistema público de pensiones y proponen mejorar su transparencia, favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.

Plantean establecer un régimen por el cual los trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación puedan optar entre o compatibilizar la percepción del cien por cien de la pensión con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena o, aplicar una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión.

Sobre la atención de ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad, se establecerá un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas en forma de Complemento Salarial Garantizado, y se facilitará la reestructuración de deudas de aquellos afectados por los desahucios, otorgándoles el derecho a la dación en pago de la vivienda habitual con posibilidad de seguir habitándola durante dos años de forma gratuita.