La Audiencia de Bizkaia decidirá el 28 si el profesor de Gaztelueta condenado por abusos ingresa ya en prisión
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha fijado para el próximo miércoles, 28 de noviembre, la vista para determinar si el profesor de Gaztelueta y numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz, que ha sido condenado ya a 11 años de cárcel por abusos sexuales continuados a un antiguo alumno de ese colegio masculino de Leioa, ingresa en prisión de manera inmediata, como demanda la familia de la víctima. “No nos alegramos de que nadie entre en prisión pero el cumplimiento del Estado de Derecho con una condena de 11 años no exige menos”, valoran desde el entorno del denunciante, ahora ya mayor de edad y que propició al cumplir los 18 años este proceso judicial que ha puesto fin a una pesadilla que se ha alargado casi una década.
La abogada de la familia, Leticia de la Hoz, argumenta jurídicamente que “por la gravedad de la condena” no cabe otra opción que la ejecución inmediata de la pena. Subsidiariamente, además, alude a un posible “riesgo de fuga” de España, siquiera mínimo, ya que el docente estuvo un año destinado en Australia y mantiene contactos allí.
Por el contrario, ni la contundente sentencia ha modificado el comportamiento de Martínez Sanz, quien tras conocer el fallo reiteró en su inocencia y adelantó que recurrirá “mientras pueda”. Su abogado, Eduardo Ruiz de Erenchun, se opondrá a las exigencias de la letrada de la familia de la víctima, Leticia de la Hoz, y planteará posponer toda decisión sobre la entrada en prisión hasta la resolución del Tribunal Supremo. De la Hoz, sin embargo, recuerda que “la casación del Supremo puede durar años” y generaría “alarma social” tener este expediente en 'stand by' todo ese tiempo. Además, para una sentencia de este alcance el máximo legal en prisión preventiva es de cinco años y medio y no hay riesgo de que se vulneren los derechos del reo porque en ese plazo seguro que llega la sentencia firme, defiende.
Lo que es un incógnita es la posición de la Fiscalía ante la petición de ingreso en prisión, ya que en el juicio reclamó inicialmente 3 años de cárcel pero luego planteó una alternativa de 20 meses (que no implica la entrada en prisión por ser menos de 2 años) al no ver probados los tocamientos más graves. Si se opone a la petición de la familia, quedaría abierta la puerta a que el ministerio fiscal acuda también al Supremo para modificar los 11 años de cárcel.
