Jueces y fiscales vascos piden más medios contra la corrupción y mejoras laborales
En Vitoria, a mediodía, una veintena de jueces -sin sus togas- y ocho fiscales, incluidos la presidenta de la Audiencia Provincial, Mercedes Guerrero, y el fiscal-jefe, Josu Izaguirre, se han concentrado frente al Palacio de Justicia dentro de las movilizaciones convocadas para este jueves en toda España por todas las asociaciones profesionales para reclamar reformas “urgentes” en el tercer poder del Estado. La misma imagen se ha repetido en San Sebastián y Bilbao, con presencia del presidente del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra. Entre la plataforma de reivindicaciones se incluye la reclamación de mejores condiciones laborales -como “adecuar la retribución a la responsabilidad inherente”- y petición de más medios materiales y humanos, específicamente para la lucha contra la corrupción.
En el texto, leído en Vitoria por el decano de los jueces José Luis Núñez, en Donostia por la fiscal Idoia Zuriarrain y en Bilbao por el decano Aner Uriarte, se ha reclamado “un plan de inversión suficiente y prolongado” en la Administración de Justicia. En toda España se plantea la necesidad de incorporar 300 jueces, con su correspondiente cuota “proporcional” en Euskadi, donde ya se han diagnosticado necesidades específicas de nuevas plazas en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. En cuanto a la Fiscalía, Izaguirre ha recordado desde Vitoria “una petición muy antigua”, como es la de crear un delegado anticorrupción en el País Vasco.
Ese asunto, la corrupción, es uno de los que preocupa a jueces y fiscales. Reclaman la “dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción” y también que la autoridad judicial y fiscal tenga adscritos policías “con dependencia directa”. En el caso específico del ministerio fiscal, se apela al “refuerzo de la independencia” y a la “autonomía presupuestaria” como garantía.
Los jueces y fiscales entienden inadecuada la reciente reforma procesal que limita a seis meses el plazo ordinario para instruir las causas penales. Plantean una “derogación del sistema de plazos máximos mientras no se dote de los medios necesarios al efecto”.
El manifiesto reclama también que la Justicia avance en modernización y digitalización, pero no de la manera en que se abordan ahora esas materias, con fuertes inversiones en aplicativos ineficaces y que incluso fallan. Creen que los programas informáticos han de ser compatibles “en todo el territorio nacional” y ser útiles para los usuarios y ciudadanos y no “ralentizar” el servicio.
La lista de reclamaciones de las asociaciones profesionales recoge igualmente algunas pinceladas contra la politización de la Justicia. Se plantea que se recupere el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial “por los jueces y magistrados”, la “objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales” y la “supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos”.
En ningún momento se ha hablado de una huelga de togas, como se baraja para el 22 de mayo, pero el documento leído por Núñez, Zuriarrain y Uriarte adelanta que serán secundadas todas las movilizaciones acordadas en España por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales.
