La rebelión de los técnicos de Medio Ambiente
En los pasillos de la sede central del Gobierno vasco en Lakua (Vitoria) llama la atención un cartel reivindicativo en forma de señal de tráfico. “Circule con precaución. 80% de interinidad. Técnic@s de Medio Ambiente”, se lee en algunas paredes. Este colectivo de altos funcionarios, unos 35 según fuentes gubernamentales y que se encarga de controlar empresas como Petronor y proyectos como el de la incineradora de Gipuzkoa, denuncia “discriminación” ante un próximo concurso de traslados en la Administración autonómica que podría suponer su salida de Medio Ambiente tras varias décadas y la “descapitalización” de un área a la que cada vez se le da mayor peso político en los Gobiernos.
Estos técnicos, que se han organizado para ejercer de ‘lobby’ ante partidos, sindicatos y opinión pública, denuncian que la última OPE en Medio Ambiente “se realizó en año 1990”. Desde entonces, el personal que ha accedido a esos puestos lo ha hecho en calidad de “interino” sin “oportunidad de optar al puesto ni de consolidar su empleo”. Asimismo, explican que en Euskadi no existe como tal el cuerpo de técnicos de Medio Ambiente. A su entender, esas dos circunstancias supondrán que cuando se saquen a concurso en el próximo traslado esas plazas en esta área existen para ellos altas “probabilidades de ser desplazado” e “imposibilidad de reubicación”.
Al no existir la escala de “técnico de Medio Ambiente” como tal, las bases del concurso de traslados permite que “se pueda optar a ese puesto desde 26 titulaciones diferentes”. Y en una convocatoria de estas características, aseguran, prima quien tiene antigüedad y derechos como funcionario. “En más de una ocasión, personal procedente de readscripciones y reincorporaciones se incorporan a Medio Ambiente, desplazando interinos con años de antigüedad y formación. Además, el personal interino, cuando va a ser desplazado, no puede ocupar puestos que están incluidos en escalas ya creadas o puestos que cuentan con requisitos de experiencia y formación”, se puede leer en un documento que han hecho llegar estos empleados públicos al Parlamento.
En Medio Ambiente, alegan, se “requieren conocimientos especializados” tanto sobre el medio físico y natural como sobre la legislación específica, que ha tenido “un crecimiento exponencial” en los últimos 20 años a nivel europeo, estatal y autonómico. Y un hipotético “reemplazo del personal interino con una experiencia dilatada” se podría traducir en “pérdida de conocimiento y de capital técnico y humano, así como de los recursos invertidos en su formación”. Ellos mismos detallan que entre sus funciones se halla controlar empresas como Petronor, Glefaran o Zabalgarbi, así como la planificación de proyectos como la incineradora de Gipuzkoa o los espacios de la Red Natura 2000.
La reclamación de los técnicos de Medio Ambiente no es nueva en Euskadi. Ocurrió lo mismo en Lanbide, un organismo de reciente creación que heredó personal del antiguo Inem y de otros entes y en el que no existe el cuerpo de orientadores laborales. En marzo, el Gobierno y los principales sindicatos pactaron que los 170 afectados no se verían perjudicados por el concurso de traslados por estos motivos, aunque sigue sin concretarse la creación de una escala propia. En Medio Ambiente reclaman también que “estos puestos no se oferten” y lamentan que su interlocución con los sindicatos no haya supuesto “solucionar el problema”.
En declaraciones a eldiarionorte.es, la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, reconoce que “es una situación bastante sorprendente” la de estos técnicos. Moreno ve “lógica” la demanda de que se cree un cuerpo propio en esta área y que, de manera provisional, “se trate la excepcionalidad de su situación como se hizo con los trabajadores de Lanbide”.
“Hay un capital humano extraordinario y corremos el riesgo de descapitalizarlo con el consiguiente riesgo para las políticas medioambientales de este país”, apunta Moreno. Desde este Departamento, dirigido por el socialista Iñaki Arriola y que abarca también las áreas de Vivienda y Urbanismo, se han mantenido ya contactos con el consejero Josu Erkoreka, competente en materia de funcionarios y que tiene la última palabra en este conflicto. Está previsto que el 30 de junio comparezcan en el Parlamento tanto Moreno como el ‘número dos’ de Erkoreka, Andrés Zearreta, para dar cuenta de los planes del Gobierno en relación a los técnicos de Medio Ambiente.
