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El PP fracasa en su intento de abandonar el banquillo de los acusados en el juicio por los ordenadores de Bárcenas

Comienza el juicio al PP por el borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas

Pedro Águeda

El juez Eduardo Muñoz de Baena ha decidido resolver la aplicación de la doctrina Botín al Partido Popular en la sentencia del caso de los ordenadores de Bárcenas. Esto supone que el PP se siente en el banquillo de los acusados durante toda la vista, algo que su abogado ha intentado evitar en el trámite de las cuestiones previas, que ocupa la primera sesión del juicio.

El Partido Popular ha solicitado que se le aplique la doctrina Botín y no ser siquiera juzgado de un delito de daños informáticos por destruir las memorias informáticas que reclama el extesorero. Alega que el perjudicado, Bárcenas, no acusa, y que tampoco lo hace la Fiscalía. Las acusaciones populares, por tanto, carecerían de legitimidad para ejercer la acusación contra el PP por un delito que no daña el interés general.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha pedido al juez que resuelva de inmediato, pero la complejidad del asunto ha motivado que el magistrado decida hacerlo en sentencia. Por tanto, la abogada del despacho Baker & McKenzie María Masso deberá estar sentada toda la vista, representando al PP, al lado de los otros tres acusados. El PP ha resuelto que sea ella y no un miembro del partido quien se siente en el banquillo. La Fiscalía se ha alineado con el PP y considera que no hay motivos para juzgarle en este caso. También pide la absolución para el resto de los acusados.

Estos otros tres acusados lo son por daños informáticos y otro delito de de encubrimiento, que no se puede atribuir al PP por tratarse de una persona jurídica. El encubrimiento si es un delito contra la acción de la justicia, daña al interés general y por eso no es aplicable la doctrina Botín a ellos. Se trata del responsable de su estrategia legal, Alberto Durán; de la que fuera su tesorera Carmen Navarro -ambos personas de la confianza de María Dolores de Cospedal y todavía con puestos de responsabilidad en el partido-; y del que fuera responsable de informática, José Manuel Moreno.

Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade, las acusaciones populares, alegan que el delito de daños informáticos se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la justicia que sí afecta al interés general.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha acusado a las acusaciones populares de tener como “objetivo principal” llegar al juicio con el PP en el banquillo y que los otros tres acusados son “daños colaterales”.

Un juicio sin cámaras

De otro lado, el PP sí ha conseguido su objetivo de que no haya imágenes del juicio más allá de una foto lateral de los acusados. Los ciudadanos, por tanto, no podrán ver en televisión o escuchar en la radio las explicaciones del partido de por qué destruyó con un programa de borrado de 35 pasadas las memorias en las que Bárcenas asegura tenía pruebas de la caja B del PP.

Muñoz de Baena ha vuelto a hacer prevalecer la imagen de lo que él considera “tres personas físicas desconocidas” (entre ellas la tesorera del PP Carmen Navarro) y que los testigos no se contaminen al conocer lo declarado antes en la sala, a pesar de la profusión de medios que van contando lo que ocurre dentro en tiempo real.

“A mi me alivia ver medios de comunicación aquí. Eso es muy positivo. El ciudadano puede comprender mejor el trabajo de los que estamos aquí. Los ciudadanos vienen después a los juicios con menos reparo”, ha comenzado asegurando Muñoz de Baena. A continuación, sin embargo, ha recalcado que la retransmisión o difusión de imágenes “tiene costes para el acusado que no desea que su imagen sea difundida”.

También ha dicho que si el PP fuera el único acusado quizá hubiera tomado otra decisión. Ante su negativa a que los ciudadanos puedan ver declarando a la representante del PP, por ejemplo, sobre el borrado masivo de la memoria de los ordenadores de Bárcenas, las acusaciones populares han recurrido a la Audiencia Provincial e Izquierda Unida ha presentado un escrito de última hora, mientras se resuelve el anterior, para obtener al menos imágenes de la última sesión del juicio. Muñoz de Baena dice que ese día será el turno de última palabra y que los acusados aparecerían nítidamente, con lo que ha reforzado su negativa.

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