Organizaciones contra la venta de armas denuncian en Bruselas la militarización de la política europea
Varias organizaciones y activistas de la sociedad civil han denunciado este martes en Bruselas la militarización progresiva de cada vez más aspectos de la política de la Unión Europea. El intenso lobby de la industria de armamento, acusan, ha conseguido imponer soluciones basadas en la tecnología militar como salida a varios problemas que ha enfrentado la UE en los últimos tiempos, como la crisis migratoria, de empleo o la necesidad de lograr una mayor integración entre sus estados.
“Presentan a los políticos soluciones tecnológicas fácilmente vendibles para solucionar problemas que son muy complejos”, ha resumido Laetitia Saedou en el acto, organizado por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL). Saedou, portavoz de la Red Europea Contra el Comercio de Armas, ha expuesto que los lobbistas de esta industria “han sabido aprovechar el contexto actual y el discurso del miedo como una oportunidad empresarial, consiguiendo normalizar el sector de la producción de armas y obteniendo fondos de cada vez más programas europeos civiles”.
Para los activistas, existen numerosas pruebas de esta situación. Una de las principales es que, durante esta legislatura, Bruselas está cruzando líneas que hasta ahora jamás se habían traspasado. Ni la UE, ni las organizaciones supranacionales que la precedieron, invirtieron nunca dinero en armas: los tratados europeos especifican que “las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa” no podrán tener cabida en los presupuestos de la Unión.
Esa situación ha cambiado. Las empresas de armas han comenzado a tener acceso a fondos de investigación de la UE, que no enmarcan en la “defensa” sino en la “seguridad interior”, o destinados a la gestión de fronteras. “Un empresario de armas lo más inteligente que puede hacer es invertir en que tengamos la necesidad constante de defendernos de algo, sea real o no. El miedo de la sociedad es la mejor campaña de publicidad para ellos”, ha explicado Jordi Calvo, miembro del Centre Deàs d'Estudis per la Pau.
La asociación de la inmigración con el terrorismo y con la inseguridad es un factor clave de esta campaña del miedo. La militarización de la gestión de crisis migratoria es una de las consecuencias más claras, han señalado los presentes en el acto. Apuntan directamente a la operación Eunavfor Med Sophia, desplegada para responder a la salida masiva de embarcaciones de inmigrantes desde la costa de África y que se lleva a cabo bajo mando militar y con navíos de varias armadas europeas.
Militarización de fronteras: las ONG y los inmigrantes como enemigos
“La guerra de la UE no es contra los inmigrantes, es contra las organizaciones que los rescatan”, ha acusado Óscar Camps, portavoz de la ONG de salvamento Proactiva Open Arms: “Si no es así, que alguien me explique por qué estamos encausados. Por qué está encausada en Italia mi organización, mi capitán y mi jefe de misión. Nosotros, que nos dedicamos única y exclusivamente a salvar vidas y entregarlas a la administración, como hemos hecho durante 43 misiones en el Mediterráneo, rescatando a más de 20.000 personas sin ningún problema”.
Camps ha elevado la voz en Bruselas ante esta situación, acusando a la UE y al gobierno italiano de perseguir a las organizaciones como la suya, lo que ha provocado que el número de barcos de salvamento que actúan en aguas mediterráneas se haya reducido de doce a solo uno. Camps ha iniciado este martes una ronda de contactos con los diferentes grupos políticos de la Eurocámara para darles a conocer esta situación. Ha participado en la reunión de dirigentes de los Verdes, de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE, en el que se encuadra Ciudadanos), con el grupo socialista y con el GUE.
El jueves, el portavoz de Proactiva Open Arms se reunirá con el alcalde de Nápoles y con varios grupos políticos italianos. Le acompañará en este periplo el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán. “En esta legislatura se ha tenido que gestionar la llegada de refugiados a nuestras costas y ha pasado de ser una cuestión humanitaria a ser un proceso de securitización, de militarización del Mediterráneo y de construcción de lo que llamamos Europa fortaleza”, ha manifestado el eurodiputado.
Para Urbán, es urgente que la izquierda impulse un debate en el seno de la UE para desligar el concepto de “seguridad” de los de “militarización y securitización”. Lograr una Unión más segura, opina, no tiene por qué suponer una pérdida de derechos y libertades fundamentales. “El discurso neoliberal y su elitismo, clasismo, racismo y militarismo, se convierte en ese nuevo sentido común, que se basa en la creencia de que cualquier ciudadano puede ser una amenaza. No es otra cosa que la ideología de la clase dominante”, ha esgrimido.
Además de la presencia del Ejército, la militarización de la gestión de fronteras tiene más consecuencias. Una de ellas es la copia de una de las prácticas comunes en el sector de la Defensa, que es la externalización de muchos de los procesos. Así lo ha denunciado Sara Prestianni, experta en migraciones de la Asociación Recreativa y Cultural Italiana (que gestiona más de 6.000 plazas para refugiados en varios centros de acogida en el país transalpino), acusando a la UE de pagar a países africanos para que intercepten a los migrantes en su ruta hacia Europa y los confinen en campos de refugiados. Fuera de la UE, la transparencia y respeto a los derechos humanos en dichos campos resulta imposible de fiscalizar, ha lamentado.
De esta forma, países como Turquía, Arabia Saudí o Libia reciben fondos comunitarios cuando están acusados de violar derechos fundamentales de sus ciudadanos o incluso, en el caso de la monarquía absoluta wahabbista, de financiar el terrorismo. Este modelo, ha continuado Prestianni, copia la programa australiano de gestión migratoria integral basado, básicamente, “en una externalización total”. Australia, ha explicado, saca fuera de su suelo incluso los centros de internamiento de inmigrantes en situación irregular, situados en países como Papúa Nueva Guinea.
