Las víctimas del robo de bebés piden justicia y rechazan el archivo de sus casos

Asociaciones de afectados por el robo de bebés han reclamado este lunes a las puertas de la Fiscalía General del Estado que se impulsen las investigaciones presentadas en distintos juzgados y que el Tribunal Supremo se pronuncie en contra de la prescripción de esas causas.

Con pancartas en homenaje a una de las primeras madres que denunció el robo de su hijo y que nunca llegó a conocer porque ha fallecido recientemente, los manifestantes procedentes de varias ciudades españolas han unido sus voces para exigir justicia y que sus casos no se olviden.

Enrique Vila, presidente de la asociación SOS Bebés Robados, ha destacado que este acto de protesta conmemora la primera denuncia colectiva que se interpuso el 27 de enero de 2011, a la que han continuado otras 4000 más en todo el territorio español, aunque están a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre la prescripción o no de esos casos.

“Pese al impulso judicial inicial propiciado por la primera denuncia, la mayoría de investigaciones posteriores han sido absolutamente precarias, lo digo con el máximo respeto a los jueces y a los fiscales, pero discrepo mucho del trabajo realizado por los mismos; en ocasiones ante indicios clarísimos de delito, se han archivado los asuntos dejando las familias con el corazón roto” ha asegurado Vila.

No obstante, ha reconocido que se ha avanzado en los reencuentros entre familiares e “hijos robados” y que se ha producido una condena en firme, la del doctor Eduardo Vela, ya fallecido.

Carmen Lorenti, representante de la Asociación “Sevilla bebés robados”, ha lamentado -en declaraciones a Efe- que aunque la Policía “cuenta con información suficiente” para impulsar las investigaciones, sus casos son archivados.

Fátima Otero sigue luchando por esclarecer qué ocurrió tras el parto natural de trillizos que tuvo en 1984 en Sevilla. Con voz entrecortada detalla a Efe que “la funeraría que se encargó del entierro de sus hijos no existe y todo fue una historia inventada”.

Otra de las víctimas, Rosamaría Ramos también quiere justicia. Cuenta la odisea que sufrió cuando le informaron en el Hospital Gómez Ulla de Madrid en 1977 que su hijo, había muertos por falta de oxígeno. En 2012, decidió abrir la urna en la que estaba enterrado y comprobó que “no había huesos” del menor, por lo que inició su lucha con otras madres que habían atravesado por la misma situación.