Afectadas de las escuelas infantiles en Andalucía: entre una moratoria o irse al paro con más de 50 años
El próximo 1 de septiembre, 73 mujeres de cinco provincias andaluzas se irán directamente al paro, a menos que se solucione el problema creado por la Junta de Andalucía al asumir de nuevo la gestión de las escuelas infantiles. La Junta argumenta que una gestión pública conlleva trabajadores de la bolsa de trabajo autonómica, a la que, lógicamente, no pertenecen las mujeres que llevan décadas dando este servicio, siempre formando parte de las empresas que ganaban los concursos, que las subrogaban sus puestos año tras años.
Algunas de esas mujeres pasan de largo los 50 años. El consejero, Javier Imbroda, asegura que están haciendo todo lo posible para intentar contar con ellas, pero pasan los días y no tienen noticias. Imbroda carga la responsabilidad, no en la Junta por asumir el servicio, sino en el PSOE por privatizarlo en su día.
En concreto, son las escuelas infantiles 'Mediterráneo', de Almería; 'Rocío Jurado', de Chipiona; 'Atunara', de La Línea de la Concepción; 'El Faro', de Torrox y 'Andaluna, de Sevilla.
En estos momentos, sus 73 empleadas tienen la vista puesta en la fecha del próximo 2 de septiembre, tras haber asumido el Gobierno andaluz la gestión directa y tener intención de no subrogarlas, por lo que reclaman al Gobierno andaluz que las asuma en su nueva gestión, o al menos aplique una moratoria mientras se decide su futuro.
“Desde mayo no sabemos nada”
Una portavoz de las afectadas recuerda a eldiario.es/andalucia, que se trata de escuelas que hasta ahora han sido “de titularidad de la Junta de Andalucía pero con gestión privada”, y las contrataciones de las empresas de gestión se han venido haciendo desde la Agencia Pública de Educación de Andalucía (APAE), que el pasado mayo comunicó a las adjudicatarias, AOSSA y Asisttel, que no seguirían con la gestión, “pero sin más comunicaciones hasta el momento”, señala la misma portavoz, que aclara que “en los concursos, era condición subrogar al personal”.
Sin embargo, “ahora, la Junta ha dicho que lo gestiona como público directamente, pero el personal no se puede subrogar, porque hay que cogerlo de las bolsas de trabajo de educación infantil de la Junta”, de modo que las trabajadoras se quedarán en la calle, y como medida intermedia, el consejero de Educación, Javier Imbroda, les comunicó la pasada semana que intentaría llegar a una moratoria para que al menos trabajen el próximo curso mientras se llega a una solución definitiva.
Imbroda lo explicaba en la comisión de Educación y Deportes del Parlamento andaluz a preguntas de la parlamentaria socialista Noemí Cruz, citado que “es una situación que a mí personalmente me tiene profundamente preocupado”, para añadir que “estamos trabajando para intentar que los 73 profesionales puedan continuar el próximo curso en sus puestos”.
El consejero, que culpa al PSOE de haber privatizado en su día la gestión, asegura que técnicamente es imposible realizar un nueva contratación a una empresa externa, y se ancla en la moratoria de un año, aún sin confirmar de manera oficial: “Si es viable y ganamos esa moratoria, se podrá estudiar la fórmula más conveniente para la gestión de estas escuelas, pero es una situación dificilísima en cuanto a la cobertura legal”.
El consejero asegura que le afectó ver a mujeres llorando en la reunión, pero sostiene que es un asunto que se tratará “desde la máxima sensibilidad pero con el máximo respeto a la legalidad”.
“No quieren entrar en la Junta por la puerta de atrás”
Noemí Cruz incide en que “las trabajadoras no saben qué va a pasar con ellas. Está a punto de acabar el mes y el contrato, y no hay nada oficial, con la incertidumbre para ellas y también las familias. No pretenden ser funcionarias ni entrar por la puerta de atrás en la administración, sólo pretenden trabajar”, apostilla.
Las afectadas convocaron movilizaciones la pasada semana, que suspendieron como muestra de buena voluntad ante la Junta, tras someterlo a votación entre las escuelas afectadas.
Se da la circunstancia, además, de que las empresas adjudicatarias tendrían que abonarles la indemnización por todos los años que han estado en su puesto, algunas más de 20, lo que para estas empresas, aseguran, es inviable, con lo que podrían ser despedidas por fin de contrato y tener que reclamar su indemnización ante la Justicia ordinaria.
Con todo, el próximo 2 de septiembre deberían volver a sus puestos, pero aún no saben si estarán disponibles para ella, al menos durante el próximo curso escolar.
