“Se niega a firmar”: Instituciones Penitenciarias reprocha a un preso analfabeto la notificación de un escrito

Sin intérprete, sin saber lo que decía el escrito y sin saber firmarlo. Así fue notificado de un documento del Tribunal Constitucional un preso sordo de nacimiento y analfabeto que desde 2009 cumple condena de 15 años en el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras (Cádiz). Para más inri, el funcionario de Instituciones Penitenciarias dejó constancia en la notificación que el interno “se niega a firmar” la recepción de la copia de un escrito que no sabía qué decía.

El documento que no firmó el preso es la respuesta a uno de sus dos recursos de amparo admitidos por el Tribunal Constitucional, en concreto al interpuesto porque la junta de tratamiento no le daba los permisos aduciendo que no cumplía los requisitos y que le llevó a presentar un incidente de nulidad, igualmente por problemas en las notificaciones y en los plazos. En este reciente documento remitido por el TC se le explicaba que, finalmente, se le había concedido abogado de oficio en el procedimiento.

El interno quiso aclarar posteriormente, a través de otro funcionario de vigilancia penitenciaria que le asiste, que no es que no hubiera querido firmar la notificación sino que “él por su discapacidad y aconsejado por su abogada presenta una tarjeta adaptada”, que textualmente y en mayúscula dice: “DISCULPE, SOY SORDO. NO SÉ LEER NI ESCRIBIR. NO PUEDO FIRMAR SIN CONOCER CONTENIDO. ¡POR FAVOR! NECESITO MEDIADOR COMUNICATIVO”, según ha podido comprobar eldiario.es Andalucía.

Fuentes de Insitituciones Penitenciarias explican a este periódico que se trató de una cuestión “puntual” ya que “ha habido otras diligencias que han firmado sin problema tanto el interno como el mediador” y que en esta ocasión no suscribió el documento por “voluntad propia”. “Decidió no firmarlo”, sentencian las fuentes. Aquel día “no lo firmó porque el mediador no estaba disponible ese día”, añaden, incidiendo en que “hay otros escritos firmados por el” y que aquella vez “era la primera vez que no firmaba”.

En cualquier caso, no es el único incidente que ha tenido este preso. Uno de ellos se refiere a la imposibilidad de visionar un vídeo adaptado a la lengua de signos por la incompatibilidad de los lectores que tiene el centro. También se le expedientó con una falta grave por retrasar el recuento de internos y no atender lo avisos de megafonía, obviando que se trata de una persona sorda. Ademas, la jueza de vigilancia ordenó el pasado enero que se le pusiera un intérprete para recibir un curso de violencia de género, que sigue sin hacer. “Ya se hace habitual y recurrente que las irregularidades con el interno son puntuales.... ¡pero no cesan!” , señalan sus representantes.

La notificación emana de un incidente de nulidad que se encuentra admitido por el Tribunal Constitucional precisamente porque “esta mala praxis es reiterada y le ha situado en indefensión”, lamentan. El Defensor del Pueblo estatal, revisados los antecedentes de una queja presentada por la familia del interno y archivada en octubre, ha acordado recientemente su reapertura y solicitar nueva información con relación a la atención facilitada a este hombre por parte de la Administración Penitenciaria.

Un programa “desconocido”

En el documento que rebrió la queja se hacía constar que se trataba de un preso en concreto de Algeciras pero que “es la generalidad del colectivo de internos con discapacidad auditiva la que soporta de forma continuada trato degradante, discriminación, pena en condiciones más gravosas, distinto trato y vulneración de la accesibilidad universal, con consecuencias imprevisibles, aunque el que está teniendo a su alcance un interlocutor cercano es el interno del C.P de Algeciras, dando así traslado a sus reclamaciones”.

En la queja se le trasladó al Defensor que, del 22 a 26 de octubre, el referido interlocutor asistió al curso de 'Capacitación para Educadores en el medio Penitenciario' donde se consultó por parte de distintos representantes de ONG, asociaciones implicadas y otros profesionales a los presentes por el conocimiento del 'Programa de Atención a Internos con Discapacidad' y su difusión, “resultando que la práctica totalidad lo desconocían y la persona que lo conocía no entendía cómo podía intervenir en su aplicación”.

Según se señaló en la queja, “es habitual que estos internos arrastren consecuencias negativas o peyorativas sin capacidad de explicarse, defenderse o corregirlas si son improcedentes, si nos atenemos a que les es hurtado su sistema de comunicación, siendo irrelevante la mayor o menor pericia, por otra parte común en el caso de los hablantes y que se debiera haber resuelto como establecen los fines constitucionales del cumplimiento de penas en condiciones humanas y de respeto a la persona.

“Numerosas vulneraciones”

“Queda patente que las situaciones presentadas no dejan lugar a dudas por mucho que se empeñen en enmascarar las presentes carencias y necesidades, que deben terminar admitiendo que no se resolverán sin la participación de personal debidamente formado en la comunicación con estos internos, complementado con organizaciones y recursos externos”, argumentaron ante el Defensor, que ha reabierto la queja solicitando “nueva información”.

Según concluye, “es conveniente ilustrar que estos internos están sometidos de forma permanente, imprevisible e ineludible a continuas órdenes, avisos, instrucciones, conflictos, inspecciones, transacciones, urgencias, traslados u otros procedimientos que reciben en un sistema de comunicación al que no tienen acceso y que les sitúa en permanente exclusión y aislamiento sensorial y que se producen en un contexto directo, inmediato y en un ámbito restringido, desvirtuando los resultados si no se resuelven in situ y que ocasionan numerosas vulneraciones que se mantienen sin la menor corrección”.

Un nuevo protocolo destinado a la atención de personas con discapacidad en el medio penitenciario, aprobado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no sin dificultades para su puesta en marcha, trata desde finales de mayo de acabar con algunas de las situaciones como las descritas pero, de momento, no impide que cosas como estas sigan ocurriendo en las cárceles españolas.

El citado protocolo, según ha comprobado este medio, no detalla cómo se gestionan concretamente las notificaciones de los escritos a una persona con una discapacidad como la de este interno si no median los funcionarios. En uno de sus apartados se “recomienda” que participen intérpretes, mediadores o guías-intérpretes en aquellos procesos más formales y que son susceptibles de concertar cita. La descripción detallada de cómo se articula cada trámite no está incluida en el protocolo, que no contempla procedimiento, herramienta, prácticas o interlocutores que intervengan en cada uno de los escenarios posibles en relación a personas sordas privadas de libertad.