¿Cuál es el rumbo del plan de recuperación económica y social de La Palma después del volcán?

El plan de recuperación no puede ser la suma de iniciativas y proyecto aislados desde cada sector. Es imprescindible una planificación general que de forma al modelo de isla hacia el que queremos ir y donde los proyectos sectoriales son las piezas que van encajando, como un puzle, para dar forma a ese nuevo modelo de isla, conscientes de que nos movemos en un ecosistema insular pequeño, diverso y frágil. Una caracterización del espacio insular desde la perspectiva de un modelo de desarrollo para el futuro, que nos permita abordar los retos de la emergencia climática y las crisis sanitaria y económica y, sobre todo, una nueva cultura del territorio que contemple el riesgo volcánico cuando hemos iniciado la etapa de las erupciones urbanas en el vulcanismo histórico.

Por eso preguntamos por cuál es el rumbo del plan de recuperación económica y social. Porque cuando se van a gestionar muchos millones de euros, a través de iniciativas aisladas sin contextualizar en el ámbito insular, corremos el riesgo de quedarnos en el “más de lo mismo” y desaprovechamos la oportunidad que tenemos para cambiar la isla, convertir la crisis volcánica en oportunidades para el futuro.

Pero, antes de cualquier otro aspecto, lo primero es ir resolviendo las necesidades perentorias de la población directamente afectada por la última erupción en Cumbre Vieja. Abrir las vías necesarias de comunicación sobre las coladas y encauzar la actividad económica. Sin olvidar que el proceso complejo de gestión de esta crisis tiene que hacerse con transparencia e información, contando directamente con quienes más han sufrido esta tragedia.

Después o paralelamente, tenemos que ir concretando como abordamos la intervención, con los recursos económicos recibidos, desde una perspectiva más amplia, en los diferentes sectores económicos. ¿Vamos realizando actuaciones puntuales y aisladas en el sector primario, turismo, construcción, energía, agua,… con el objetivo de volver a la situación anterior al volcán o levantamos la mirada, al ámbito insular y hacia el futuro, y nos planteamos aprovechar las circunstancias de la crisis volcánica para convertirla en un conjunto de oportunidades que diversifiquen la economía y creen riqueza y empleo local?.

Si nos decidimos por la segunda opción tenemos que cambiar las viejas inercias arraigadas en las políticas del territorio y sus recursos. Sin cambios no hay nada que hacer, por aquello de que “deja de hacer lo mismo si quieres que las cosas cambien”. No basta con el deseo de cambiar se requiere, también, una firme voluntad política ampliamente consensuada para que aparezcan los medios porque si no, lo que encontramos son excusas. Porque esto no va de protagonismos personales ni de ninguna entidad en concreto. Esto va de hacer frente a la mayor crisis que ha tenido La Palma en su historia y es el interés general de la isla el que debe estar por encima de cualquier otra consideración.

Cuando se gestionan recursos públicos es imprescindible tener una orientación contextualizada para optimizar las inversiones, porque se está formando parte de la imagen de un espacio insular en un momento en el que tenemos que abordar el reto de la crisis climática, en medio de una sanitaria que no quiere abandonarnos y, por si fuera poco, con una crisis económica que desde el 2008 no ha dejado de incrementar las desigualdades, la pobreza y el riesgo de la exclusión social.

Por eso nos preguntamos, al principio de este artículo, cuál es la dirección del plan para gestionar los daños causados por el último volcán en Cumbre Vieja. En este sentido, recordamos el refrán de que “velero que anda sin rumbo nunca encuentra viento a favor”. Y este es un riesgo que está ahí con las inversiones que se van a realizar en el valle de Aridane una vez terminada la erupción. Porque ha sido el modus operandi de las inversiones públicas en las islas, la ausencia de planificación sectorial como es el caso del energético donde La Palma y la mayoría de las islas no existen planes territoriales especiales de infraestructuras energéticas. Parece mentira, pero es lo que hay, una grave irresponsabilidad que un sector tan importante para el conjunto de la economía tenga estas carencias en la planificación.

Tiene que haber unos criterios que orienten las inversiones del plan de recuperación post volcán y estos, a su vez, se deberían determinar a partir del modelo de isla que queremos para el futuro de La Palma. Ahora tenemos una oportunidad para dotar a la isla de una identidad como hizo, en su momento, César Manrique con Lanzarote, que nadie pone en duda como esa imagen de isla ha contribuido a la economía de Lanzarote. No estoy indicando que tengamos que imitar a la isla conejera. Tenemos que definir, entre todos, nuestra propia imagen de isla.

En nuestro caso, hay que ir más allá del “Isla Bonita” que se debe a los valores del patrimonio natural que configuran un paisaje diverso y singular, los palmeros y palmeras nos hemos quedado embelesados por una cierta autocomplacencia, que ha impedido que la isla alcance otros valores y contenidos estéticos que la hagan más atractiva. No es suficiente con los aspectos externos que configuran una imagen, ya va siendo hora de que le demos contenido a la belleza insular y ese es el reto de la tarea pendiente que nos ha puesto este volcán para superarle, para ser más fuertes que él.

Desde el cansancio y la fatiga existencial de cuatro meses de la peor crisis volcánica junto a dos años de pandemia, sin olvidarnos el incendio de El Paso un mes antes de la erupción, es lógico y comprensible que se tenga prisa por poner término a esta especie de maldición que le ha tocado a la isla y, tanto a nivel individual como colectivo y sectores económicos demanden que, por una vez, las diferentes administraciones estén a la altura de las circunstancias y recuperen su naturaleza de ser, que no es otra que estar al servicio de la ciudadanía, de los contribuyentes, en la peor de las tragedias que ha tenido La Palma en su historia.

Hay una cultura desde las administraciones, bastante arraigada, de lentitud, burocracia agotadora e inútil, de actuar sin contar con la ciudadanía y los sectores afectados. La tarea es gigantesca y compleja, sin lugar a duda, hay faena para todos y hay, también, procedimientos y metodologías de participación comunitaria que habría que poner en marcha de manera urgente, porque ya se están tomando decisiones e iniciativas que los afectados se enteran por los medios de comunicación o no se les informa a cerca de los criterios que se siguen para que las donaciones lleguen a sus destinatarios. Es imprescindible habilitar un procedimiento directo y puntual de información transparente, que hoy hay medios técnicos para ello, para que los afectados se sientan acompañados por sus representantes en momentos tan difíciles. No añadamos más sufrimiento a esta tragedia.

No estamos en las décadas de los años cincuenta, cuando la erupción del San Juan, ni en los setenta del siglo pasado, cuando la del Teneguia, ha transcurrido algo más de medio siglo y la situación del territorio es otra completamente diferente. Las normativas de protección territorial empiezan en 1954 con la declaración de la Caldera de Taburiente como Parque Nacional, pero las que afectan directamente a las erupciones del entorno de Cumbre Vieja, como espacios con otras categorías de protección, se desarrollan a partir de la Ley 12/1987 de declaración de Espacios Naturales de Canarias para limitar, con buen criterio, los usos del suelo para proteger la riqueza de los valores del patrimonio natural de los diversos ecosistemas insulares.

Si añadimos que en febrero de 2020 el Cabildo declara la emergencia climática y hace unos meses se aprueba la agenda 2030 de la ONU para la concreción en la isla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que en septiembre 2019 firmó, también, el compromiso por la descarbonización de la isla, junto a un centenar de entidades públicas y privadas, que gestiona La Palma Renovable, como parte de la agenda de transición energética promovida, inicialmente, por la Px1NME. Entonces, la institución insular, los ayuntamientos de EL Paso, Los Llanos y Tazacorte y el resto de las administraciones locales, deberían tener claro cuáles son los criterios de referencia para trazar el rumbo del Plan de Recuperación de La Palma para abordar el complejo reto de la crisis volcánica con perspectivas de futuro.

Situémonos en el sector energético para poner un ejemplo concreto de actuación, que se contextualiza y orienta de acuerdo con los objetivos de la transición que, en los últimos años, se está desarrollando en este ámbito. Porque si el único objetivo del Plan de Recuperación, en este sector, es que la multinacional italiana Endesa restablezca el servicio eléctrico que han destruido las coladas, entonces no estamos entendiendo ni el significado ni los objetivos de la transición energética que se está desarrollando en la isla.

Nos referimos a cómo abordar la construcción de más de un millar de nuevas y definitivas edificaciones, tanto residenciales como comerciales e industriales, mirando hacia el futuro, ¿cuál sería el criterio general, el rumbo a seguir, sabiendo que las energías renovables van a ser las protagonistas del nuevo modelo energético insular?

En los tres municipios del Valle de Aridane hay 57 instalaciones fotovoltaicas, de las 138 que se encuentran en el total de la isla (https://lapalmarenovable.es/energia-en-la-palma/). Más de la mitad de la potencia instalada de autoconsumo en la isla se encuentra en los municipios de El Paso y Los Llanos, unos 660 KW y si tenemos en cuenta, además, que nos encontramos en una de las comarcas con mayor número de horas de sol anual, el rumbo a seguir es el de incorporar dichas edificaciones a la transición energética que ya está en marcha, como parte activa y protagonistas de la gestión de su demanda energética. De tal manera que, antes de las instalaciones de autoconsumo, las nuevas viviendas que se vayan a construir se hagan con los máximos criterios de eficiencia y ahorro energético, de acuerdo con las directivas de UE correspondientes (Directiva 2010/31/UE. Directiva 2018/844/UE) y el RD 732/2019 que modificaba el Código Técnico de Edificación del RD 314/2006 para su adaptación a las directivas de eficiencia en la edificación.

De tal manera que, a la hora de hacer los proyectos de construcción se hagan en base a una planificación urbanística con criterios bioclimáticos, con la finalidad de dar la orientación adecuada a las viviendas, que la envolvente consiga mayor eficiencia, la instalación de placas fotovoltaicas y el punto de recarga para vehículo eléctrico. Así conseguiríamos tres valiosos objetivos: bajar de forma considerable la factura eléctrica y la pobreza energética, que no es poco con la que está cayendo con el recibo de la luz, reducir la huella de carbono ayudando a frenar el cambio climático y mejorar la imagen de la isla en el camino de la sostenibilidad y soberanía energética, hacia una isla 100% renovable.

En consecuencia, para que estos objetivos se puedan alcanzar, las ayudas económicas que lleguen a los afectados, desde las administraciones, deben formar parte de una planificación edificatoria que contemple su papel en la transición energética a la que hemos hecho referencia y, además, que el gobierno canario y las administraciones locales de la isla ayuden e incentiven a los afectados, con partidas específicas para este fin, para que no signifique, en ningún momento, un incremento de costes. Así, al mismo tiempo que recupera el espacio habitacional u otras dependencias con una mayor confortabilidad, están participando, también, de forma activa en la descarbonización de la isla.

En este sentido, teniendo en cuenta la repercusión que los precios de la electricidad están teniendo en los consumos domésticos y, en general, en todos los sectores económicos, como estamos viendo estos días que se han duplicado los costes energéticos de los pozos de agua, poniendo en peligro su viabilidad económica, es necesario, de la misma manera que se están asignando importantes partidas económicas a diferentes sectores, solicitar al ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la consejería correspondiente del gobierno canario una partida económica específica que, en el marco del plan de recuperación, contribuya a reducir la dependencia del petróleo acelerando la transición energética que ya está en marcha en la isla.

Además, podemos contar con una Comunidad Energética Insular que ya está dando los primeros pasos con proyectos de autoconsumo compartido. Un marco jurídico que desde el IDAE y las directivas de la UE (Directiva UE 2018 / 2001, fomenta el uso de energía procedente de fuentes renovables, Art. 22) y (Directiva UE 2019 / 944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, Art. 16) permiten a los consumidores y administraciones locales, desde el ámbito de la gestión de la demanda, convertirse en clientes activos del sistema eléctrico, no solo para producir y consumir nuestra energía sino, también, para almacenar, compartir y vender.

Igualmente, habría que hacer con los demás sectores económicos.

En consecuencia, para que el Plan de Recuperación económica y social que nos permite abordar la crisis volcánica, cambie el modelo de desarrollo insular, es imprescindible un rumbo para que, al dejar de hacer lo mismo, otra isla sea posible.  

Antonio Cabrera

Febrero 2022