Las alegaciones a la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria que no entraron en el borrador del proyecto

Los trabajos previos a la redacción del anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria han deparado una serie de sugerencias de colegios profesionales, organizaciones del Tercer Sector y partidos políticos entre las que destacan la transferencia a los ayuntamientos de la competencia autonómica de conceder cédulas de habitabilidad de viviendas y descargar a los médicos de las cargas burocráticas que a diario consumen buena parte de su jornada.

Entre las alegaciones que tuvo la ley en un proceso de consulta previo, el Colegio de Arquitectura Técnica sugirió que el Gobierno de Cantabria cediera a los municipios la concesión de cédulas de habitabilidad, que es una competencia autonómica. Esta propuesta del colectivo de aparejadores tiene por intención agilizar la concesión de la misma, agilidad que espera se pueda aplicar a otros procesos. No obstante, el Gobierno de Cantabria es más partidario de suprimir la cédula sin más.

El pasado mes de mayo, ya el Gobierno de Cantabria anunció un decreto para eliminar la cédula de habitabilidad por considerarla un trámite que supone “una carga administrativa” para ciudadanos y empresas. En este sentido, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que dirige Roberto Media (PP) ha anunciado un decreto que fija las condiciones mínimas exigibles a las viviendas y suprima un trámite que, a su juicio, ha provocado “duplicidades y contradicciones que es necesario corregir”.

El PRC es la única formación política que presentó sugerencias durante el período de redacción del borrador. El interés de los regionalistas se ha centrado en descargar de cargas burocráticas a los médicos y profesionales clínicos en su labor diaria.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Cantabria ha demandado una mayor rapidez en los trámites para obtener los permisos para la apertura y el inicio de la actividad en industria y hostelería, así como la apertura de una ventanilla única en la que confluyan todos los trámites que un interesado quiera presentar.

Además, la patronal CEOE ha reclamado financiación para desarrollar el proyecto de simplificación, incluida la instrumentación de nuevas herramientas informáticas que posibiliten conexiones más ágiles con la Administración. Formación e información son, a grandes rasgos, las sugerencias de los empresarios.

Otro de los colectivos que ha expresado sus sugerencias ha sido el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), que hizo una propuesta que se ha incluido en el borrador: que la Administración preste ayuda y facilite el trámite a aquellos que tengan dificultad o no puedan manejar medios electrónicos, atenuando la brecha digital en la cada vez más habitual e intensa relación electrónica de la ciudadanía y las empresas con las instituciones. CERMI, además, ha pedido que el reconocimiento de algunas situaciones, como la de ser familia numerosa, sea permanente hasta su revocación, y por lo tanto no haya que renovarla anualmente si esta no se produce.

El propio anteproyecto recoge iniciativas para que el lenguaje con los administrados sea comprensible. En su disposición adicional segunda, la futura Ley de Simplificación reserva un apartado a lo que denomina 'Lenguaje claro y lectura fácil“, en especial para las personas con ”discapacidades de tipo cognitivo o que afecten a la cognición“. En este sentido, las administraciones deberán identificar los materiales, entornos y contenidos susceptibles de ser adaptados a lectura fácil y lenguaje claro, así como las acciones a desarrollar por los órganos responsables.