La doctrina del Supremo no avala la instalación de un centro formativo como el Náutico-Pesquero de Laredo en suelo de dominio público marítimo-terrestre

El Gobierno de Cantabria siguió adelante con la construcción y la posterior apertura del Centro de Formación Profesional Náutico-Pesquero de Laredo pese a la advertencia de que la doctrina del Tribunal Supremo no avalaba los usos formativos en el dominio público, dado los antecedentes ocurridos en otras comunidades. Esta es la doctrina en la que se apoyó la Dirección General de la Costa y el Mar para oponerse a que continuaran las obras, un parecer que fue desoído por el Ejecutivo autonómico en su momento.

El centro de FP ha sido inaugurado este viernes último por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, una vez ya iniciado el año académico con 73 alumnos y 18 docentes en sus aulas. El acto se granjeó las protestas de la plataforma vecinal contraria a la ubicación del inmueble, protestas consistentes en una concentración de representantes de la junta y pancartas en las ventanas de las viviendas próximas.

El centro dependiente de la Consejería de Educación de Cantabria tiene en su contra un movimiento vecinal, así como el Miteco, el Ayuntamiento de Santoña y el Defensor del Pueblo, que no han avalado el proceder seguido por el Ejecutivo cántabro, el cual invirtió cerca de cinco millones de euros en una instalación que podría estar en peligro si triunfa la postura que defiende que su ubicación ha incumplido la normativa. Actualmente, hay pendiente de sentencia un recurso presentado por el Gobierno de Cantabria contra la posición del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y que será analizado por la Audiencia Nacional.

El informe que finalmente emitió la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Miteco, fue fechado en junio de 2023 y basaba su argumentación en la preservación del uso del dominio público marítimo-terrestre para actividades relacionadas con el mar que no puedan tener cabida en otro lugar. Este no es el caso de la actividad formativa del Náutico-Pesquero de Laredo, cuyo emplazamiento podría haber sido otro.

Según se indica en el informe, la actividad de “uso educativo” no cumple el artículo 32.1 de la Ley de Costas. Este artículo dice textualmente que “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-marítimo para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.

La Dirección General de la Costa y el Mar cita precisamente la doctrina del Tribunal Supremo en una sentencia dictada por este en 2017 que le permite concluir que “se puede autorizar para instalaciones o actividades que no puedan tener otra ubicación, interpretación considerablemente restrictiva, no bastando que la ubicación sea adecuada o ventajosa, sino que por razón de la naturaleza de las actividades e instalaciones sea la única posible”.

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo mostró su apoyo a los vecinos de Laredo agrupados en la plataforma. La consulta fue hecha hace unos meses, cuando el centro no había sido abierto aún y la plataforma había recurrido la licencia de apertura concedida por el Ayuntamiento de la localidad, cuyo alcalde, Miguel González, es del PP.

La oposición vecinal recurrió al Defensor del Pueblo y este acabó pronunciándose en contra del proceder del Ejecutivo autonómico, al que ha recriminado no haber hecho todo lo posible para demandar un informe preceptivo de Costas, que se produjo finalmente fuera de plazo y era contrario a la concesión del permiso. Pese a no contar con el informe, el Gobierno también desoyó la petición ministerial de no seguir adelante con la construcción del edificio.

Tanto Costas, como los vecinos, y también el Defensor del Pueblo, consideran que el Gobierno de Cantabria tuvo que buscar otro emplazamiento para impartir formación que no necesariamente fuera el terreno del dominio público, en primera línea de costa. La formación no es considerada un uso apropiado para este dominio, reservado para actividades marítimas propiamente dichas. El Gobierno de Cantabria ya ha reiterado en varias ocasiones que su proceder fue correcto y que el centro tiene todos los beneplácitos legales.

Informe negativo

El informe de Miteco fue entregado al Gobierno en junio de 2023, fuera del plazo legal de dos meses. Por eso, el Ejecutivo cántabro lo consideró extemporáneo, al tiempo que no vinculante, por lo que ha hecho caso omiso de la oposición ministerial a la obra. Ello no ha impedido que el Ejecutivo haya presentado en agosto una demanda contra el parecer de la Administración central, demanda que acabó recibiendo el Tribunal Superior de Justicia, que se acabó inhibiendo y pasando el asunto a la Audiencia Nacional, donde está ahora. La demanda pide la anulación y la revocación del informe por ser “contrario a derecho”.

El Defensor del Pueblo entiende que los proyectos constructivos en dominio público han de contar siempre con “el informe favorable de Administración estatal en cuanto a delimitación, usos previstos y medidas necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo requisito aquellos no podrán entenderse definitivamente aprobados”.

El Gobierno de Cantabria tuvo que haber reclamado el informe de Costas, una vez superado el plazo [si el informe se dictó fue a demanda del propio Defensor del Pueblo]. “Parece que lo correcto es que la Administración que pretenda aprobarlo solicite de nuevo su remisión hasta obtener dicho informe, en lugar de continuar la tramitación sin este o, incluso, ejecutar el proyecto. La falta de emisión del informe estatal no puede prolongarse indefinidamente, pero la Administración que promueve el proyecto debe procurar obtenerlo y, por otro lado, aquella, elaborarlo en un plazo razonable”.

También entra en el fondo de la cuestión, en cuanto al tipo de equipamiento que se ha hecho, y ha indicado que, ya que no se trataba de construir un puerto o una infraestructura de transporte, el Gobierno de Cantabria tendría que haber buscado otro emplazamiento: “Aun si se entendiera que el procedimiento de aprobación de un proyecto podría continuar sin el informe favorable de la Dirección General, cualquier Administración que pretenda desarrollar un proyecto en dominio público marítimo-terrestre debe guiarse por el mandato de que solo es posible ocuparlo por actividades o instalaciones que por su propia naturaleza no puedan obtener otra ubicación”.

De hecho, la resolución del Defensor del Pueblo insiste en estos mismos términos: “Un uso educativo no es un uso portuario, ni siquiera un uso comercial o de restauración, que ha de decirse, son también usos permitidos por la ley según las modificaciones introducidas en 2013 y que, a juicio de esta institución, también deben ser interpretados conforme a los citados parámetros: que por su naturaleza no puedan ser ubicados fuera del dominio público marítimo-terrestre y que estén reconocidos en la adscripción”.

El centro de la polémica

'Puerto de Laredo' es el nuevo Centro Integrado de Formación Marítimo-Pesquera del Gobierno de Cantabria, un edificio construido por la empresa Tragsa, dividido en tres plantas, en las que se distribuyen las aulas, los talleres y los espacios para maquinaria.

Es el tercer centro integrado de formación profesional de Cantabria, después del CIFP Nº1 de Peñacastillo y el CIFP La Granja de Heras. Las obras se iniciaron en 2022 y se desarrollaron durante un plazo de 22 meses.

La instalación tiene una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, divididos en tres plantas de algo más de 800 metros cuadrados, en las que se distribuyen un total de 18 espacios educativos, entre los que destacan las aulas de frío, polivalente y de automatismos, los talleres de redería y velería, mantenimiento y reparación estructural, y los simuladores de radio, máquinas y puente.

Su oferta educativa se integra en la familia profesional náutico-pesquera e incluye los títulos de Formación Profesional Básica en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo (16 alumnos matriculados en el primer curso), Técnico de Grado Medio en Navegación y Pesca Litoral (9 alumnos en el primer curso), Técnico de Grado Medio en Mantenimiento y Control de Maquinaria de Buques y Embarcaciones (16 alumnos en el primer curso y 12 en el segundo curso), y Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura (20 alumnos en el primer curso).

Es un centro homologado para impartir certificados de profesionalidad necesarios para trabajar en el sector marítimo profesional, en ámbitos como primeros auxilios, seguridad en el trabajo, supervivencia en la mar, buques de pasaje o buques tanque, entre otros. Estos certificados de especialidad se renuevan cada cinco años y hasta ahora no era posible hacerlo en Cantabria.