Cuando no puedes abortar en tu propia provincia: “Te sientes culpable, clandestina”

Sandra y Claudia no se conocen. Viven en distintas provincias. Pero las une la historia de una travesía para poder interrumpir sus embarazos. Ambas debieron desplazarse muchos kilómetros para cumplir su derecho a abortar. La polémica ha vuelto a resurgir con el caso de Antonia Correa, una mujer murciana que ha logrado que el Tribunal Constitucional declare que sus derechos fundamentales han sido vulnerados al verse obligada a recorrer cientos de kilómetros para realizar una interrupción voluntaria del embarazo. La situación sigue afectando a miles de mujeres, a pesar de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de este año.

Cabe recordar que esta nueva normativa obliga a que los gobiernos regionales gestionen sus servicios para poder ofrecer la posibilidad de abortar a las mujeres en la sanidad pública. El servicio castellanomanchego de salud se encuentra actualmente en una situación en la que todo el personal sanitario ha declarado ser objetor de conciencia para realizar un aborto. En la región ya existe un registro de objetores.

Desde Castilla-La Mancha se puso en duda que esto fuera posible en el servicio regional de salud desde el principio. La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha reconocido en sede parlamentaria que hay dificultades para acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo en la región. Y también ha asegurado que “obligar” a que los abortos se hagan en el sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. La portavoz también ha defendido la idea de “concertar” este servicio para ofrecerlo con “intimidad”.

“Yo no quería que mi hija sufriese ni un sólo segundo fuera de mí”

Sandra debió viajar a Madrid para someterse a un feticidio. Luego tuvo que volver a Cuenca para poder dar a luz a su hija muerta. Es el resumen de una historia mucho más compleja, en la que siente que perdió el sentido de su vida y también el de su hija. “Fue recién en la semana 35 cuando vieron algo raro en mi bebé. En el tercer trimestre, a muy pocas semanas del término. Fue entonces cuando determinaron que tenía malformaciones severas a nivel cerebral y que era un bebé no viable. Que no iba a vivir cuando naciese”, relata.

La voz no le tiembla para explicar lo difícil del proceso que pasó. “Luego me dijeron que por lo menos mi caso sirvió para que el Hospital de Cuenca tuviese un ecógrafo nuevo. Imagínate mi alivio”, ironiza. Cuando logra asimilar los resultados de las pruebas, ella tuvo muy claro que quería interrumpir el embarazo. “Yo no quería que mi hija sufriese ni un sólo segundo fuera de mí. Ni uno solo”, afirma. Pero, a pesar de que el mismo Servicio de Salud de Castilla-La Mancha le informó de que tenía el derecho a interrumpir su embarazo, nadie le ofreció ninguna facilidad para atravesar el proceso.

“Les costó mucho empezar a mover mi interrupción. Me ponen trabas. Pero mi familia y yo, nos empezamos a mover por todos los medios para que yo pudiera cumplir el derecho que me garantiza la ley. Así se iniciaron los trámites para pasar un comité ético, con mucha celeridad. Yo lo tenía muy claro, sólo quería interrumpir el embarazo, a pesar de que me informaron de otras posibilidades, como que te acompaña un equipo si tu bebé nacerá nada más nacer”, recuerda. Pero ella no quería. Ella quería interrumpir el embarazo. “Yo lo dije, que tengo el derecho, que yo no quería que mi hija pasase por el parto y yo no quería que muriera en mis brazos. Así de claro”, resalta.

“Entramos en un limbo”

Pero las cosas no fueron tan sencillas. Finalmente, “tras mucha insistencia y mucha fuerza por parte de la abogada del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca”, el comité ético manda las pruebas que Sandra pasa fácilmente. “Porque ponía no viable. Y entonces entramos en un limbo que yo sentía como 'no sabemos qué hacer con esta mujer de 36 años que tiene una cesárea previa”, relata Sandra. “Me sentía como una patata caliente. Me dijeron que todos eran objetores de conciencia y que no se realizaba ningún aborto”, señala.

Entonces comenzó “un litigio”, una lucha, para ver dónde podían realizar el aborto voluntario. Las clínicas con las que la Gerencia Sanitaria de Cuenca tienen convenio, como la de El Bosque en Madrid, se negaron a realizar la interrupción por el avanzado estado de gestación de Sandra. “Les daba miedo asumir mi paso. No tenían cómo ingresarme. No tenían medios. Me tenían que mandar a un hospital corriendo”, recuerda. Finalmente, fue la Clínica Dator la que asume el caso, pero con la condición de que no podía dar a luz en el centro.

“En la clínica alucinaron con mi situación, con que algo tan severo se manifestase sólo en la semana 35. La ginecóloga manifestó su sorpresa por sororidad”, recuerda. Todo esto provocó que Sandra tuviese que viajar a Madrid en ambulancia, someterse a un feticidio, y volver con su hija muerta en su barriga para dar a luz en Cuenca. “Sin protocolos. Como una parturienta más. Como si mi hija no estuviese muerta. Estaba ahí como una embarazada más”. Incluso en esa situación, se sintió dejada de lado, menospreciada. “Eres la mujer que quiso abortar con la que nadie sabe qué hacer”, resume.

“Eres molesta. Eres la paciente a la que se le metió en las narices que quería interrumpir su embarazo y estás molestando”. Cuando comenzó a dilatar no le dieron ningún medicamento para aliviar el dolor. “Sin epidural y sin ningún tipo de calmantes. Ninguno. Y cuando di a luz, tampoco supieron cómo gestionarlo, porque no hay ningún protocolo para la situación en la que estaba mi hija”, recuerda. “Todo fue muy crispante. Te enteras de todo. Sé que de mí decían que para qué iba a interrumpir, si mi hija a iba a morir cuando le cortasen el cordón umbilical”, remata.

“No están formados y no cumplen la legalidad. Pero mi decisión de interrumpir el embarazo era igual de lícita que otras. Y nadie supo ayudarme. Me sentía culpable y clandestina, pero al final entendí que no. Y cuando llegué a la clínica me encontré con una manifestación antiabortista. Y tuve que mirar a esa gente a la cara con mi barriga de casi 37 semanas. Lo que no ven es una mujer con unos sentimientos, una mujer que cree que va a enloquecer de dolor”, concluye.

El testimonio de Claudia

La historia de Claudia también empezó con un embarazo deseado. “Lleno de ilusión y expectativas”. Esperaba a su primer hijo. Pero en la ecografía de las 12 semanas recibió la devastadora noticia de que su bebé sufría de agenesia renal bilateral. “Significa que el feto no había desarrollado ninguno de los riñones. Su esperanza de vida era de unas pocas horas si nacía”, explica. “No puedo describir el dolor y tristeza que sentí entonces, pero sabía que lo mejor para el bebé y para mí era someterme a un aborto”, relata a este medio.

Así comenzó su “largo y doloroso proceso” de esta toledana. “Debido a la duda de que esto pudiera volver a pasar en futuros embarazos, unos días después de la ecografía me realizaron una biopsia del feto, lo que resultó un proceso complicado. Si pinchan mal pueden dejar a la mujer con una bolsa de orina de por vida, lo cual no hubiera sido necesario si el legrado lo hubieran realizado en el hospital, pudiendo tomar ADN del feto tras la cirugía”, explica.

Mientras tanto, ella preguntaba qué pasos debía seguir para conseguir la cita para someterse a la interrupción de su embarazo. “Pero, para mi sorpresa, todos los médicos que me atendían aclaraban que no seguían ningún procedimiento y que ellos no podían ayudarme en el proceso”, lamenta. Y por eso, la “única” opción que tenía para no tener que pagar el aborto desde su propio bolsillo era presentarse en servicios sociales de su hospital de referencia con un informe médico. “Así conseguiría la documentación necesaria para pedir cita en un centro de aborto en Madrid, ya que en Castilla-La Mancha no hay ninguna clínica que lo realice pasadas las 12 semanas de embarazo”, explica.

Finalmente, su embarazo se interrumpió a las 15 semanas. “Durante todo el proceso me sentí criminalizada, clandestina, como si hubiera hecho algo malo. Me asignaron un número en servicios sociales y dejé de ser claudia para convertirme en un número más, lo cual no tenía sentido en absoluto, ya que estaba abortando por la salud del bebé y la mía”, recuerda. “Cuando llegué a la clínica de Madrid me encontré en un chalet, lo que aumentó aún más mi miedo y ansiedad. Debido a que necesitaba anestesia general mi mente no paraba de pensar en cualquier cosa que podría salir mal y lo lejos que estaba de casa me tenía muy preocupada”, afirma.

Su reflexión es que “todavía sigo sin comprender por qué los médicos hacen objeción de conciencia en estos casos. sabían que el bebé no podría sobrevivir sin riñones ¿cómo pueden negarse a realizar un procedimiento como este, tan necesario para la salud de la madre y el bebé?”. “El sistema de salud debe hacerse responsable de la situación y poner a disposición de las mujeres los recursos necesarios para realizar las cirugías en los hospitales. Esto no solo garantiza la salud y bienestar de los pacientes, sino también demostraría que el sistema sanitario se preocupa por el bienestar emocional y físico de las mujeres”, concluye.

Cambios en la comunidad autónoma

En Castilla-La Mancha, el Servicio regional de Salud, SESCAM, señala que no hay novedades más allá de lo anunciado el pasado 24 de mayo por Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad, quien recalcó entonces que aunque se está preparando el registro de facultativos favorables a realizar interrupciones de embarazo, “se dijo que tendría que ser el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud quien marcase el protocolo de cómo llevar a cabo este registro”.