Igea, sobre la confesión de Ulibarri: “Me alegro mucho de no haber estado nunca en su lista de la compra”

La Junta de Castilla y León reacciona a la confesión de Ulibarri de cinco delitos enmarcados en la trama Gürtel en Boadilla del Campo (Madrid) y advierte que “todas esas cosas” serán “parte del pasado” a partir de ahora. “Me alegro mucho de no haber estado nunca en su lista de la compra”, ha subrayado en varias ocasiones el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha prometido que se cumplirá el acuerdo de gobierno. Si alguien “tiene dudas” sobre la relación de Ulibarri e Igea, “que repasen lo que dijeron de nosotros sus hombres de confianza”.

Según el acuerdo de gobierno, las empresas lideradas por alguien condenado por corrupción no podrán recibir fondos públicos. Ante las cesiones de las empresas de José Luis Ulibarri en favor de sus hijos, Igea ha apuntado: “No podremos exigir el cumplimiento de algo que no afecta a alguien que no esté condenado”. El portavoz del gobierno autonómico ha calificado de “muy bueno” que se establezcan este tipo de normas y de “muy sano” que la gente “entienda que este tipo de comportamientos no son aceptables”.

Según ha confesado él mismo, el empresario de medios de comunicación y construcción, José Luis Ulibarri, es autor de un delito contra la Hacienda pública, de otro de tráfico de influencias, de un tercero de prevaricación, de un cuarto de fraude a la Administración Pública y de un quinto de falsedad en documento mercantil. Así lo ha confesado a dos meses de que comience el juicio por las presuntas corruptelas desarrolladas por la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Campo (Madrid), 

Igea ha recomendado la lectura de un artículo suyo publicado en un medio local llamado 'Un silencio espeso' y la lectura de la confesión de Ulibarri, un empresario que ha reconocido “que compraba voluntades de políticos para obtener beneficios”. Esta confesión coincide con la creación de la Agencia contra el Fraude, una entidad que “evitará que esto suceda”, que nadie, “por muchos medios y capacidad de presión que tenga”, pueda “torcer” la voluntad de la Administración de la Comunidad.