La PAH plantea una fórmula para seguir evitando desahucios tras la impugnación de la ley catalana
Tras la suspensión el viernes de las principales medidas en materia de vivienda de la ley contra los desahucios y la pobreza energética, sus impulsores –la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC– no se han quedado de brazos cruzados. El gobierno de Rajoy llevó al Tribunal Constitucional las herramientas que planteaba la ley para corresponsabilizar a los grandes propietarios ante las situaciones de exclusión residencial, pero a pesar de la falta de estas medidas, el grupo promotor de la ley ha puesto sobre la mesa un “Hoja de ruta inicial para evitar el retroceso en los derechos que la ley 24/2015 protege”.
El president Carles Puigdemont ha convocado una cumbre este martes con los impulsores de la ley, los grupos parlamentarios, algunos de los principales ayuntamientos catalanes y entidades sociales para responder a la impugnación del gobierno del PP. El portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha querido dejar claro que no irán a “hacerse la foto” y que por eso plantea medidas muy concretas que apelan al Govern, al Parlament y a los ayuntamientos. Las medidas planteadas por la PAH se basan en parte en legislación que ya estaba vigente antes de la aprobación de su ILP, pero que sin embargo no se aplicaba.
La ley catalana del derecho a la vivienda del 2007, a pesar de haber sido recortada por CiU al inicio del primer mandato de Artur Mas, todavía contempla multas a los pisos vacíos, que la PAH reclama desde 2013 que apliquen los ayuntamientos. Ahora vuelven a poner el acento en eso. De la misma ley también reclaman el censo para detectar todas las viviendas que no cumplen su función social, la expropiación temporal de los inmuebles en mal estado de conservación para su rehabilitación, y la aplicación del principio de solidaridad urbana, que establece la necesidad de un 15% de vivienda social.
Por otra parte, la PAH reclama adaptar normativas para incorporar los criterios que estableció la ley contra los desahucios ahora suspendida. Es el caso de las Mesas de Emergencia de los municipios o la Generalitat, para las que reclaman que los criterios de exclusión residencial se sigan definiendo como estableció la ley. También reclaman a las administraciones seguir utilizando el mismo criterio –todavía vigente– para calcular el precio de una vivienda social: los gastos en vivienda y suministros básicos no deberían superar el 30% de los ingresos de la familia.
Desplegar los artículos vigentes
En cuanto a la pobreza energética, las medidas que estableció la ley siguen vigentes y sus impulsores reclaman una vez más su aplicación. “Hace nueve meses que la ley está vigente y aún no se ha terminado de desplegar”, critica Macías. María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, ha remarcado la importancia de la firma de los convenios con las compañías suministradoras de luz, agua y gas. La ley establece que las administraciones deben establecer convenios con las suministradoras para que estas concedan ayudas a fondo perdido a las familias que no pueden hacer frente a los recibos o descuentos sustanciales en el coste. Hoy por hoy, la respuesta en estos casos pasa por ayudas de los ayuntamientos, y la APE critica que se destinen fondos públicos sin corresponsabilización de las entidades.
La ley también establece que las compañías no pueden cortar los suministros a las familias en situación de vulnerabilidad y antes de efectuar un corte deben pedir un informe a servicios sociales. Desde la PAH aseguran que sólo se está aplicando este principio en los municipios en que los ayuntamientos cubren los recibos impagados por las familias y no en aquellos en los que las suministradoras no tienen asegurado el cobro de las facturas. La hoja de ruta presentada por la PAH reclama también la actuación de oficio de la Generalitat para sancionar las suministradoras en estos casos.
“El PP es un impedimento para garantizar derechos”
A los partidos del Parlament la hoja de ruta les reclama que velen por el cumplimiento de estas leyes y ejerzan su capacidad legislativa para garantizar el derecho a la vivienda. El foco, sin embargo, está sobre las candidaturas a las elecciones del 29J. Excepto el PP, todos los grupos del Congreso se han comprometido a retirar el recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy si llegan a la Moncloa. La PAH les recuerda también, que esto debe ir vinculado a sus cinco exigencias de mínimos, que extenderían a todo el Estado los derechos recogidos en la ley aprobada por el Parlament y ahora recurrida.
En cuanto al Partido Popular, la PAH envía un mensaje contundente: “El PP nos envía un mensaje muy claro, es un impedimento para garantizar nuestros derechos, así que no podemos permitir que siga gobernando”, ha declarado Carlos Macías. “Ha suspendido cualquier ley de cualquier comunidad autónoma que garantizara el derecho a la vivienda”, ha añadido. Durante esta campaña, una vez más, la PAH se encargará de recordarlo.
Consulta la hoja de ruta propuesta por la PAH, la APE y el DESC:
