Cerca de 600 organizaciones de consumidores, ecologistas y ciudadanas de todo el país se han unido para exigir a los Ministerios de Sanidad y Consumo medidas para apoyar la producción y comercialización agroalimentaria de pequeña escala, el ámbito agroecológico y la economía local. En el caso de Castilla La Mancha también exigen que se adopten medidas que ya se han tomado en otros territorios respecto a estos sectores.
Las organizaciones reclaman la apertura de los mercados alimentarios, apostar desde la administración por las producciones locales o medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas. Así, bajo el hashtag #SOSCampesinado, agricultoras, ganaderas y diversas productoras cuentan públicamente la situación de vulnerabilidad que vive este sector de la economía local.
Estos colectivos han remitido una carta a los dos ministerios donde piden que se dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los “mercados no sedentarios de proximidad”. Se trata de una segunda misiva tras la enviada anteriormente y que fue respondida, según afirman, con “evasivas”.
Explican que el cierre generalizado de los mercados alimentarios por la interpretación “excesivamente restrictiva” de gobiernos locales y autonómicos están haciendo que las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia de la COVID-19 estén generando “costes inasumibles a los productores y productoras locales”.
“Esta situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además de estar incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos, y, lo que es más grave, que no lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más sanos frente a los procesados”.
Las organizaciones firmantes remiten a los protocolos de seguridad e higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que los mercados de proximidad y otros circuitos cortos de comercialización “puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante esta crisis”. Recuerdan que estos canales de venta directa facilitan el acceso a la ciudadanía de bienes de primera necesidad en condiciones óptimas de seguridad e higiene que “suelen ser superiores a las de cualquier supermercado”. En concreto, citan la regulación que se ha hecho en Baleares o en Galicia.
También, de cara a mitigar el impacto económico que está provocando esta crisis en las economías campesinas, entre otros motivos por la inactividad del sector hostelero, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones para que apuesten por las producciones locales, las de origen extensivo y las agroecológicas en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; o medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.
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