Trampas y obstáculos en las Zonas de Baja Emisión

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que regulan el acceso a las zonas urbanas en función de las emisiones de los vehículos motorizados son una de las principales medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades europeas. Aunque se introdujeron hace dos décadas, las ZBE tuvieron una gran aceptación tras la adopción de la Directiva de la UE sobre la calidad del aire en 2008, y tras el escándalo del Dieselgate en 2015 con las consiguientes demandas judiciales presentadas por la sociedad civil. 

En nuestro País la normativa que rige las Zonas de Bajas Emisiones es la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en la que se establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible antes de 2023 orientados a reducir las emisiones ligadas al transporte, así como en los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados por el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.

El debate sobre la implementación de las ZBE en las ciudades españolas ha sido relevante desde su inicio y en el movimiento vecinal hemos tratado el problema en numerosas ocasiones. El Ministerio Transportes y Transición Ecológica, por su parte, ha iniciado una serie de estudios para definir de manera coordinada qué se considera una ZBE auténtica, porque la picaresca tan típica de la cultura española también se refleja en esta cuestión. Se busca evitar que cada municipio interprete la Ley a su manera, creando zonas que no cumplen con los objetivos de reducción de tráfico y contaminación. La meta es garantizar que las ZBE realmente contribuyan a la mejora de la calidad del aire y a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la disparidad del criterio en el ámbito municipal era algo que ya se sabia que ocurriría y que el Ministerio no quiso ver en su momento.

Se busca desenmascarar aquellas áreas que, aunque implementadas, no cumplen con su propósito de reducir el tráfico y la contaminación. La Ley de Cambio Climático exige que todas las ciudades españolas asignadas tengan una ZBE operativa, pero solo una minoría lo ha logrado, y no siempre de manera efectiva. Detrás de esto se esconde también una disputa entre los distintos partidos y su visión sobre el cambio climático provocando la deslealtad institucional al utilizarse las administraciones públicas como campo de batalla. Un gran número de urbes sigue retrasada en la implementación de sus ZBE, algunos incluso sin haber iniciado los trámites necesarios. Esta situación ha motivado una investigación del Defensor del Pueblo, quien ha solicitado información a varios ayuntamientos sobre el estado de sus proyectos.

Aunque la normativa estableció que todas las grandes ciudades deberían contar con una ZBE desde enero de 2023, solo unas pocas lo han hecho de manera efectiva. De hecho, se ha tenido que establecer una prórroga de 18 meses más hasta finales del presente año. Muchas ciudades han adoptado medidas insuficientes o simbólicas, sin impacto real en la reducción de la contaminación. Ejemplos significativos, en Sevilla, la ZBE se implementó en La Cartuja, una pequeña zona empresarial con poco tráfico. Similarmente, Zaragoza ha delimitado un área minúscula en el centro (una plaza), y otras ciudades como Valencia, a pesar de tener diseñadas las áreas, solo aplican restricciones durante picos de contaminación.

No podemos tampoco olvidar que la ley de cambio climático y transición energética habla de otras medidas que no se han implementado y que dificultan la vida de la ciudadanía: medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, o medidas de transición justa que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y territorios, incluyendo la identificación de colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono.

En definitiva, relajar o retardar, equivale a un retroceso intolerable en el derecho a la salud de las personas.