El Gobierno quiere eximir de evaluación ambiental las obras que implican cambios de usos y de espacios en los puertos
“La delimitación de los espacios y usos portuarios, dado que no ostenta la naturaleza de plan ni de programa, no está sometida a evaluación ambiental estratégica”. Esta es la redacción del que sería un nuevo apartado en el artículo 69 de la Ley de Puertos que eximiría a los responsables de los puertos españoles de la supervisión ambiental cuando realicen obras que impliquen cambios de usos y de espacios. La modificación forma parte de un borrador de decreto-ley que corrige el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 2011 para su “adaptación a la normativa de la Unión Europea en materia de servicios portuarios”.
El documento fue enviado el pasado mes de mayo a responsables portuarios por el director de Explotación de Puertos del Estado, Leandro Melgar, para que le hicieran llegar comentarios. En la carta, el alto cargo explica que el objetivo del decreto es la adaptación a la legislación europea, y añade: “Ello no obsta para que consideremos necesario realizar ajustes técnicos dirigidos a dar coherencia a la normativa que se proyecta sobre los servicios portuarios en orden a evitar situaciones que dificultasen el normal desenvolvimiento de estas actividades e, incluso, que dieran lugar a cierta litigiosidad”.
En la introducción del documento se hace referencia explícita a “una modificación relativa al instrumento delimitador del perímetro portuario con el fin de expresar indubitativamente que, dado que este no ostenta la naturaleza de plan ni de programa, no está sometido a evaluación ambiental estratégica”. Y en la parte dispositiva se redacta la modificación concreta del artículo 69.
El Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos asegura que se trata de un mero “documento de trabajo”, ya que el Gobierno está en funciones “y no tiene prevista ninguna medida legislativa de este tipo”. Sobre su contenido, asegura que “la modificación del instrumento delimitador del perímetro portuario ha devenido urgente por la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios que han generado una situación de inseguridad jurídica que paraliza la adecuada gestión del dominio público portuario y que debe solventarse a la mayor urgencia”.
Sin embargo, añade: “Se está preparando una reforma normativa en la que se está trabajando desde Puertos, aunque no hay nada concreto todavía”. La puntualización de Fomento rebaja cierta inmediatez en el cambio que se contempla en el mencionado borrador y que podría tener repercusiones de calado. Sería la culminación de una deriva legislativa que sustituyó en 2011 en la Ley de Puertos la anterior referencia a la figura del “plan de utilización de los espacios portuarios” por una “propuesta de delimitación de los espacios y usos portuarios”. Un paso de “plan” a “propuesta” que, en el caso de prosperar el borrador de decreto ahora en estudio, acabaría eximida explícitamente de evaluación ambiental en los cambios de usos.
Un caso práctico se presenta actualmente en el Puerto de Valencia, con la decisión de la Autoridad Portuaria que preside Aurelio Martínez de cambiar el proyecto del macromuelle norte, trasladar el muelle de cruceros y crear una zona de almacenamiento de contenedores de 1,3 millones de metros cuadrados, amparándose en el informe de evaluación ambiental del proyecto de ampliación de las instalaciones emitido por el Ministerio de Medio Ambiente en 2007. Sostiene el Puerto de Valencia que la construcción de un nuevo dique de abrigo de 500 metros, la eliminación de un contradique o la demolición del muelle de cruceros no necesitan nuevos informes ambientales. Las consecuencias de futuro de esas obras tienen que ver con la contaminación del barrio marítimo de Natzaret por el humo de los cruceros o la construcción, para facilitar el tráfico de miles de camiones, de un acceso norte de gran impacto en la comarca de l'Horta, entre otros aspectos que no será necesario evaluar, según la postura de Puertos.
Fomento reconoce, en relación con los efectos prácticos que el borrador de decreto-ley tendría sobre las ampliaciones y cambios de usos en puertos como el de Valencia, que “la aclaración incluida facilitará la tramitación al eliminar la actual inseguridad jurídica creada”.
