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Cincuenta familias gallegas reclaman a la Justicia educación en casa ante la falta de garantías sanitarias en las aulas

Varios estudiantes, en un aula de un colegio con distancia de seguridad y gel hidroalcohólico disponible.

Daniel Salgado

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Al agitado inicio del curso escolar en Galicia le sigue una calma tensa. Las movilizaciones con las que la comunidad educativa recibió las medidas adoptadas por la Xunta para hacer frente al coronavirus en la escuela encontraron sordina con la llegada del otoño y tras la defenestración de la que fuera conselleira hasta las elecciones de julio, Carmen Pomar. Pero los problemas continúan. Así lo han considerado 50 familias de alumnos, que han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por considerar “ineficaz” el protocolo del Gobierno gallego para las aulas, sobre todo en lo que respecta a “personas vulnerables”, sean alumnos o quienes viven con ellos. La demanda reclama medidas cautelares de urgencia que paralicen la obligatoriedad de ir a clase presencial y habilite docencia a distancia.

Publicado en el Diario Oficial de Galicia el 28 de agosto, el documento oficial, que marca el día a día en los colegios, prescribía el establecimiento de “grupos de convivencia estable”, denominados también “grupos burbuja”, “formados por un número reducido de alumnos y un tutor/a de referencia”, que deberían “evitar la interacción con otros”. Esto se aplicaría en educación infantil y en el primer ciclo de primaria. Para los mayores -ESO y bachillerato-, distancia, limpieza, desinfección y ventilación del lugar. Según las familias demandantes, no es suficiente.

“Desde por lo menos marzo, los científicos hablan ya de contagio por aerosoles. Algunas de las medidas de la Xunta no sirven”, explica una de las promotoras de la acción colectiva, además madre y profesora, “pero lo más preocupante es que no tienen en cuenta a la gente vulnerable”. Se refiere a aquellos niños y niñas escolarizados que conviven con personas enfermas o a aquellos alumnos que sufren directamente enfermedades de riesgo.

Es en base a estas circunstancias que exigen se paralice la asistencia obligatoria a los colegios y los expedientes por absentismo que, señala, la Xunta ya ha puesto en marcha contra familias que entienden no se dan las garantías sanitarias adecuadas. Y que se establezcan los medios para una educación telemática de calidad. “Los están remitiendo a servicios sociales. No puede ser”, señala, “los padres y madres son los últimos responsables de la salud de sus hijos y de los vonvivientes con ellos, y la consellería no da soluciones”.

Esta misma persona pone un ejemplo de las “situaciones paradójicas” que se pueden dar en su oficio. “Si en A Coruña, donde doy clase, se decreta una alerta naranja por temporal, ¿qué hago con las ventanas que están abiertas para mantener la ventilación?”, se pregunta, “si las dejo abiertas, los chavales se mojan. Si muevo a aquellos que están próximos a las ventanas, incumplo la distancia entre ellos. Y si cierro las ventanas, no hay ventilación. ¿Qué hacemos?”.

Las 50 familias han presentado dos demandas con idéntico contenido, la segunda ellas este mismo martes 27 de octubre.

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