El coche eléctrico, ¿condenado a ser un artículo de lujo para ricos?

El recién clausurado congreso de Faconauto, la patronal de los concesionarios de coches, ha puesto sobre la mesa algunas reflexiones cuyo alcance excede con mucho las reivindicaciones concretas que allí se han formulado. Su presidente, Gerardo Pérez, ha señalado que la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país, la que conforma la denominada clase media, se está quedando fuera de la transformación que está experimentando la movilidad.

A su parecer, estamos abocados a ello debido a que “la aceleración artificial del proceso de descarbonización que se está impulsando desde la Unión Europea, secundada por nuestro Gobierno, corre el peligro de polarizar el mercado de la automoción, con una minoría que sí puede acceder a las nuevas tecnologías y una mayoría que, por renta, se tiene que conformar con seguir conduciendo vehículos viejos y contaminantes. Es una transición que casi nadie entiende, porque Europa es el único mercado del mundo en el que se está eligiendo la prohibición y no la elección de los compradores para impulsar el vehículo eléctrico”.

Tras las invectivas de Pérez se esconden algunos hechos y tendencias de los últimos tiempos que no se pueden ocultar. El más visible y alarmante es, desde luego, el encarecimiento de los coches, muy superior al alza de la inflación y especialmente acusado en el caso de los modelos eléctricos. La mayor parte de la población mira a estos últimos con la mezcla de fascinación y lejanía que genera todo aquello que nos resulta deseable, pero absolutamente fuera de nuestro alcance.

Alguien dirá que al precio de los coches eléctricos -y de los híbridos enchufables- hay que descontarle un buen pico gracias a los incentivos de los diferentes planes Moves. Es cierto, tanto como que la obtención de las ayudas es de una enorme complejidad burocrática y que el dinero adelantado se recupera, en su caso, meses y en ocasiones hasta dos años después.

Además, es bien sabido que el importe de la ayuda debe tributar a Hacienda en la declaración de la renta, de manera que lo que el esforzado solicitante acaba recibiendo se halla siempre por debajo de lo prometido en un principio.

Sumemos a este panorama la creciente desigualdad que impera en muchas sociedades occidentales, entre ellas la española, y el resultado que arroja el cóctel no se aleja mucho de lo que teme el presidente de Faconauto: el alejamiento progresivo de la clase media de productos como los coches, sobre todo si se trata de eléctricos. Cada vez más, estos serán exclusivos de clases pudientes y de early adopters igualmente en una posición económica desahogada.

Tal vez algún lector recuerde un tributo que existió en nuestro país entre 1957 y 1986, cuando se derogó para dar paso al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) y a la entrada de España en la Unión Europea. Aquel Impuesto sobre el Lujo, como se denominaba, gravaba “la adquisición o disfrute de bienes superfluos o que representen mero adorno, ostentación o regalo, así como aquellos servicios que tengan el mismo carácter o supongan una comodidad manifiestamente superior a la normal”.

Si dejamos a un lado las peculiaridades del lenguaje de la época, percibiremos que el mercado del automóvil, al igual que otros, podría estar retrocediendo inadvertidamente hacia la situación de hace 65 años; es decir, a una polarización como la que describe Gerardo Pérez, en la que cada vez menos personas tendrán acceso a bienes que, como los coches, volverán a ser considerados artículos de lujo.

Los 'peligros' de la norma Euro 7

Como ha hecho hace poco el líder de Anfac -la patronal de fabricantes-, Wayne Griffiths, Pérez ha alertado sobre los riesgos que para él supone la nueva norma Euro 7, prevista para 2025, que va a exigir a las marcas inversiones milmillonarias para reducir -de una manera que se juzga poco significativa- las emisiones de sus modelos de combustión. Esta normativa europea ahondará, dice, en la polarización de la movilidad y reducirá nuestro mercado de la automoción, entre otras razones porque traerá consigo un nuevo encarecimiento de los precios de los coches.

De esta manera, prosigue, se acentuará el retraso que nuestro país ya arrastra para cumplir los objetivos de electrificación, lo que, inevitablemente, también debilitará un sector tan esencial para la actividad económica y el empleo. Por ello, el presidente de Faconauto ha pedido que el Gobierno se oponga a la aprobación de la norma y que aclare, al tiempo, si dentro del modelo de movilidad para el que está legislando de cara al futuro incluye o no al vehículo privado. 

Por último, Pérez considera esencial, para que no haya una movilidad de “dos velocidades” en España, que las familias sean ayudadas en esta transición al vehículo eléctrico mediante medidas que ya considera “urgentes”. En concreto, ha abogado por un Plan Moves que sea percibido como una ayuda directa a la adquisición de eléctricos, con la reducción del plazo de pago al comprador, y por un plan de descarbonización basado en la neutralidad tecnológica, esto es, que no privilegie a unos sistemas de impulsión de vehículos sobre otros que puedan lograr los mismos efectos.

También ha pedido “despejar el embrollo burocrático que supone instalar un punto de recarga” y articular una fiscalidad que haga más atractiva a ciudadanos y empresas la movilidad eléctrica.