Vitoria: el tranvía avanza, el debate continúa
![Pancarta en una de las viviendas donde acabaría el recorrido del tranvía sur](https://static.eldiario.es/clip/6b327f69-7640-4dc9-b582-10339dc2d65b_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Aparentemente, 1,4 kilómetros de vía no justifican veinte meses de obras ni casi diez millones de euros. Al menos así es para la plataforma Tranvía Sur No, que lleva meses mostrando su rechazo al proyecto de ampliación del metro ligero vitoriano desde el centro de la ciudad hasta el campus universitario. Bajo la premisa de que San Cristóbal “no necesita” tranvía, un puñado de ciudadanos muy activos se han agrupado y han apuesto al alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran (PNV), en el punto de mira. Además, boicotean con pintadas y carteles las obras ya iniciadas en algunos puntos del recorrido.
El nuevo tramo de tranvía recorrerá Angulema hacia Domingo Martínez de Aragón, junto a la universidad, a través del puente de Las Trianas y de la calle de Nieves Cano. Los vecinos que se sumaron a la agrupación y que emplean el naranja como color de sus protestas están en contra del “derroche que supone esta obra”: “En 7 minutos estamos en Angulema [la parada más cercana] y el tranvía tardará más. Además, tenemos por aquí varias líneas de autobuses que funcionan muy bien” afirma la portavoz de Tranvía Sur No, Begoña Seco. El Ayuntamiento, en cambio, argumenta que de lo que se trata es de unir el Sur de Vitoria y singularmente la Universidad con una red más amplia que da servicio al centro, a la Avenida de Gasteiz, a los barrios Lakua e Ibaiondo, al hospital de Txagorritxu y a Abetxuko. Este servicio fue inaugurado -tras años de debate- en 2008 y ha contado con una muy buena acogida ciudadana, hasta el punto de que en 2017 alcanzó 8 millones de usos.
“Un grupo de vecinos estaba haciendo cosas por su cuenta, hasta que un día nos juntamos unos poquitos y convocamos una reunión informativa en el barrio”, relata Seco sobre la creación de Tranvía Sur No, que recuerda a las movilizaciones que en su día tuvieron lugar en Abetxuko cuando el Ayuntamiento optó por sustituir los autobuses azules de Tuvisa por los vagones verdes del tranvía.
“Nos juntamos unas 300 personas. Algunos no sabían nada del proyecto aún. A partir de ahí formamos una plataforma y posteriormente nos integramos en la asociación vecinal Hegoaldekoak, la del barrio de San Cristóbal, el más afectado por la ampliación”, abunda Seco.
La asociación sale a la calle cada jueves, asiste a los foros de movilidad del Ayuntamiento, organiza mesas informativas y ha recogido 6.500 firmas en contra del proyecto cuando, como cuenta su portavoz, “en el barrio viven 6.000 personas”. El recorrido, en un intento de satisfacer las quejas de los vecinos, se ha modificado en cuanto a su diseño inicial: en Nieves Cano se mantendrán las aceras, sustituyendo uno de los dos carriles de tráfico por la traza del tranvía, manteniendo los aparcamientos y los árboles que existen en la actualidad en la calle Nieves Cano y construyendo una única vía bidireccional.
Urtaran no fue puesto contra las cuerdas únicamente por los vecinos del sur de Gasteiz: en octubre del pasado año, PP, Irabazi, EH Bildu y Podemos se pusieron de acuerdo en aprobar una consulta popular en torno al tranvía sur. Gorka Urtaran, que la consideró ilegal, y el Gobierno vasco llevaron dicha decisión a los tribunales, alegando que incumplía “claramente la ordenanza municipal” y que paralizar los trámites “supondría una serie de indemnizaciones que tendría que pagar el Ayuntamiento”. Básicamente, Urtaran alega que la obra es competencia del Ejecutivo vasco y que los referendos locales sólo pueden debatir asuntos municipales.
El 5 de marzo, ya con un tramo de la calle Florida levantado y el material de obra listo en el campus, el juez dio luz verde a la consulta. Pero el alcalde insiste en que no la convocará: “Prefiero recibir fuertes críticas de la oposición a que la ciudad se pare y pierda oportunidades de gran calado que le permitan seguir progresando”. Begoña Seco afirma que “es curioso, porque dicen que cuesta dinero y afecta a las empresas, pero desde el 23 de octubre que salió aprobada la consulta del Ayuntamiento, si la hubiéramos celebrado en ese momento, ya sabríamos el resultado y no habría que indemnizar a nadie”.
A finales de noviembre estaba previsto el inicio de las obras según el Gobierno vasco, pero estas no comenzaron hasta enero, incumpliendo el plazo previsto. La plataforma Tranvía Sur No ha denunciado, sin respuesta aún, que el Ayuntamiento tiene que modificar el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para que esa obra se adapte a lo que marca, modificación que “está sin aprobar definitivamente todavía”. Las lonas de Florida aparecen una y otra vez pintadas con afirmaciones de que los trabajos son “ilegales”. Según Seco, esta habilitación “la tiene que hacer el pleno, y hasta que no se apruebe, no se puede empezar una obra de estas características”. La obra fue adjudicada en septiembre por Euskal Trenbide Sarea (sociedad pública del Gobierno vasco) a las empresas Tecsa y Altuna y Uria.
Aunque la principal razón de Urtaran para defender el proyecto sea el avance de la ciudad, no todos los que reclaman una consulta popular quieren dar voz al rechazo, sino “impulsar el proyecto”. Por ejemplo, Miren Larrión, portavoz de EH Bildu, que asegura que “este proyecto no sólo no se va a paralizar, sino que los ciudadanos lo van a impulsar con mucha fuerza”. Larrión, como Urtaran, tampoco quiere retrasos: “Estamos dispuestos a dar voz a los ciudadanos, pero pedimos rapidez”. La suspensión de la moción fue impulsada por el alcalde y los concejales del PNV y del PSE-EE, y el Ayuntamiento tiene ahora un auto judicial en contra: “Cuanto antes se celebre menores serán los perjuicios para Vitoria-Gasteiz”, asegura el juez en el auto. Larrión, además, afirma que “Urtaran ha generado un problema judicializando una decisión aprobada por la mayoría del pleno”.
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“Ilegalidad”, “desinformación” e “impacto”
Begoña Seco afirma que “para hacer una consulta hay que dar información, y el alcalde no quiere porque tiene miedo”. La respuesta ciudadana es vinculante y el Ayuntamiento deberá hacer “lo que salga, teniendo en cuenta a las personas. A los que vivimos aquí y a toda la ciudadanía, porque el dinero sale del bolsillo de todos”. Sobre el auto, Seco afirma que si lo que le preocupa al alcalde es que haya costes económicos al retrasar la obra o la negativa de la ciudadanía, “el juez ya le ha dicho que celebre cuanto antes la consulta para que no haya tantos costes económicos”.
La plataforma culpa a Urtaran del retraso al haber recurrido la moción aprobada por los grupos municipales, que fue aprobada en octubre. “Ahora parece que van a recurrir ese auto y saldrá una sentencia. Teniendo en cuenta lo que ya ha dicho el juez, muy duro contra el PNV y el PSE-EE, supongo que la sentencia será parecida”. A la plataforma no le extraña que Urtaran se mantenga en su postura y creen que lo que no quiere es enseñar el proyecto: “Creemos tiene miedo de que la gente lo conozca, porque sabe que hay ilegalidades y cosas que no están bien”. Recrimina al alcalde el que no haga caso a las decisiones del pleno municipal por mayoría, ni al juez, “porque no le interesa”.
El proyecto se basó en un convenio que firmaron Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento en diciembre del 2015, “en el que se dice que se va a hacer un estudio informativo” para hacer el tranvía al sur que conecte definitivamente con la línea de Abetxuko, el norte, según Seco. Ese acuerdo está basado en el Plan de Movilidad del año 2007, “pero en ese plan lo que ponía era que se iban a estudiar alternativas para el transporte al sur”, relata la portavoz. “Cuando se presenta el proyecto, el estudio informativo dice cuáles van a ser los impactos para el barrio cuando llegara el tranvía, y empezamos a ver que ese proyecto tenía unas consecuencias ecológicas, sobre el tráfico, sobre la viviendas, …” y, además, que “se recortan 300 árboles del recorrido, se quitan 200 plazas de aparcamiento que ahora son gratuitas [no así las de Florida, zona OTA] o recortan las aceras porque quieren seguir con el tráfico”.
Seco, además, afirma que hay una ley estatal, porque Euskadi no tiene una propia para ello, que dice que hay que cumplir la normativa sobre la distancia entre el tranvía y las fachadas. “Los motivos para rechazar este proyecto son la ilegalidad, los impactos y el dinero que cuesta. Vamos viendo todo el procedimiento administrativo, que no contestan a las alegaciones que los vecinos hacen en contra… Es decir, todo un proyecto que se está imponiendo sin tener en cuenta a la vecindad”.
Por ahora la obra de ampliación del tranvía tan sólo se ha iniciado en su tramo común con Salburua: el tramo entre Angulema y la calle de Los Herrán. Pero el material de obra ya espera también en Domingo Martínez de Aragón. El avance hasta el Este no está ni siquiera definido, pero también está empezando a levantar algunas voces en contra. En concreto, las de la asociación Bizikleteroak, que mediante un documento de catorce páginas extendido a la ciudadanía presenta trece alegaciones al “Estudio informativo de la prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª fase”.
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Por otra parte, el estudio del tranvía al Oeste ya está contratado por un coste de 172.500 euros. Su ampliación hasta el barrio de Zabalgana estará reflejada en un documento que se presentará en abril de 2019. Vitoria, en paralelo, también contempla implantar un Bus Eléctrico Inteligente dentro de un plan de movilidad sostenible. Este proyecto también está cofinanciado por el Gobierno vasco. Para paliar los efectos de su implantación, ya se prevé crear nuevos espacios de aparcamiento en Ariznabarra.
Pidiendo que se cumplan las normas, que se pregunte a la ciudadanía y recriminando que tras el proyecto “hay un gran negocio donde el dinero se lo llevan las empresas, Euskotren y más”, Tranvía Sur No está a la espera de una contestación a sus demandas y de un juicio en el Tribunal Superior de Justicia contra el Gobierno vasco. Tienen frentes abiertos y los jueves seguirán saliendo a la calle e informando para que el proyecto no salga adelante. “Pedimos que busquen alternativas que sean mucho más baratas, que no requieran obras”, defiende Seco. “No han hecho estudios de demanda, no saben qué gente lo va a usar. En el barrio nos quedamos con el tranvía, funcione o no funcione y con el gasto que supone”, zanja.