Los vertidos ilegales continúan en el polígono industrial de Güímar pese a la causa penal abierta en Tenerife

Los vertidos ilegales de aguas residuales en el litoral del polígono industrial de Güímar, donde hay implantadas 250 empresas que emplean a unos 3.000 trabajadores, continúan a pesar de la causa penal que sigue abierta en un juzgado de Tenerife y de las sanciones impuestas a España por la Comisión Europea (en este caso por la depuradora de aguas residuales urbanas).

Este periódico ha realizado una visita al tramo del polígono que pertenece al municipio de Arafo y ha podido constatar la existencia de derrames incontrolados en dos conducciones, aparentemente aliviaderos de aguas pluviales, en tierra, pero que acaban filtrándose hacia el mar.

En uno de estos puntos negros, situado junto a la vía del polígono paralela a la costa, puede observarse un arroyo de aguas de color marrón, con mal olor y turbidez propios de aguas residuales, con espuma y presencia de mosquitos. Al acercarse, se aprecia que es una corriente constante, cuyo rumor se escucha a metros de distancia.

No parece que se trate de vertidos esporádicos, pues en torno a esta fuga se aprecia un manto verde, en medio de la aridez de este litoral, con diversas especies arbustivas y enredaderas, e incluso palmeras exóticas, que han proliferado gracias al alimento que proporcionan estas aguas fétidas, como muestran las imágenes que acompañan a esta información.

En otra conducción, que desagua junto a la citada carretera, la situación es similar, aunque con menor cantidad de vertido que la anterior en el momento de la visita. En las grandes piedras de basalto que delimitan la carretera del polígono del litoral pueden leerse pintadas de protesta: “No más contaminación papelera” y “esta agua apestosa es de la papelera del polígono”.

Nada tendría de raro en la costa canaria dar con efluentes ilegales como estos, pues hay cerca de 280 en todo el archipiélago sin autorización, según el último censo divulgado el pasado año por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno regional. Pero sí sorprende en una zona industrial donde esta ilegalidad es precisamente el motivo de una causa penal abierta en los juzgados a raíz de una denuncia de Izquierda Unida Canaria (IUC) y de Sí Se Puede a mediados de 2017, y que ha forzado a los ayuntamientos y al Cabildo a tramitar la construcción de una estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI).

La visita por esta franja del litoral sureño estuvo guiada por el concejal de IUC Francis Hernández, uno de los firmantes de esa denuncia, que asumió la Fiscalía de Medio Ambiente. El edil se lamenta de que ni siquiera tener el foco de la Justicia sobre esta costa haya parado el daño al medio ambiente. Y es que, aun sin permiso, se supone que el único punto de salida de aguas negras que ha permitido la Justicia es el propio emisario submarino, a la espera de que se construya la depuradora, un proyecto ya redactado por el Cabildo de Tenerife y para cuyo trámite final solo falta el plan de etapas para el despliegue de esta infraestructura que resta por aprobar al Ayuntamiento de Candelaria, tras hacerlo hace poco más de una semana el de Arafo, y antes el de Güímar. El propio consejero de Aguas del Cabildo, Manuel Martínez (PSOE), se ha llegado a quejar recientemente del retraso de los municipios en completar ese trámite.

Así que, en realidad, las aguas negras que se vierten en otros puntos diferentes al emisario, a cielo abierto, cuanto menos debieran estar entubadas hacia esa conducción principal, donde desde no hace muchos meses se hace un cribado de los residuos mayores (lodos), aunque este paso sea insuficiente para cumplir con el tratamiento que exige la legislación europea (algo que solo ocurrirá cuando entre en funcionamiento la EDARI). Se queja también el edil de IUC de que por uno de estos derrames al mar la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) impuso una sanción de apenas unos cientos de euros.

Un aspecto que llama la atención es que en toda esta costa, de fácil acceso al mar al tener baja altura y playas de callaos, no exista ningún cartel que desaconseje el baño, ni siquiera en el entorno de estos vertidos malolientes próximos al océano. Varios núcleos de población, cuyo origen fue la autoconstrucción ilegal, y algunos en dominio público o su servidumbre de protección, arrojan sus desechos líquidos al mar en el entorno del polígono sin el tratamiento que exige la normativa comunitaria.

Nada fácil llevar el asunto a los tribunales

El concejal de IUC asegura que llevar este asunto a los tribunales no ha sido fácil, pero está convencido de que esta acción conjunta con Sí Se Puede en los municipios de la zona ha sido la que ha espoleado a los ayuntamientos y al Cabildo para buscar soluciones a este desastre medioambiental, tras décadas de mirar para otro lado, por lo que al final se beneficiará toda la sociedad de que al fin se arregle este problema.

De hecho, se está construyendo ya la estación depuradora de aguas residuales urbanas del Valle de Güímar (España ha sido condenada a una multimillonaria sanción por esta flagrante ilegalidad en esta y otras comarcas del país), y está en avanzado trámite ya el proyecto para la citada EDARI, cuya ejecución costará cerca de siete millones de euros.

A raíz de esa denuncia se desencadenaron, aparte de las citadas, muchas diligencias judiciales y administrativas. Así, y tras un decreto de cierre del emisario, un juzgado de lo Contencioso Administrativo en Santa Cruz dio un primer plazo, ya vencido a principios de 2018, para que se pusiera en marcha la infraestructura de tratamiento de aguas residuales exigida por ley.

En ese tiempo los ayuntamientos realizaron un censo y análisis de vertidos de las empresas y núcleos poblacionales, y además se invirtieron 55.000 euros en el emisario submarino, para al menos eliminar los lodos. Hay que destacar que la autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente y de Costas para este emisario caducó en 2011, y fue en 2013 cuando los ayuntamientos recepcionaron el polígono, cuyo estado de abandono es notorio, aunque ha mejorado en algunas partes en cuanto a limpieza, sobre todo en la zona de Güímar.

La alcaldesa de este municipio, Carmen Luisa Castro (PP), ha manifestado esta semana que los consistorios desconocían que esa conducción carecía ya de permisos.

Tras terminar ese periodo de gracia judicial y a la vista de los avances conseguidos en el ámbito administrativo, el mismo juzgado volvió a ampliar el plazo, como medida cautelar, para que las administraciones públicas culminen las acciones necesarias que pongan fin a esta ilegalidad de manera definitiva.

En un auto, el juez considera que el interés general de preservar los valores medioambientales de aguas costeras de buena calidad que exigen las directivas europeas y la legislación sobre aguas y salud pública resultan protegidos con las medidas que han llevado a cabo los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar, en coordinación con el Consejo Insular de Aguas, adscrito al Cabildo.

Se da la circunstancia de que cuando se presentó la denuncia, el pasado año, el habitáculo de la EDARI existía, pero no funcionaba, precintado desde 2015.