Los perceptores del Banco de Alimentos acusan al Ayuntamiento de Vitoria de “entorpecer” el reparto
Los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Vitoria ya no comparten con los centros distribuidores del Banco de Alimentos los expedientes de los perceptores de estas ayudas. Al eliminarse la coordinación entre ambas partes, a la hora del reparto, surgen dudas sobre si los demandantes cumplen los requisitos exigidos. “No sabemos si les corresponde o no recibir los alimentos. ¿Cómo sabes si están cobrando la RGI o si se les ha acabado? ¿Cómo sabes si están recibiendo otra prestación?”, se preguntan en las asociaciones vinculadas al servicio. Los responsables del reparto desconocen con exactitud la situación real de cada solicitante, una información que sí manejaban hasta que, a finales de enero, llegó la prohibición de la concejala de Asuntos Sociales, la popular Ainhoa Domaica. La concejala del Gobierno de Javier Maroto decretó no derivar a las familias que acuden a sus servicios de base a esos centros distribuidores de comida. Desde entonces, se están dificultando las entregas.
Antes de la orden, los perceptores, al recoger sus lotes de alimentos, presentaban un justificante expedido por los técnicos del Departamento municipal. En el documento, que se actualizaba periódicamente, se hacía constar si eran o no merecedores de la ayuda. “Ahora sólo tenemos su palabra y una pila de papeles que hemos de revisar pormenorizadamente para evaluar si su situación es la misma que la última vez que acudieron al servicio. No podemos hacer ese trabajo. Estamos colapsados. Así no podemos seguir”, explica una de las encargadas del reparto.
Actos de protesta
Los perceptores van a agruparse en una plataforma para emprender una serie de actos de protesta frente al Ayuntamiento, quieren denunciar esas trabas administrativas que se encuentran al reclamar las ayudas. “Hay que forzar una solución. Si vamos 100 personas podemos conseguir algo. Por separado no tenemos fuerza, así que nos estamos organizando”, explica Arturo Aberásturi, un joven ya no recibe el lote mensual que le proporcionaba alimentos básicos.
Salvo en contadas excepciones, en las que se saltan el mandato porque “la situación de los demandantes es de extrema gravedad”, según confiesan representantes de las entidades colaboradoras, los trabajadores municipales no pasan ningún expediente. “Las asistentes sociales del Ayuntamiento me dijeron que tenían las manos atadas la última vez que hablé con ellas y no me derivaron a mi centro de distribución habitual. Tengo que alimentar a mi hija y peregrino por las parroquias mendigando leche o legumbres ”, confiesa Idoia Mielgo, una de las usuarias del sistema.
Estos organismos distribuidores creen que la solución pasaría por unificar datos de todas las administraciones. Incluso una de las entidades colaboradoras está diseñando un programa piloto que centralice el reparto.
