Vox deja agonizar el Presupuesto andaluz hasta el último momento para hacer valer su poder dentro del Gobierno de PP y Cs
El Parlamento andaluz acoge esta tarde el debate a la totalidad de los primeros Presupuestos del Gobierno de PP y Ciudadanos, bajo la amenaza real de una enmienda de Vox que puede devolver el proyecto de ley a la Junta, obligándole a trabajar con las cuentas prorrogadas de 2018. Si eso ocurre, quedarían sin efecto algunos de los incrementos de gasto millonario en sanidad y educación anunciados a bombo y platillo por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno.
Mientras PP y Cs se debatían, este martes, en si debían trasladar un mensaje más o menos optimista respecto al debate del miércoles, el partido de Santiago Abascal decidió prolongar la incertidumbre el máximo tiempo posible. Cerca de las diez de la noche, Vox envió un whatsapp a los periodistas con este mensaje: “Acaba de finalizar la reunión que han mantenido durante horas un día más representantes de Vox y PP SIN ACUERDO. Las reuniones se retomarán mañana desde primera hora”.
Y ese es el mensaje político de Vox, pase lo que pase en las próximas horas: puede que el grupo de extrema derecha retire in extremis su enmienda a la totalidad, o puede que deje caer el primer Presupuesto de un Gobierno andaluz no socialista. Da igual. Mientras toda España está pendiente de los pactos autonómicos y municipales, Vox ya ha hecho valer desde Andalucía su peso e influencia en un Ejecutivo de PP y Cs. Sin formar parte de él, pero con un control de la situación sobre el debate parlamentario más importante del año que sus aliados en el poder no tienen.
El mensaje para todos -particularmente para Ciudadanos, que es el socio más reticente a fotografiarse con los ultraconservadores- es que la gobernabilidad de Andalucía depende de los 12 diputados de Vox. La agonía política que ha sufrido en las últimas horas el Gobierno andaluz -incapaz de garantizar que sus Presupuestos vayan a salir adelante- ha llegado a los oídos de todos los negociadores que ultiman pactos de gobiernos municipales antes del sábado, cuando se constituirán los más de 8.000 ayuntamientos de España. Vox tiene la llave. Durante los próximos cuatro años de legislatura, puede mantener la amenaza y el dedo suspendido sobre el botón rojo del pánico, esperando, como ahora, a que PP y Cs maniobren a la desesperada, y se presten a cambiar leyes y modificar sus Presupuestos para evitar que el mandato descarrile.
Riesgos para la economía
A los cinco meses de legislatura, la estabilidad del primer Gobierno andaluz de centro derechas se juega en varios escenarios políticos. Uno es el Parlamento autonómico, donde este miércoles se someten a votación las enmienda a la totalidad de Vox, PSOE y Adelante Andalucía (Podemos-IU). El otro es la Asamblea de Madrid, donde acaba de cristalizar un pacto “a la andaluza” entre PP, Cs y Vox para controlar la Mesa de la Cámara, y donde ya se ha anunciado con matices un Gobierno de coalición.
La Junta de Andalucía asegura que las negociaciones en Madrid “no tienen nada que ver” con la complicada coyuntura presupuestaria que afrontan hoy. Pero en realidad, los recelos de Vox contra el Presupuesto andaluz no pueden corregirse en el marco de un debate a la totalidad. Como explicó el propio consejero de la Presidencia, Elías Bendodo: “Una enmienda a la totalidad no se negocia. Se presenta o no se presenta”. Y si se presenta y es votada por la mayoría de la Cámara, se interrumpe de inmediato el trámite parlamentario. El órdago de Vox, anunciado la semana pasada, no puede modificar en seis días “el espíritu” de un Presupuesto de 36.500 millones de euros. “Las grandes cifras de ingresos y gastos son inamovibles”, admite la Consejería de Hacienda, que ha propuesto a Vox una negociación de luces largas: asentar ahora el Presupuesto de 2019 -con un margen de ejecución de apenas cinco meses- y encarrilar ya las cuentas de 2020, que serán el primer ejercicio completo que diseñe el nuevo Gobierno.
Los de Abascal discrepan del diseño global de las cuentas -“que podría haberlas elaborado el PSOE”-, y exigen el desmantelamiento de un centenar de entes instrumentales, agencias públicas o fundaciones de la Junta. El PP asegura haber eliminado en cinco meses 101 órganos de la llamada “Administración paralela”, pero el 80% de esos entes ya estaban sin funciones en el mandato anterior y el ahorro de su extinción definitiva ha sido testimonial. Vox ha exigido más y Hacienda replica que el trámite legal y burocrático para adelgazar el sector instrumental, donde trabajan 26.000 empleados públicos, es “demasiado complicado para hacerlo de una sola vez”.
Pero el problema no está en los números. Esto lo admite hasta la cúpula del Ejecutivo autonómico. El objetivo de Vox no es corregir a toda prisa las cuentas andaluzas, sino hacer valer su peso político en Andalucía. Y en Madrid. Y en las cuatro comunidades autónomas y 20 grandes ayuntamientos donde la gobernabilidad pasa por un entendimiento entre PP, Cs y Vox.
La comunicación abierta entre el PP andaluz y la extrema derecha no ha servido para acabar con la incertidumbre a las puertas del debate a la totalidad. El coste político de ver caer las primeras cuentas andaluzas es alto, por eso la Junta redobló la presión pública sobre Vox a 24 horas del debate. Bendodo hizo el martes “un llamamiento a la ”responsabilidad y la prudencia“ para desbloquear el pacto in extremis, con un discurso monográfico de 10 minutos dirigido exclusivamente al partido de Abascal.
El consejero y portavoz de la Junta dibujó un panorama catastrófico, consecuencia de que Vox lleve hasta el final su amenaza: el crecimiento económico de Andalucía, la estabilidad del Ejecutivo, la confianza de los mercados, la mejora de los datos del paro, la promesa de la bajada de impuestos, el número de viviendas terminadas, incluso el plan de reducción de las listas de espera en sanidad dependen de la decisión de Vox en las próximas horas, vino a decir Bendodo. El PP trata de igual a igual a Vox y a Ciudadanos. “Somos las tres fuerzas del cambio”, asegura. El portavoz sostiene que las 37 medidas del acuerdo de investidura firmado por PP y Vox “se han ejecutado todas o están en vías de ejecutarse”, y que la alianza a tres “es para los cuatro años de legislatura, y aún quedan 44 meses por delante”. Esta parte de su mensaje de toma de conciencia sobre lo que está en riesgo no sólo va dirigida a Vox, también a Ciudadanos, que sigue marcando distancias tácticas con los de Abascal. “Nosotros ni negociamos ni gobernamos con ellos”, insisten.
Sacrificar el 2019 y negociar el 2020
Hay preocupación en el seno del Gobierno bipartito, pero la presión que se ejerce desde dentro hacia Vox es desigual. El PP aprieta más intensamente, mientras Cs se muestra menos reacio a dejar caer las cuentas de 2019 para centrarse en negociar las de 2020, ya sin la contaminación política y mediática de los pactos municipales y autonómicos. La dificultad de desatascar el Presupuesto andaluz esta semana radica, sobre todo, en que ha coincidido con las negociaciones cruzadas entre partidos para constituir los gobiernos municipales el próximo sábado.
En el llamamiento a Vox, el PP es más proactivo que Ciudadanos. Y no es casualidad, porque son los naranjas quienes están bajo el foco de la extrema derecha. Vox les acusa de ningunearlos, “de pretender aprobar presupuestos durante cuatro años sin sentarse con ellos”. “Y eso es imposible”, dicen. Está en juego un Presupuesto de 36.500 millones de euros, el primer giro leve en las políticas que han ejercido los gobiernos socialistas en los últimos 37 años.
Pero el debate se circunscribe al ámbito de lo simbólico: Vox quiere retratar a Ciudadanos como aliado de la extrema derecha y dentro de la tríada conservadora, expulsándolo definitivamente de su posición centrista y liberal. Los populares están cómodos con esta fórmula, que han pedido exportar al resto del territorio. Los naranjas se han resistido, han proclamado en sus órganos ejecutivos que ni negociarían ni cogobernarían con Vox, pero el pacto con el PP y el partido de Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid y de Murcia anticipa el mismo resultado que vivió Andalucía cinco meses antes: una alianza entre derechas y extrema derecha, frente a un bloque de partidos de izquierda, divididos y malavenidos.
