El veto de Vox al Presupuesto andaluz abre una crisis entre PP y Ciudadanos a los cinco meses de formar Gobierno
El llamado pacto “a la andaluza” -un Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox- era el modelo exportable al resto de España hasta este jueves, cuando las costuras han saltado, dejando al descubierto los riesgos de esta alianza de dos velocidades. El veto de Vox al proyecto de Presupuestos andaluces para 2019 ha abierto la primera crisis de Gobierno entre los socios: PP y Cs.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), asume ya “toda la responsabilidad” si las cuentas no prosperan. El titular de Presidencia, Elías Bendodo (PP), trabaja a dos bandas: pide calma y responsabilidad a Vox, prometiéndole “más generosidad” en la revisión del Presupuesto; y pide también a su socio naranja que acceda a hacerse la foto con Vox en la misma mesa de negociación. Pero Ciudadanos se resiste. Esa foto es mucho más que una foto. Es una declaración de intenciones que proyecta la alianza PP-Cs-Vox a las cuatro comunidades autónomas y 20 capitales donde es posible exportar la triple alianza andaluza de las derechas para arrebatar del poder a la izquierda. Sólo que esta vez, el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, exige estar dentro de los gobiernos que se constituyan para no cometer el “error” andaluz. “Todas las negociaciones están relacionadas”, ha dicho Abascal, para confirmar que la enmienda a la totalidad de su grupo en Andalucía está directamente relacionado con las negociaciones con PP y Cs en Madrid.
Albert Rivera huye de esa foto por la misma razón que huyó de la foto junto a Pablo Casado y Abascal en la manifestación de la Plaza de Colón: porque eso diluye su perfil centralista, porque aleja a Ciudadanos del Partido Liberal Europeo, porque ponen en riesgo su presencia en Barcelona (ahora en manos de Manuel Valls que ha vetado los pactos con Vox) y porque escora su posición política definitivamente hacia la derecha. Su hombre fuerte en Andalucía, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ya ha respondido que sería un mal menor la prórroga del Presupuesto en vigor. “Si finalmente no se aprueban las cuentas del 2019, trabajaremos en las de 2020”, dice.
Éste es el retrato de la placa tectónica andaluza con apenas cinco meses del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Los temblores sacuden el Parlamento con una enmienda a la totalidad de Vox, socio preferente de la Junta, pero el epicentro de este terremoto está en Madrid, no en Sevilla. PP y Cs han acusado este jueves a la formación de Abascal de estar usando el debate presupuestario andaluz “como moneda de cambio”. Los naranjas creen que quiere forzar a Rivera a vincularse políticamente a Vox en un nutrido grupo de ayuntamientos y parlamentos regionales, entre ellos, tres capitales andaluzas: Granada, Córdoba y Jaén. “No se puede canjear un Presupuesto de 36.500 millones de euros por una foto”, se queja el portavoz de Cs en el Parlamento, Sergio Romero.
La enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del primer Presupuesto andaluz de PP y Cs lleva aparejada esa primera exigencia, mucho más significativa en términos políticos que reclamar nuevas partidas de gasto. Vox rechaza las cuentas porque son “continuistas” con las políticas del anterior Gobierno socialista, porque “no reflejan un cambio real de modelo”, porque no desarrollan las 37 medidas recogidas en su pacto de investidura con el PP, con especial incidencia en revertir el gasto en políticas contra la violencia machista y la igualdad de género; anular la Ley de Memoria; endurecer el control migratorio o ser más ambicioso en la rebaja fiscal. Pero una enmienda a la totalidad no discute capítulos sueltos, sino “el espíritu global” del Presupuesto. El propio Bendodo lo admitió: “Una enmienda a la totalidad no se negocia. Se presenta o no se presenta”. Y si se presenta y prospera, se cierra de golpe el debate presupuestario.
Vox ha consumado su amenaza, pero también se ha prestado a retirarla si PP y Cs mueven ficha. Y han empezado a moverla, pero de momento cada uno en una dirección distinta. Los populares acercándose, los naranjas quietos. Es difícil imaginar un nuevo acuerdo que modifique sustancialmente un Presupuesto de 36.500 millones en sólo seis días, antes de que la enmienda de Vox se someta a votación en el debate de totalidad el miércoles 12 de junio. Para el PP, es menos difícil que en estos seis días, Rivera claudique con la exigencia de Vox y acepte fotografiarse con la extrema derecha, asumiendo su condición de aliado necesario de Abascal dentro y fuera de Andalucía.
Moreno Bonilla busca ya un equivalente a esa imagen, con el vicepresidente Marín sentado a la mesa junto a los portavoces de Vox en el Parlamento. De momento, el órdago de Vox ha abierto una grieta entre los socios de Gobierno, que pretendían “encapsularse” para salvaguardar su acción política de las presiones externas en torno a los pactos municipales y autonómicos. Marín no se sentará con la ultraderecha, confirman desde Cs, porque después de escuchar a Abascal ligando el Presupuesto andaluz a la negociación sobre el Ayuntamiento de Madrid, “tampoco cambiaría nada.
Más preocupado se muestra el PP, que promete ya “más generosidad” para con las reclamaciones de Vox. “Puede que no aprobar un Presupuesto con un periodo de ejecución tan corto -cinco meses- no tenga tanto impacto económico, teniendo en cuenta que las cuentas actuales están prorrogadas. Pero sí tiene un coste político”, explican fuentes de Hacienda. Los naranjas, en cambio, le restan dramatismo y tratan de esquivar el órdago de la extrema derecha. Rivera no teme una prórroga de las cuentas andaluzas, en tanto se terminan de cerrar los gobiernos municipales y autonómicos en el resto del país. “Una enmienda a la totalidad no va a bloquear a este Gobierno, que es sólido”, protesta Marín.
Pero el PP no quiere encajar el desgaste político que supondría ver decaer su primer proyecto de Presupuesto a los cinco meses de formar Gobierno. Fue un empeño personal del presidente Moreno Bonilla, y de su consejero de Hacienda: presentar las primeras cuentas “del cambio” con tan poco tiempo para elaborarlas y en mitad de un calendario viciado por las fechas electorales (generales, autonómicas, municipales y europeas). La idea era transmitir un mensaje de estabilidad, de rigor, de no desaprovechar ni un minuto al frente de la Junta en un momento de crecimiento económico en Andalucía vaticinado por todos los analistas, y ante el riesgo de un periodo de desaceleración que ya está afectando a España.
Bajo esta premisa, el PP ve como posible salida a esta pequeña crisis una minicumbre a tres bandas, sentados a la misma mesa su socio de investidura (Vox) y su socio de Gobierno (Ciudadanos). Para ello, debe de convencer a Marín y por extensión, a su jefe de filas, Albert Rivera. Los naranjas continúan haciendo un complicado ejercicio de contorsión retórica para negar cualquier vínculo político con Vox. “Ciudadanos no negocia con Vox, negocia el Gobierno de PP y Ciudadanos”. Pero los de Abascal buscan la foto de los tres para proyectar esa imagen al resto de mesas negociadoras donde se dirimen los gobiernos autonómicos y municipales de toda España.
El debate de totalidad será el miércoles 12 y las tres enmiendas registradas por la oposición -PSOE, Adelante Andalucía y Vox- se votan de forma conjunta. Tanto los socialistas como los diputados de extrema derecha defienden que esta coincidencia de voto “será entendida” por sus simpatizantes, porque en el marco del debate, “cada uno vota su enmienda por sus propias razones”. Las de Vox y Adelante (Podemos-IU) son que el Presupuesto de PP y Cs no difiere mucho del último que presentó el PSOE. La razón de los socialistas es que las cuentas inauguran los recortes sociales. El proyecto de ley necesitará en esta primera votación más ríes que noes: PP (26 diputados) y Ciudadanos (21) suman 47 escaños. El PSOE (33) y Adelante (17) suman 50. El desempate está en manos de los 12 de Vox. Si los de Abascal se echan atrás, se iniciará la negociación sobre el articulado con la posibilidad de modificar el proyecto de ley, partida a partida, a través de enmiendas parciales. El debate final es el 18 de julio.
