La construcción de vivienda protegida en Andalucía desde la crisis de 2008 ha venido reduciéndose hasta casi desaparecer. Entre 2019 y 2022 no se construyó ninguna nueva vivienda protegida según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aunque el problema no sea el déficit de construcción de vivienda sino la infrautilización del parque privado, el dato ejemplifica una tendencia de largo aliento en la administración pública: la de no intervenir sobre la cuestión de la vivienda, lo que no contribuye en ningún caso a la desaparición del problema.
En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía, de los cuales el 67% fueron desahucios de inquilinos, un incremento del 49% en apenas dos años. Si bien la proporción de hogares en alquiler sigue siendo minoritaria en relación con la propiedad, es un tipo de tenencia que tiende a aumentar a pesar de la inflación de los precios del alquiler.
Más allá de la escasa o nula producción de vivienda protegida en Andalucía, se trata de una política que, desde hace décadas, se preocupa más por proporcionar viviendas para una clase media solvente que para aquellos que realmente la necesitan. Los ingresos máximos para las viviendas de régimen general y para las viviendas protegidas de precio limitado, en el contexto andaluz, se sitúan en esa horquilla de ingresos medios (34.000 y 46.000 euros anuales respectivamente por unidad familiar).
El programa destinado a fomentar un parque público de vivienda en alquiler, indispensable, no llevó a cabo ninguna actuación, tampoco el programa de intermediación
La elección del tipo de viviendas públicas recae sobre los ayuntamientos, que se enfocan a producir para clases medias con capacidad de endeudamiento porque es lo más rentable, ya que estos y las empresas públicas de vivienda evitan ser deficitarios, cuando la realidad de la problemática de la vivienda exige una política deficitaria y de transferencia de recursos. La cara b es la ausencia de recursos para hacer frente a una crisis habitacional.
Tras cuatro décadas privatizando y, en muchos casos, regalando el stock de viviendas públicas, ni la Junta ni las administraciones locales tienen recursos para hacer frente a crisis como la de las hipotecas o las derivadas del funcionamiento del mercado del alquiler. No existe una política de emergencia social con capacidad de reacción ante esas coyunturas porque no hay parque de vivienda pública que merezca tal nombre.
Esta situación no ha hecho más que empeorar en la última década: el plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020 fracasó en los programas que podrían haber ayudado a la población más vulnerable: el programa destinado a fomentar un parque público de vivienda en alquiler, indispensable, no llevó a cabo ninguna actuación, tampoco el programa de intermediación, que buscaba mediar entre las entidades de crédito y las víctimas de desahucios, ni los programas de transformación y eliminación de infraviviendas.
El Plan Vive 2020-2030, que no implementa grandes cambios, además parte de un diagnóstico erróneo: presupone un mercado inmobiliario dinámico con bajos tipos de interés y una tendencia a la reducción del problema de los desahucios. Como novedad prevé el incremento de la construcción de viviendas protegidas, lo cual puede ayudar a dinamizar el sector de la construcción.
Son las instituciones públicas las responsables últimas de la ocupación, porque incumplen sistemáticamente el artículo 25 del Estatuto de Autonomía y el artículo 5 de la Ley de Vivienda andaluz
Sin embargo, el plan no actúa sobre el problema principal, originado por un mercado de la vivienda rentista y extremadamente especulativo. En lugar de eso continúa la tendencia de incluir en los planes de viviendas actuaciones dirigidas al espacio público y al patrimonio, que dan un barniz verde a una política de vivienda, además de redirigir fondos de la política sectorial de vivienda al fomento de la industria turística.
Para rizar el rizo, el año pasado, la Junta de Andalucía introdujo modificaciones del plan por decreto incrementando los ingresos máximos por hogar para acceder a las viviendas protegidas en régimen especial (de 2,5 a 3 veces el IPREM). Sin ser un gran incremento, lo demencial es que se justifique en la necesidad de aumentar el número de personas que puedan acceder a una vivienda pública e incluso permitir que se puedan beneficiar personas jóvenes, mientras que el problema real es que la mayor parte de la población con problemas de vivienda no tienen solvencia para acceder a la mayoría de las promociones de vivienda.
El decreto además ha abierto la puerta a la posibilidad de que los futuros beneficiarios de los programas de vivienda no puedan haber sido sancionados por ocupaciones ilegales, pues se pretende excluir algunos de los colectivos que más necesitan este tipo de programas. Con 7.000 desahucios al año, para muchas familias la ocupación ha sido y es la única forma de evitar quedarse en la calle. Por otro lado, en 2022 se ha aumentado un 7% respecto al año precedente las denuncias por usurpación resultas (hubo 688 denuncias), por lo que el alarmismo sobre esta cuestión es demagógico e interesado.
Son las instituciones públicas las responsables últimas de la ocupación, porque incumplen sistemáticamente el artículo 25 del Estatuto de Autonomía y el artículo 5 de la Ley de Vivienda andaluz, que determinan que son las tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda a las familias que no puedan cubrir esta necesidad en el mercado.
Sobre este blog
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