Tras la llegada de la derecha al poder en Andalucía, con los apoyos de la ultraderecha y con sus exigencias a cambio, era de prever que la subsistencia de las políticas de recuperación de Memoria Histórica corrieran un serio peligro.
De hecho, desde los primeros momentos de la actual legislatura ya se vieron muestras de que esto ocurriría cuando un Decreto sobre simbología y actos contrarios a la Memoria que había completado toda su tramitación parlamentaria fue olvidado por la Consejería competente con la falsa promesa de que sería sustituido por una Orden cuya tramitación y puesta en marcha sería más rápida que la del propio Decreto.
Al final de la actual legislatura no existe ni Orden ni Decreto que regule estos asuntos. El Comité de Expertos que debe resolver los diferentes casos, fue creado el 27 de julio de 2020 pero aún no se conocen sus integrantes.
En consecuencia, aún se mantienen en Andalucía numerosos vestigios franquistas destacando las sepulturas con exposición pública en la Basílica de la Macarena del genocida Queipo de Llano o del auditor de guerra, el sanguinario Francisco Bohórquez.
Pero también se están produciendo regresiones en el callejero de muchas de nuestras ciudades y pueblos (Córdoba o, más recientemente, El Puerto de Santa María) a nomenclaturas franquistas.
Todo ello ha venido acompañado por una permanente revisión del relato sobre aquel periodo de la historia reciente de España que, en contra de lo que indica la Ley 02/07 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y las Resoluciones de Derechos Humanos de los organismos internacionales, se está llevando a cabo sin la necesaria formación de su profesorado ni la inclusión en los contenidos curriculares de educación secundaria del estudio de la II República Española, la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
Manteniéndose así un imperecedero relato histórico pervertido por la mano de los represores.
Nada se ha hecho por la revisión de las sentencias condenatorias de los Consejos de Guerra perdurando hoy día las consecuencias de aquella justicia invertida que castigó a quienes defendieron la legalidad vigente y encumbró a los que la agredieron tras el Golpe de Estado contra la IIª República y sus instituciones democráticas.
Por lo demás, la derecha española jamás ha reconocido a las víctimas del franquismo que sufrieron aquel episodio histórico como ha venido demostrando el Gobierno Andaluz durante la presente legislatura. Por ejemplo, no celebrando ningún acto oficial de homenaje y recuerdo de éstas en la fecha que la Ley Andaluza de Memoria establece como oficial para esta conmemoración.
A finales de la legislatura pasada, en noviembre de 2018, el Gobierno Andaluz aprobó, con una dotación presupuestaria de 9.492.000€, el I Plan Andaluz Cuatrienal de Memoria Democrática (2018-2022). Sin embargo, el desarrollo que este ha tenido durante la vigente legislatura ha sufrido año tras año una reducción de aquellas previsiones presupuestarias en torno al 50%.
Además de recortar a la mitad lo presupuestado, el Gobierno Andaluz sólo ejecutó en el último ejercicio el 15´38% (el 4´48% en intervenciones en fosas del franquismo), lo que viene a constatar que el desmantelamiento de las políticas públicas de memoria histórica en Andalucía también se está produciendo a través de su inanición presupuestaria.
Esto conduce a la escasez de intervenciones financiadas por la Junta de Andalucía para la exhumación de cuerpos en las fosas del franquismo y en la reparación de la memoria de sus víctimas.
Con este fin, la Junta de Andalucía sólo ha aportado fondos directamente en los trabajos en la fosa de “Pico Rja” del Cementerio de Sevilla. No ha tenido otras actuaciones directas y sus participaciones se han limitado a cumplir sus competencias de autorizar y anunciar intervenciones promovidas por ayuntamientos o Diputaciones pero financiadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de convocatorias de la FEMP.
En definitiva, el Gobierno de España entre 2020 y 2021 ya había invertido en trabajos de exhumación de fosas un 35% más que todo lo presupuestado (que no ejecutado) por el Gobierno Andaluz para tal fin en toda la Legislatura.
A estas evidencias se suman otros incumplimientos de la Ley 02/17 de Andalucía por parte del Gobierno Andaluz y en lo referente al Banco de ADN y al Censo Oficial de Víctimas, a la ausencia de convocatorias de ayudas públicas a entidades memorialistas sin ánimo de lucro para el estudio y la investigación, a los proyectos de monumentalización, al Mapa de fosas, al Instituto Andaluz de la Memoria, …
Demostrándose así que el Ejecutivo Andaluz no incluye ni en su agenda política ni de gobernanza actuaciones orientadas al conocimiento de lo ocurrido durante la represión franquista en nuestra tierra ni a la dignificación de sus víctimas. Manteniéndose así al margen de los principios fundamentales del Derecho Internacional de protección a los Derechos Humanos como son los de Verdad, Justicia, Reparación y Deber de Memoria.
Junto a todo esto habría que añadir el anuncio del Gobierno Andaluz de pretender derogar la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática y su sustitución por una “Ley de Concordia”. Pretensión concretada hasta en tres ocasiones a través de iniciativas de la ultraderecha en el Parlamento de Andalucía que no prosperaron por haberse salido del guión preestablecido por el conjunto de las derechas con representación parlamentaria en Andalucía, dijeron.
En definitiva, la derecha española debe dejar claro definitivamente cuál es su posición respecto al franquismo y sus víctimas, así como con los planteamientos respecto al fascismo de gran parte de la derecha europea actual.
Por tanto, urge que aclare indubitadamente sobre qué bases se asienta su supuesta identidad democrática mientras no se desvincule definitivamente del franquismo y abrace esos principios de protección internacional de los derechos humanos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
En los recientes acuerdos de gobierno entre las derechas en Castilla y León se han comprometido a revisar las normas que regulan en esa Comunidad las políticas de Memoria Histórica desde el revisionismo histórico y la equidistancia entre la víctima y el represor. Esperemos que en Andalucía este próximo verano no tengamos que lamentar ni una cosa ni la otra. Aunque el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática haya comenzado ya.
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