A pesar de las brutales atrocidades y la magnitud que consiguió alcanzar la represión franquista durante la Guerra Civil y la Dictadura, la derecha española jamás ha tenido el menor interés en implementar políticas públicas que faciliten el conocimiento de lo que ocurrió con sus víctimas, con la reparación de la memoria de éstas o en impulsar medidas para garantizar las condiciones que eviten que se vuelvan a repetir episodios similares a los ocurridos en aquella oscura etapa de nuestra historia reciente.
Una circunstancia extraña si tenemos en cuenta cómo actuó y sigue actuando la derecha en aquellos países europeos que también sufrió los efectos del fascismo.
Una represión y una Dictadura a la que había dado paso un levantamiento de militares fascistas de una parte del Ejército español que, traicionando los elementales principios de lealtad con el propio ejército y con su país, diseñó, dirigió y ejecutó una sublevación que contó con la “bendición” de los sectores más conservadores de la Iglesia y, desde sus orígenes, con la financiación de los más poderosos oligopolios de nuestro país.
Todo aquello condujo inexorablemente a destruir un modelo de Estado democrático y de Derecho, el de la IIª República Española, sustituyéndose por un régimen militar, oligárquico y fascista que benefició a muy pocos a costa del sacrificio y el sufrimiento de muchos. Arrebatándole el futuro del país a la ciudadanía y dejándose en manos de los nuevos jerarcas fascistas, crueles y ultraconservadores que nos había traído el Golpe Militar en su cruzada pseudo-evangelizadora de “salvación nacional”.
Ciertamente, cuesta trabajo entender las razones por las que en pleno siglo XXI y en el marco de lo que hoy es España a nivel interno y en el de su integración plena en la comunidad internacional y sus organismos, los partidos de la derecha española tengan dificultades y complejos para romper con aquella Dictadura condenando sus excesos como demuestran una y otra vez con su boicot permanente a las políticas públicas para la recuperación de la memoria histórica y democrática.
Excesos de una Dictadura que alcanzaron tal calibre que justifican suficientemente la necesidad de conocer lo que realmente ocurrió, la reparación de la memoria de sus víctimas y la condena de sus culpables. Ni siquiera un abordaje equidistante de la cuestión sería justo. Mucho menos aún un silencio cómplice o su justificación.
Fueron 120.000 los desaparecidos, miles de presos y torturados, 700.000 presos esclavos en campos de concentración, 2.400 fosas comunes, hambruna y enfermedades en la población, 60.000 bebés robados a sus padres biológicos, persecución y represión por razones sexo-afectivas, apartheid sanitario, depuración de profesionales (especialmente maestros y médicos), 80.000 exiliados, persecución y exterminio ideológico, … fue parte del atroz balance represor franquista y que no ha sido capaz de despertar en la actual derecha española la menor sensibilidad por el dolor ajeno.
Quizás sea porque aún sobreviven muchos vínculos familiares, políticos, ideológicos y económicos entre esta derecha de hoy y aquella de la cruel Dictadura fascista del franquismo.
A pesar de que una parte de esta barbarie vino “avalada” por Bandos de Guerra o por sentencias condenatorias de fingidos Consejos de Guerras en Tribunales Militares, el objetivo principal era la intimidación y el sometimiento de la población mientras se edificaba una estructura de poder político, militar y económico del que se beneficiaron principalmente los golpistas y sus principales cómplices e instigadores: la oligarquía franquista.
Además, el Poder Judicial durante la Dictadura adaptó el modelo opresor y los objetivos de la Justicia Militar con el propósito de seguir controlando la población para sofocar cualquier intento de revuelta popular contraria a la implantación del nuevo modelo fascista.
Pero si todo lo dicho no fuera suficiente, las víctimas también sufrieron una represión económica que dejó a sus familias en el abandono de la más absoluta miseria. Ya fuera a través de la incautación de sus bienes durante los primeros momentos del Golpe Militar, ya fuera en ejecución de sentencias condenatorias de los Tribunales de Excepción en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas a la finalización de la Guerra (desde 1939 hasta 1945 se aplicaron 300.000 sentencias condenatorias en toda España, a muchos de ellos ya previamente asesinados).
Una maquinaria represiva que se completó con una red de 296 campos de concentración y trabajos forzados repartidos por toda la geografía española y por los que, para evitar la muerte, las inhumanas cárceles del franquismo o para redimir penas, pasaron 700.000 presos sometidos a trabajos forzados en régimen de esclavitud, hacinados, hambrientos, torturados y que, para colmo de males, también sufrieron como consecuencia de todo esto los efectos psicopatológicos del llamado “síndrome de la alambrada de púas” que tan bien describió Víktor Frankl, psiquiatra y prisionero de Auschwitz durante el holocausto nazi. Aun así, 10.000 presos fueron asesinados en los campos de concentración franquistas.
Esta mano de obra gratis sirvió a la reconstrucción de las infraestructuras del país mermadas tras la guerra, y a la Iglesia. Pero también para apuntalar el indigno enriquecimiento de grandes fortunas que, de alguna manera, habían participado como cómplices en un golpe militar que instauró una Dictadura de la que se sirvieron para consolidar su inmenso poder económico. Esta implicación en la sublevación militar y en la represión que trajo consigo es en la actualidad objeto de investigación judicial en Argentina en la instrucción de la Causa 4591/2010 contra los crímenes franquistas y las agresiones a los Derechos Humanos de sus víctimas.
De las entidades que solicitaron esta mano de obra esclava y gratuita el 33´3´% de los penados fueron utilizados para atender las demandas planteadas por organismos e instituciones oficiales, el 12´2% las de la Iglesia, el 8´8% las del Ministerio del Ejercito, el 2´2 % las Fundaciones “benéficas” y el resto, el 54´4%, las de empresas privadas.
Esta concesión de mano de obra gratis unido a numerosos y suculentos contratos de obra pública facilitó el crecimiento de sus imperios económicos. La oligarquía franquista cogía forma y comenzaba a nutrirse rentabilizando sus grotescas “inversiones” para implantar un modelo totalitario y fascista del que se sirvió económicamente.
Debe resultar, por lo tanto, muy incómodo para la derecha española el conocimiento de lo que ocurrió durante la represión franquista y la búsqueda de garantías para que nada igual se vuelva a repetir como les reclaman cuando gobiernan desde diferentes organismos internacionales en cumplimiento del Derecho Internacional de protección a los Derechos Humanos. Al tiempo que debe resultarles muy interesante la continuidad de un modelo consolidado ventajoso con sus intereses económicos.
Así pues, aún resoplan de añoranza por el dictador en muchas salas o cantinas de oficiales en demasiados cuartes españoles; muchos altos cargos de la Dictadura continuaron en las Instituciones democráticas y en los puestos de alta Dirección de aquellas grandes empresas o sus herederas, a la muerte del dictador.
Por otro lado, los vínculos con la judicatura fueron tan fuertes que ésta boicoteó muchos intentos de reforma política democrática tras la Dictadura. No en vano, durante décadas los jueces y magistrados juraban sus cargos al tiempo que su lealtad a los principios del “glorioso” Movimiento Nacional.
Y la propia Jefatura del Estado sigue ocupada a pesar de sus escandalosos devaneos por la misma dinastía familiar que eligió el dictador.
Así las cosas, hemos llegado a la democracia actual con unos vínculos muy aquilatados entre la derecha y la Corona como máxima autoridad del Estado, con el poder económico y con un Poder Judicial necesitado de una profunda renovación y regeneración. Pero con la muerte del dictador y tras la Ley de Reforma Política, con la llegada de la democracia habían perdido la exclusividad en el ejercicio de otros pilares del Estado como son el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Aunque no del todo, se había difuminado aquel control absoluto de un modelo de Estado muy generoso con los intereses económicos de aquella siempre poderosa oligarquía franquista que ni siquiera había muerto con el dictador.
Para recuperar lo que se habían dejado en el camino hacia la democracia sólo bastaba un partido político conservador, de ámbito nacional, un partido de gobierno que se prestase a anteponer la defensa de aquellos intereses económicos a los intereses generales de la ciudadanía en su conjunto. Y de eso se ocupó el luego destacado como Presidente Fundador de ese partido, máximo exponente de la derecha parlamentaria española, y cuyo referido Fundador había sido Ministro durante la Dictadura franquista y firmado numerosas sentencias de muerte.
Así se garantizaba la perpetuidad de un sistema que para esa oligarquía franquista ni había que revisar y ni mucho menos desmantelar. Con el que existe en la actualidad le sigue yendo muy bien… como siempre.
Nuestra añorada Almudena Grandes dejó escrita esta sabia reflexión, como corresponde a su genialidad: “La derecha piensa que España les pertenece y que los demás somos unos realquilados”.
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