La Moncloa y el Pignatelli se dan una tregua para negociar la Ley de Derechos Históricos
La Moncloa y el Pignatelli se han dado una tregua en el conflicto por la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón y han acordado iniciar una negociación de seis meses para tratar de llegar a un acuerdo sobre la interpretación de los artículos conflictivos de la norma. Entre los puntos que han generado discrepancias está la reivindicación de Aragón como “nacionalidad histórica”.
Las negociaciones se desarrollarán en el marco de la Comisión Bilateral, en el que ambas administraciones crearán un grupo de trabajo para proponer “la solución que proceda” a ese organismo, que es el que debe ratificar el pacto, caso de que se alcance.
El acuerdo para iniciar las negociaciones incluye una comunicación al Tribunal Constitucional, ante el que el grupo parlamentario del PP en el congreso presentó a principios de octubre un recurso contra varios de sus artículos.
Los contactos en la Comisión Bilateral son, en todo caso, previos a un eventual recurso del Gobierno central, aunque el posible acuerdo con la interpretación de los artículos sobre los que ahora existen discrepancias podría afectar al mismo tiempo al recurso de los conservadores.
Una nacionalidad histórica
La Ley de Actualización de los Derechos Históricos reivindica la identidad de Aragón como nación, establece que todas las Administraciones públicas deben “utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación ‘Aragón, nacionalidad histórica” y determina que la bandera aragonesa ocupará “el lugar preferente” en todos los edificios públicos, en ningún caso con un tamaño menor al de cualquier otra enseña.
El texto, tramitado por iniciativa de Chuna Aragonesista (Cha), socio de Gobierno del PSOE de Javier Lambán, incluye “el derecho de Aragón a acceder al más alto grado de autogobierno”, lo que abarca la posibilidad de acceder al mayor techo “competencial, institucional o financiero” que “se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español”.
La norma también establece el derecho de la comunidad autónoma a “requerir un régimen financiero propio y una Hacienda foral” y a que sus instituciones negocien con las estatales y las comunitarias cualquiera de las “decisiones relevantes” que afecten a “las competencias exclusivas de Aragón o a los derechos y libertades de los aragoneses”.
Capitalidad, emergencia y transparencia
El conflicto por la Ley de Derechos Históricos es el primero entre la comunidad autónoma y la Administración central que va a manejar el Gobierno de Pedro Sánchez, después de que el anterior, el de Mariano Rajoy, desplegara una intensa actividad ante el Constitucional para combatir leyes aragonesas en esta legislatura.
El último episodio de ese enfrentamiento giró en torno a la Ley de Capitalidad, con la que La Moncloa hizo uso de la prerrogativa que conlleva la suspensión por cinco meses de los artículos recurridos de manera automática. Esa situación, que afecta a la modificación de los consejos de las sociedades municipales de Zaragoza, seguirá vigente hasta principios de enero.
Antes, el ejecutivo de Rajoy había recurrido al Constitucional para torpedear el Decreto de Emergencia y la ley que le siguió, en el que centró sus ataques en las exigencias a los bancos para movilizar las viviendas vacías (acumulan más de 4.000) y en medidas como el veto a los desahucios sin techo alternativo.
Y, poco después, denunció la Ley de Integridad y Ética Públicas, con lo que logró anular el artículo que establecía que el silencio administrativo era favorable para el ciudadano.
El Gobierno de Rajoy también recurrió la ley con la que la DGA pretendía convocar oposiciones para cubrir 1.483 plazas del sistema de salud y, aunque fue aprobada en la anterior legislatura, la de Aguas y Ríos, aunque en este caso el tribunal avaló parte de ella.
