El Gobierno canario estudia la legalidad del nombramiento de la directora de su Agencia Tributaria
El Gobierno de Canarias se ha tropezado con un nuevo escollo en la conformación de los escalafones medios del Ejecutivo. Esta vez, de tipo académico, al no cumplir la nueva directora de la Agencia Tributaria Canaria con los requisitos fijados en la Ley 7/2014, de 30 de julio, de estar en posesión de un título universitario superior.
El Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo (CC) designó el martes a la palmera Cristina Hernández Carnicer como nueva directora del Fisco autonómico, pero con la ley en la mano, la que fuera consejera de Presidencia del Cabildo de La Palma hasta la moción de censura de PSOE y PP contra CC no puede asumir el cargo.
La dirigente de CC de La Palma tiene un título académico de grado medio, la diplomatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna, además de ser técnico superior de Comercio y Marketing en la Universidad Laboral lagunera. Así figura en el currículo en la página oficial del Gobierno canario, con la salvedad de no especificar si es licenciada o diplomada, solo “titulada”.
Fuentes oficiales del Ejecutivo han confirmado a CanariasAhora este viernes que Hernández Carnicer es diplomada, y por tanto en puridad no puede asumir la dirección de la Agencia, pero desde la Consejería de Hacienda “se ha elevado a consultas” la legalidad de su nombramiento, al no existir ya en el Espacio Europeo de Educación Superior o Plan Bolonia las licenciaturas o diplomaturas, sino los títulos de Técnico, Grado, Máster y Doctorado.
Los servicios jurídicos de la Comunidad analizan la aplicación de la Ley vigente -no ha cumplido su primer año- con los nuevos títulos del Plan Bolonia, y a qué correspondería la titulación superior a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 12.1 de la Ley de la Agencia Tributaria Canaria.
La norma indica que “la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria es nombrada y cesada por el Gobierno, a propuesta de la Presidencia de la misma entre titulados superiores con experiencia acreditada en el ámbito tributario y en la gestión pública, y tendrá la consideración de alto cargo”.
En el seno del Ejecutivo existen dudas de cómo interpretar esa ley en relación a “titulados superiores”, si bien su espíritu anterior a la entrada en vigor de los nuevos títulos europeos era clara: la licenciatura y no la diplomatura.
La directora general recién nombrada no ha tomado posesión del cargo a la espera de que la Consejería de Hacienda despeje las dudas planteadas por su titulación académica.
