El Govern tratará de mitigar la subida del alquiler con un índice de precios de referencia
El Govern de Generalitat creará un índice de referencia del alquiler en Catalunya, antes incluso de elaborar la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que no estará lista antes de nueve meses. El índice de precios se aprobará por la vía urgente mediante decreto del Ejecutivo, con el objetivo de paliar la escalada de precios que está sufriendo el alquiler, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona.
Aunque JxSí lo rechazó en septiembre pasado, el Govern abrió después la puerta a la regulación de precios, tras la insistencia de diversos grupos sociales como la PAH o la Plataforma por una Vivienda Digna (PHD), además del ayuntamiento de Barcelona, principal ciudad afectada por el aumento de precios. El Ejecutivo lleva tiempo planteando una ley de arrendamientos con estos grupos en una mesa de trabajo, pero finalmente ha decidido aprobar el índice antes de que el texto legal vea la luz.
Según lo explicado este martes por la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, el índice de precios de referencia del Govern se calculará con base en elementos objetivos de la vivienda, como la ciudad y zona en la que se encuentra, su estado, la superficie disponible o su accesibilidad. Finalmente, se propondrá un precio óptimo según estas características, que será indicativo tanto para arrendadores como para arrendados y se recalculará cada dos años.
Este índice será público y se obligará a los arrendadores, inmobiliarias y portales web a informar a los clientes potenciales de si la vivienda se encuentra por encima del precio de referencia, una información que también se deberá indicar en el contrato.
El Govern, que reconoce no tener competencias respecto a la regulación del precio del alquiler, contempla este índice como una medida que puede ir más allá de lo informativo. Según el Ejecutivo, esta relación de precios debe servir también como guía para el conjunto de las administraciones, especialmente las locales, con el objetivo de que incentiven los alquileres justos con sus propias herramientas. Así, se espera que los ayuntamientos bonifiquen los precios bajos mediante el IBI y priorizándolos en la obtención de ayudas. La Generalitat hará lo propio mediante las ayudas que gestiona, como las ayudas a la rehabilitación.
Esta será la primera materialización de las propuestas surgidas de la mesa de estudio sobre la LAU, que reúne a diversos actores políticos y sociales del sector, y que este martes llevó a cabo su última reunión. Con la aprobación del decreto, Borràs ha considerado que el Govern podrá comenzar a modular los incrementos exagerados de los alquileres de Catalunya, así como dar “transparencia al sector” e igualar los derechos de propietarios e inquilinos.
Después de esto, en unos nueve meses contando desde el presente, el Govern prevé llevar al Parlament la ley de arrendamientos urbanos, donde otras de las propuestas surgidas de la mesa de trabajo estarán contempladas. Entre las reclamaciones de los grupos se encuentra la elaboración de un registro de alquileres, con el objetivo de identificar “malas prácticas en el alquiler”, también aumentar los periodos de los contratos, pasando de contratos de tres años más uno de prórroga a cinco años más tres, o la recuperación del modelo de contratos de larga duración.
