El Puerto de València gasta 190.000 euros en la vigilancia de una ZAL llena de matorrales e ilegal

La zona de actividades logísticas (ZAL) del Puerto de València sigue generando costes millonarios a las arcas públicas 23 años después de que que la Generalitat dirigida por el PP aprobara el primer plan especial que posteriormente tumbaron los tribunales por irregularidades urbanísticas, principalmente por urbanizar unos terrenos que el Plan General de Ordenazión Urbana de València (PGOU) calificaba como de especial protección agrícola.

En total han sido tres las sentencias emitidas por los tribunales en los años 2013, 2015, y la ultima de marzo del presente año, las que han declarado ilegal el recinto, dando la razón a los vecinos afectados por las expropiaciones y derribos de sus viviendas agrupados en la asociación La Unificadora de La Punta, quienes en todo este tiempo han litigado nada más y nada menos que contra la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València.

Pese al limbo jurídico en el que siempre se ha visto inmerso el polígono industrial aledaño al Puerto que arrasó 70 hectáreas de huerta productiva en La Punta y expulsó de sus viviendas a 147 familias, la habitual política de hechos consumados que utiliza la APV para sacar adelante la mayoría de sus proyectos hace que la ZAL, cuyo futuro es más incierto si cabe que nunca tras la última sentencia que declara nulo el plan especial aprobado por el Consell en 2018, siga generando costes millonarios.

En concreto, en abril del pasado año se adjudicó un servicio de vigilancia 24 horas a Ilunion Seguridad S. A. por importe de 190.000 euros para un recinto cerrado en el que lo único que hay son viales y parcelas llenas de matorrales. El contrato tiene un plazo de un año, prorrogable a otro año más. Pese a la última sentencia del mes de marzo, el contrato sigue vigente puesto que hasta este martes Ilunion seguía prestando el servicio, tal y como comprobó in situ elDiario.es.

Según el pliego del contrato, el servicio se prestarará “mediante vigilantes de sguridad sin arma” y “se deberán realizar rondas periódicas con carácter preventivo y disuasorio en las instalaciones”. También se llevará a cabo “un control de todas aquellas personas que quieran acceder al recinto vallado, tomando los datos de identidad correspondientes e impidiendo su acceso si no están autorizadas o acreditadas”.

A este gasto se suma el de las obras de urbanización realizadas en los accesos y viales interiores que están en su fase final y en las que, pese a la incertidumbre legal del recinto, se han destinado por parte del Gobierno central 4,4 millones de euros.

La utilidad de esta inversión queda a expensas de lo que resuelva el Supremo tras los recursos presentados por la APV y por la Abogacía de la Generalitat Valenciana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declara ilegal la ZAL.

En su fallo, el TSJCV fundamenta la anulación de la aprobación del Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València en que “el suelo del ámbito de la ZAL pasó a tener la clasificación de suelo no urbanizable que le otorgaba el plan general del municipio” como resultado de la nulidad de los planes anteriores tramitados el PP y estima que la Evaluación Ambiental Estatégica (EAE) no debió realizarse por procedimiento simplificado.

El recurso presentado por la Abogacía ha puesto en evidencia la división existente en el Gobierno del Pacto del Botànico con respecto a la ZAL. Mientras Compromís y Unides Podem eran partidarios de no recurrir y abordar la reversión para realizar un corredor verde y huerta productiva, el PSPV defendió la medida judicial.

Por su parte, la portavoz del PP, María José Catalá, exigió al Consell que se propiciara la “seguridad jurídica” que precisamente los populares se saltaron cuando aprobaron la ZAL en 1999 saltándose la normativa urbanística, lo que puede acabar dilapidando una inversión de 160 millones de euros, por no hablar del daño moral causado a las familias expulsadas.