Facua acusa al Gobierno vasco de no defender a los consumidores frente a la escalada de precios

La asociación de consumidores Facua Euskadi ha acusado al Gobierno vasco de no estar defendiendo a los consumidores frente a la escalada de precios de los alimentos con motivo de la inflación. Los consumidores consideran que el Ejecutivo no está usando debidamente sus competencias para el control de precios e insta al departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a crear ya el servicio de inspección del Observatorio de la Cadena Alimentaria y que no retrasar más el control de precios. En definitiva, pide al Gobierno de Urkullu a que “tome la iniciativa en función de sus competencias para proteger a los consumidores frente al alza de los precios”.

En una instancia remitida al Departamento que dirige Arantxa Tapia el 23 de febrero, pero que se ha hecho pública este miércoles, Facua denuncia que el Gobierno vasco “no está actuando de manera adecuada en defensa de los consumidores en un contexto marcado por precios disparados”. Justo en un momento, señala, en el que“ se necesita más que en cualquier otro período la acción pública para poner soluciones inspeccionando y controlando los precios de los productos en Euskadi”.

La asociación considera fundamental que en un periodo en el que la inflación es tan elevada “se supervise el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno de España, se multen las políticas especulativas y se controle la reducción real del IVA”. Además, reclama que se pongan en marcha medidas como “la publicación de informes públicos que permitirían conocer los precios de los alimentos, algo que estaba previsto desde finales del verano de 2022”, recuerda, y “que no se siga dilatando la puesta en marcha del servicio de inspección ligado al Observatorio de la Cadena Alimentaria para evitar que se descompensen precios en diferentes eslabones”.

La “falta de concreción de medidas previstas hace más de medio año evidencia el distanciamiento del Gobierno vasco con respecto a las cuestiones básicas y prioritarias de la población ante la angustia generada por la escalada de precios”, sentencia. Fuentes de Facua han confirmado que, de momento, carecen de respuesta por parte del Gobierno vasco a su carta.

El proceso de control de precios en toda la cadena alimentaria lleva un considerable retraso desde que se anunció por parte del Ejecutivo. Los informes sobre los precios de diferentes sectores a lo largo de toda la cadena estaba previsto que se conocieran después del verano como primera base para establecer un control de los precios desde el sector primario a la llegada al comercio, pasando por transporte o envasado, e intentar corregir aquellos precios que no se consideren ajustados. Sin embargo, se han retrasado a “los primeros meses” de este año, sin establecer una fecha fija. En concreto, se trata de informes sobre el precio de la leche de vaca, que en septiembre se señalaba desde el Gobierno que era uno de los más avanzados, la leche de oveja, la carne y las uvas.

Seis personas dedicadas a inspección

Precisamente, la consejera Arantxa Tapia ha ratificado este jueves su “apoyo” a la cadena de valor de la alimentación durante reunión del Comité Regional de Agricultura Familiar (CRAF) de Euskadi, entidad sin ánimo de lucro creada en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, y que agrupa a diversas organizaciones sectoriales y profesionales de toda la cadena vasca de la alimentación. Tapia ha mostrado su apoyo “a toda la cadena de valor de la alimentación, desde el sector primario pasando por la industria alimentaria, distribución y hasta llegar a las personas consumidoras”. En este sentido, ha resaltado que se puso en marcha el pasado año, a través de la Fundación Hazi y con el aval de la Autoridad Vasca de la Competencia, el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi Behatokia para realizar los estudios que calculen los costes de referencia que orienten al conjunto de agentes de la cadena de valor. Tapia ha señalado que se ha ampliado el cuerpo de inspectores y que se cuenta con 6 personas para realizar funciones de control estipulados en la Ley de la Cadena Alimentaria y ha pedido “transparencia en los precios”.