Ciudadanos manda un aviso a la Junta de Andalucía por sus cargos imputados
El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, han pedido explicaciones y una “respuesta inmediata” a la Junta de Andalucía por los diferentes cargos que se encuentran imputados y ha exigido a la presidenta, Susana Díaz, el cumplimiento del acuerdo de investidura firmado con el PSOE-A. En un comunicado, se hacía eco de las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación sobre hasta cinco cargos nombrados por el Gobierno de Andalucía que estarían imputados en estos momentos.
Se trata de Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente en Granada; Sandra García, delegada del Gobierno de Andalucía en Granada; Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva; Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía; y el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Almería, José Manuel Ortiz Bono. Todos ellos estarían imputados por prevaricación en casos de falta de protección al medioambiente, algunos vinculados con el urbanismo.
De este modo, el líder de C's en Andalucía ha dicho que su partido “está analizando cada situación pormenorizadamente”, y que, llegado el caso, exigirá su destitución si se trata de imputaciones por casos de corrupción, “tal y como se refleja en el acuerdo de investidura”. Cabe recordar que este lunes, la secretaria general del PSOE-A en Sevilla, Verónica Pérez, negaba que la Junta de Andalucía tuviera en sus cargos a “imputados por corrupción”.
De todas maneras, Juan Marín ha insistido: “No nos temblará el pulso. (...) Los imputados por casos de corrupción eben abandonar sus puestos inmediatamente y defenderse ante la justicia”. Igualmente, ha animado a las otras fuerzas de la oposición a que abandonen los “intereses partidistas” y se sumen al pacto anticorrupción promovido por C's.
Cabe recordar que a comienzos de mes la Junta de Andalucía destituía a la directora general de Minas, María José Asensio, por su imputación por prevaricación en el caso de la adjudicación de la explotación de Aznalcóllar, investigada por la justicia, una decisión que se definió como “temporal” porque confía en su honorabilidad.
