ENTREVISTA

Francisco Oliva, presidente de las universidades públicas andaluzas: “Las privadas no tienen la calidad legalmente necesaria”

A Francisco Oliva Blázquez (Málaga, 1972), presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), siempre se le va a encontrar “en la defensa férrea e inquebrantable de la universidad pública”. Lo afirma rotundo desde su despacho en el Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, después de haber sido reelegido rector para los próximos seis años. Este catedrático de Derecho Civil está convencido de que defender el sistema público es “hoy más necesario que nunca”, a la luz del “camino hacia la privatización” que dice haber emprendido el Gobierno de Moreno Bonilla, que acaba de aprobar su cuarta universidad privada en menos de un año.

El máximo responsable de la universidad más joven de Andalucía atiende a la edición andaluza de elDiario.es en plena guerra abierta entre la Junta de Andalucía y los rectores de la pública, a los que representa. “En dos años hemos pasado de una universidad privada en Andalucía a seis”, alerta este defensor de la universidad pública como “la única que garantiza la igualdad de oportunidades”.

“El problema –continúa Oliva– es que las privadas en Andalucía no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario” y no se enmarcan en una “estrategia global del sistema universitario andaluz”. “Eso es lo que nos preocupa”, remarca el presidente de AUPA, recogiendo en su voz el malestar y la preocupación de los diez rectores de las universidades públicas andaluzas.

Como la actualidad manda, tengo que empezar preguntándole por uno de los temas que ha marcado la agenda mediática las últimas semanas. ¿Cómo resumiría lo qué ha pasado con la Escuela de Enfermería de San Juan de Dios en Sevilla?

Nosotros estamos en contra de que la Universidad de Comillas, que es una universidad privada con sede en Madrid, adscriba a ese centro que estaba adscrito a la Universidad de Sevilla y que empiece a impartir una titulación en enfermería, incluso ha anunciado que el año que viene también lo haría concretamente en Fisioterapia. ¿Por qué estamos en contra? Y esto es lo importante. Nosotros lo hemos calificado como una vía exprés de acceso de universidades privadas en Andalucía. Normalmente, cuando una universidad privada quiere entrar en Andalucía tiene que presentar un proyecto. Un proyecto que tiene que estudiar la propia Junta de Andalucía, el Consejo de Universidades, la Agencia de Calidad, el Parlamento, la Comisión, el plenario, etcétera. Es decir, tiene numerosos controles, no solamente de legalidad, sino especialmente de calidad. Y en este caso, todo eso desaparece. Basta simplemente con hacer un convenio de adscripción ahora con este centro adscrito y de esa manera esa universidad ya accede a nuestra comunidad autónoma, sin ningún tipo de control de calidad, sin someterse a nuestra legislación interna y por eso hemos dicho que es una vía exprés tremendamente preocupante. Es decir, es una forma de desembarcar en Andalucía sin necesidad de cumplir con todos los requisitos y condicionantes legales y normativos que actualmente se exigen.

¿Creen que la Junta está restando importancia a lo público de esta manera?

El camino de la privatización es evidente. En dos años hemos pasado de una universidad privada en Andalucía a cuatro, dos recientemente aprobadas en el Parlamento, y otras dos ya aprobadas que empiezan a trabajar este año. Y le uniríamos la de Comillas, es decir, de una a seis en dos años. Eso creo que es un dato completamente objetivo y no es susceptible de discusión ninguna. Por lo tanto, que se está produciendo una situación en que se está favoreciendo claramente lo privado para nosotros es indiscutible.

Tras el último CAU (Consejo Andaluz de Universidades), ustedes fueron muy beligerantes con la Junta de Andalucía... y la Consejería de Universidad lo fue también con los rectores, acusándoles de hacer "política partidista". ¿En qué punto se encuentra esa relación?

Como presidente de AUPA, creo que tenemos que hacer todo lo posible por reducir la tensión que venimos sufriendo. Para nosotros, el tema de las universidades privadas es una línea roja. La Junta de Andalucía lo sabe, y por lo tanto tenemos que aprender a convivir en la discrepancia. Eso es algo fundamental y que tenemos que resolver. Tenemos muchos proyectos por delante: implantar bien el nuevo modelo de financiación, los contratos programa, proyectos estratégicos, tenemos que sacar una nueva ley de universidades, una nueva ley de ciencia... Por lo tanto, tenemos que trabajar conjuntamente en lo que nos une. Evidentemente hay un elemento de discrepancia con las universidades privadas. Y ahí, esto es importante aclararlo, a nosotros siempre nos encontrarán en la defensa férrea e inquebrantable de la universidad pública.

Las universidades públicas somos las únicas que garantizamos la igualdad de oportunidades

¿Ha cambiado su relación con el consejero de Universidad, Gómez Villamandos, desde que dejó de ser rector de la Universidad de Córdoba para sumarse al Gobierno de Moreno?

No ha cambiado. Es una persona que es cercana y con la que intentamos resolver los problemas de las universidades. Yo comprendo que él está ahora mismo en otro sitio, que es un consejo de Gobierno. Y responde evidentemente a unas líneas de gobierno y a un determinado programa de gobierno que él tiene que cumplir. Pero nuestra relación tiene que seguir siendo lo que es: una buena relación profesional en la cual nosotros, y especialmente yo como presidente de AUPA, le transmito los problemas y siempre intentamos resolverlos conjuntamente. Insisto, aunque haya veces en los que los problemas pueden resultar irresolubles simplemente porque los puntos de vista son tan opuestos que es muy difícil llegar a un acuerdo.

¿Está de acuerdo con eso que dijo el consejero de que "cualquiera puede llevar a su hijo a una universidad privada"?

Absolutamente no.

¿Y le ha sorprendido que el exrector de la Universidad de Córdoba haya tomado ese posicionamiento respecto a las universidades privadas ahora que es consejero? 

Evidentemente, me ha llamado mucho la atención porque todos sabemos que en Andalucía esa no es la realidad ni muchísimo menos. Y personalmente creo que se ha equivocado con esa afirmación.

¿Está actuando con transparencia la Junta a la hora de tramitar y aprobar las universidades privadas?

Lo que dices es muy interesante y me gustaría aclarar que nosotros no estamos en contra de la libertad de la iniciativa económica privada. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora bien, la educación superior universitaria tiene que cumplir unos requisitos de calidad porque nosotros estamos formando a las generaciones futuras y por lo tanto tenemos que darle la mejor formación posible. Por eso pedimos, en primer lugar, calidad y que se cumplan todos los requisitos que exige el actual decreto que regula concretamente el reconocimiento de universidades. Eso bajo nuestro punto de vista no se está cumpliendo.

En segundo lugar, pedimos que haya unos niveles de investigación y transferencia de conocimiento mínimos para estas universidades, que tampoco se están cumpliendo. Y finalmente lo que estamos pidiendo, y creo que es muy razonable, es una estrategia universitaria global. Es decir, ¿qué queremos para Andalucía? ¿Qué distribución de universidades queremos? ¿Qué distribución de títulos, de másteres y de grado? Lo que no se puede hacer, porque sería un gran error, es que cualquiera que pretenda tener legítimamente una universidad privada en Andalucía se le permita hacerlo sin preguntarle concretamente cómo va a encajar en la actual oferta de Andalucía, en nuestros estudiantes, en lo que tenemos, y qué va a aportar al sistema andaluz y a cada una de las provincias en las que pretendan integrarse.

¿Y todo eso la Junta no se lo está exigiendo a las nuevas universidades privadas?

Aquí tenemos una posición diferente. Nosotros defendemos que hay que aplicar el último decreto de reconocimiento de universidades, que es del año 2021, sin embargo, la Junta está aplicando uno del 2015, que es mucho más laxo en los requisitos que exige. Es complicado explicar el porqué lo hacen jurídicamente, pero yo solamente puedo decir que nosotros en cada uno de los expedientes de estas universidades hemos explicado claramente, desde un punto de vista jurídico, por qué se tiene que aplicar el decreto del 2021. Y estamos convencidos porque lo dice hasta el propio Consejo de Estado.

Entonces, ¿considera que el Gobierno andaluz está primando así que desembarquen otras universidades privadas en la comunidad?

Esa pregunta es difícil de contestar. Yo lo que sí digo, insisto, es que se ha iniciado una vía de privatización del sistema de educación superior en Andalucía. Es evidente. Esos son los datos. Hemos pasado de una a seis.

El problema es que las universidades privadas no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario y no tienen una estrategia

Y los rectores de las públicas, ¿están todos unidos en la defensa del sistema universitario público?

Hoy más que nunca, porque somos conscientes de lo que somos las universidades públicas. Las universidades públicas tenemos dos grandes características. En primer lugar, seguimos siendo los únicos que garantizamos la igualdad de oportunidades, la consideración ante todo de los méritos personales porque somos el ascensor social que permite precisamente a personas que han tenido una relación diferente, no universitaria, acceder a la universidad con independencia de cuáles sean concretamente sus capacidades económicas. Y, por otro lado, la enorme calidad y preparación de nuestro profesorado en contraste con el de las privadas. También hay que decirlo claramente. Por lo tanto, puesto que nosotros lo que estamos garantizando en Andalucía es el acceso universal al sistema universitario, ahí vamos a ser completamente firmes, rigurosos y férreos en la defensa de la universidad pública.

¿Son compatibles ambas modalidades? ¿Podrían convivir públicas y privadas?

Por supuesto que sí. Pero como he dicho antes, con una estrategia, con un sistema de calidad, con un sistema de control, que insisto, actualmente no se están cumpliendo. Es decir, el problema no es la iniciativa privada, que es algo que forma parte de nuestro sistema económico constitucional. El problema es que estas universidades no tienen la calidad legalmente necesaria, no tienen el nivel de investigación necesario y no tenemos una estrategia, y eso es lo que nos preocupa.

¿Cuál es la principal asignatura pendiente que arrastra la universidad pública en Andalucía?

Yo diría que hay dos cosas importantes. En primer lugar, la financiación. Hace un año alcanzamos un modelo de financiación que adoptamos por consenso porque tiene matices importantes. Por ejemplo, una cláusula de salvaguarda que nos permite todos los años tener la misma financiación que el año anterior más las subidas salariales, una financiación por objetivos vinculada a contratos programa, una partida de nivelación... En definitiva, es un modelo adecuado, pero este marco teórico de reparto tiene que ir acompañado de la suficiente financiación, es decir, de una envolvente financiera suficiente. Y este año no lo ha sido. De hecho, en la reunión del Consejo Andaluz de Universidades del 22 de mayo en Córdoba dijimos que faltaban 25 millones de euros aproximadamente en el sistema para cerrar este año el modelo de financiación. Yo espero, y estoy convencido de que el consejero de Universidad cumplirá definitivamente con el modelo de financiación, y esa cantidad que a día de hoy nos falta la recibiremos antes de que termine el año.

Y la otra cuestión que es muy importante son los niveles de temporalidad elevados que tiene el profesorado en el sistema universitario español. En ese sentido tenemos que adaptarnos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un 8% de temporalidad. De modo que tenemos que hacer un esfuerzo nuevamente económico, porque para conseguir reducir la temporalidad hay que aumentar mucho los contratos con carácter permanente, la funcionarización y todo eso es a base de dinero. Por lo tanto, aprovecho también la ocasión para exigir a todas las administraciones públicas, también a la administración del Estado, que es la promotora de la LOSU, los fondos necesarios para acabar con esa precariedad, con esa temporalidad excesiva.

Mi reto en el segundo mandato es reducir muchísimo la temporalidad del profesorado

Centrándonos ahora en su papel como rector de la UPO, ha cerrado su primer mandato con el 90% de los objetivos cumplidos y aun así durante el balance dijo no sentirse satisfecho. ¿Con qué porcentaje se dará por satisfecho en su segundo mandato que acaba de comenzar?

Buena pregunta [risas]. El 100%. Hay que ir a por el sobresaliente o la matrícula de honor siempre, estamos en la universidad y esa es la nota a la que tenemos que aspirar.

Ha dicho también que se enfrentaba a esta segunda etapa con un plan ambicioso. ¿Cuál es el principal objetivo que aspira a alcanzar en los próximos seis años?

Sin ningún tipo de duda, la plantilla. En el anterior mandato nosotros empezamos con un 34% de funcionarios, es decir, catedráticos, catedráticas y profesorado titular, y hemos terminado con más del 50%. Ya por primera vez en la historia, la Universidad Pablo de Olavide cumple con la ley que exige la mayoría. Nunca se había cumplido y lo hemos hecho gracias a un enorme esfuerzo. Mi reto en el segundo mandato es reducir muchísimo la temporalidad, como te he dicho antes, y en ese sentido tenemos un plan de incorporación de profesorado ayudante doctor, que estoy seguro que nos va a permitir reducir muchísimo esas tasas.

Por otro lado, tenemos que fortalecer la plantilla del personal de administración y servicios. Es la más baja de Andalucía y por lo tanto tenemos que reforzarla y ese es mi compromiso. Y, finalmente, por mencionar un par de cosas importantes de nuestro compromiso en este mandato, la oferta académica tenemos que renovarla y tenemos que implementar nuevas titulaciones de grado STEM (de ciencias y tecnología) porque es muy importante para el futuro de la formación de los andaluces y las andaluzas. Por otro lado, yo estoy convencido de que éste tiene que ser el mandato en que pongamos en marcha determinadas infraestructuras cuya tramitación hemos iniciado en el primer mandato, pero que no ha dado tiempo a terminarlas. Para eso está este segundo mandato.

¿Puede avanzarnos algunas de esas nuevas titulaciones?

Sí, por ejemplo vamos a empezar con el Grado en Ingeniería Informática con mención en Ciencias de Datos. Tenemos también otro sobre ciencias y herramientas para la computación, otro de robótica y uno centrado en análisis de datos para la empresa, así como un máster en computación cuántica. Como ves, son una serie de grados y de másteres que van en la línea del fortalecimiento de esa apuesta por la biotecnología de la UPO, que es muy, muy apreciada y que tiene una gran calidad a nivel nacional. O por ejemplo, nuestro Grado en Nutrición Humana y Dietética. Tenemos el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo y queremos seguir fortaleciendo tanto el ámbito de las ciencias como especialmente también la ingeniería con estas titulaciones. Pero no solamente esa, sino que también vamos a modernizar titulaciones que ya tenemos dentro de nuestro ámbito. Desde Finanzas y Contabilidad, Criminología y otras muchas que tenemos ahí, que estamos empezando y que queremos seguir mejorando. Y, por supuesto, la oferta de grados duales, que son grados en los que los estudiantes se van un año entero a trabajar a una empresa. No es que vayan en prácticas, sino con un sueldo, con un contrato laboral. Eso lo vamos a poner en marcha en cuatro grados, concretamente en Finanzas y Contabilidad, Administración de Empresas, Ciencias Ambientales e Ingeniería Informática para el curso 2025/2026.