Nómadas digitales: más allá de una política turística

La propagación de la pandemia de la COVID-19 trajo, como una de sus consecuencias más visibles, el confinamiento de una buena parte de la población mundial. Para mantener la distancia social y al mismo tiempo una mínima actividad económica, una buena parte de los gobiernos mundiales declararon la obligatoriedad del teletrabajo para aquellas personas que les fuese posible. Hoy, la prevalencia del trabajo remoto se ha moderado, sin embargo, se mantiene una fuerza global de teletrabajadores habituales, algunos de los cuáles se han tornado en nómadas digitales, profesionales que usan las tecnologías para trabajar desde cualquier lugar llevando a cabo una vida nómada, permaneciendo entre dos y tres mes de media en cada destino. Sólo en Estados Unidos, 15,5 millones de trabajadores se definían a sí mismos como nómadas digitales en 2021, el doble que antes de la pandemia.

Quizás porque los nómadas digitales permitieron llenar el vacío que dejaron los turistas vacacionales en el comienzo del fin del confinamiento, las autoridades de los destinos turísticos se lanzaron a tratar de captar la estancia de este grupo de personas. El Gobierno de Canarias fue un corredor temprano en esa carrera, anunciando ya en junio de 2020 una estrategia para alcanzar el objetivo de atraer 30.000 teletrabajadores en una década. Recientemente, la Consejería de Turismo celebraba haber superado las expectativas iniciales,  señalando que, de acuerdo con datos proporcionados por el portal Nomad List, al menos 47.000 nómadas digitales aterrizaron en las islas en el año 2021 con un gasto medio de 3.171 euros por persona y viaje, casi tres veces por encima del desembolso que hace el turista vacacional, que es de 1.206 euros.

Con estos datos en la mano, me preguntaba un colega profesional si se podía considerar un éxito la política de atracción de nómadas digitales del Gobierno Canario. Mi respuesta fue que no tenía respuesta. Ni tenía elementos de juicio para evaluar los datos conocidos y, al mismo tiempo, carecía de los datos de impacto económico que son necesarios para juzgar la bondad de una política pública.

¿Por qué no podía evaluar los datos facilitados por la Consejería? Es una pregunta equivalente a preguntarse quién es  Nomad List y cómo obtiene sus datos. Se trata de una plataforma digital establecida en Colombia que se define como una comunidad global de teletrabajadores que vive y viaja por el mundo. Los datos los obtiene de la información aportada por los miembros de ésta comunidad de modo voluntario, que abonan 199,98 $ por pertenecer a la misma. Se desconoce el total de los miembros de la comunidad, tan solo se indica en su web que son decenas de miles. Tampoco se conoce la metodología de recogida y depurado de datos que utiliza la plataforma. Pueden ser los únicos datos posibles, pero, con este contexto, distan de poder ser considerados evidencias concluyentes de cumplimiento de objetivos.

Pero, además, carecemos de datos de impacto económico suficientes para poder juzgar el éxito de la política de atracción de nómadas digitales. ¿Ha tenido impacto la presencia de nómadas digitales sobre el precio de la vivienda en las zonas dónde se han asentado? ¿Qué coste han tenido los teletrabajadores sobre los servicios de bienestar? ¿Han contribuido impositivamente como residentes aquellos que han residido en Canarias más de 183 días? Aún considerando excelentes los datos disponibles facilitados por Nomad List, son preguntas sin respuesta por falta de información al respecto.

La falta de datos para valorar las políticas de atracción de los nómadas digitales sobre la sociedad y la economía no es un problema exclusivo de Canarias. Otros destinos que pugnan por captar estancias de este nuevo tipo de trabajadores se enfrentan al mismo reto, que además se complementa con la necesidad de proporcionar seguridad jurídica tanto a los nómadas digitales como a sus empleadores. Las necesidades de registro de los nómadas digitales de las autoridades públicas es confluyente con facilitarles un asentamiento dentro de la legalidad. En países como Estonia o Barbados se está ya experimentando estos instrumentos, acompañados de ventanillas únicas para facilitarles el establecimiento para evitar las reticencias al registro de los nómadas. Sin embargo, sería quizás más adecuado establecer marcos de una territorialidad más extensa, por ejemplo, estableciendo dentro de la Unión Europea o la OCDE un estatuto global de derechos y deberes de un teletrabajador transfronterizo como recomiendan algunos expertos.

Canarias tiene las condiciones naturales para atraer nómadas digitales. El diseño de una política pública efectiva y beneficiosa para la sociedad al respecto ha de ir más allá de campañas de comunicación de estas condiciones, se debe también establecer los instrumentos que permitan acoger a este nuevo tipo de trabajadores con todas las certidumbres legales pero además contribuyendo al bienestar común. Más allá de una política turística, es también una política laboral, que además requiere un consenso internacional. La confluencia de la Conferencia de Ministros Digitales de la OECD en Canarias y la próxima Presidencia española de la Unión Europea, brinda al Gobierno Canario dos escenarios sobre los que influir, a través del Gobierno del Estado, para impulsar avances en la agenda política global sobre los nómadas digitales.