Moratorias en vivienda pública, desbloqueo de ayudas y otras medidas sobre el alquiler en Castilla-La Mancha
Tras las medidas extraordinarias aprobadas en el Consejo de Ministros en cuanto al alquiler de vivienda con motivo del estado de alarma por la emergencia sanitaria, Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de los residentes en el parque público de vivienda y que se han visto afectados por la COVID-19 un sistema de moratorias en el pago de sus recibos. Las ha detallado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, junto con otras medidas de protección para los colectivos más vulnerables.
Las iniciativas normativas, ha afirmado, se establecen “para dar una respuesta a aquellas familias que puedan pasar dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria y también de las dificultades económicas que puedan surgir a raíz de las mismas”.
En primer lugar, el Consejo de Gobierno castellanomanchego ha aprobado medidas de protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional afectados por la COVID-19, en el marco de la normativa estatal, que ofrece una moratoria de un máximo de cuatro mensualidades, que tendrán que renovarse mes a mes, del pago de la renta que se podrán fraccionar hasta en tres años.
De esta manera, el importe de las mensualidades que resulten aplazadas será fraccionado mensualmente en un periodo de tres años desde la mensualidad siguiente a la fecha de finalización en la que culmina la moratoria concedida.
Para ser beneficiarias de estas ayudas las personas deberán acreditar que han pasado a una situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) o que hayan reducido su jornada por motivo de cuidados. En caso de ser empresario deberán acreditar el cese de actividad, una pérdida sustancial de ingresos u otras circunstancias similares.
Fruto de esta nueva situación laboral, podrán acogerse a esta ayuda si la renta arrendaticia, sumada a los gastos y suministros básicos, fuera superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. El beneficiario tendrá que aportar una serie de documentos que certifiquen que reúnen las condiciones y en su defecto una declaración responsable que acredite esta circunstancia que después se tendrá que cotejar.
Además, se va a poner en marcha un simulador de ayudas a través de la página web de vivienda (https://vivienda.castillalamancha.es/) en la que se podrá disponer también del formulario de solicitud.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una resolución que ofrece un aplazamiento del pago de las rentas de alquiler a las personas que no tuvieran domiciliado su recibo a través del banco a fecha del 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma.
Se trata de una medida adicional hacia aquellas personas más vulnerables, ya que como recoge la orden es obligado “minimizar los desplazamientos de la población y adoptar las medidas necesarias para ello, en el ámbito de gestión del patrimonio de vivienda de la Consejería de Fomento”. Son alrededor de 1.500 personas, principalmente mayores y por tanto grupo de riesgo, motivo por el que se pone marcha un sistema de aplazamientos para que una vez se levante el estado de alarma se pueda fraccionar el pago del alquiler a lo largo del 2020.
Ayudas al alquiler
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado una resolución para continuar pagando el último trimestre de las ayudas del alquiler del año 2019 y la resolución definitiva de estas ayudas para el año 2020. Estas últimas suponen una inversión cercana a los 9,2 millones de euros que beneficiarán a alrededor de 7.000 familias.
La Junta dará por buenas las solicitudes, y aquella documentación que falte por aportar, se tendrá que hacer una vez se levante el estado de alarma. “Si no fuera verídica se pedirá que se devuelva, pero tenemos que agilizar estas ayudas”, ha subrayado.
Para finalizar, ha hecho referencia a la posibilidad de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inyecte, dentro del Plan de Vivienda, 100 millones de euros a las comunidades autónomas, de los cuales Castilla-La Mancha tendría que recibir en torno a cuatro millones.
“Estamos en conversaciones con el Ministerio para que nos expliquen cómo va a proceder con ese dinero porque queremos ayudar a las familias para que salgan lo antes posible de situaciones de dificultad”, ha concluido el consejero de Fomento.
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